Se nos dijo.

“Se dijeron muchas cosas antes de las elecciones. Pocas resultaron ciertas.”

Se nos dijo que la financiación de los partidos políticos debía ser pública para evitar la intromisión del crimen organizado. Pero aunque los contribuyentes pagamos el costo de los partidos, el crimen organizado parece tener cada vez mayor presencia en ellos.

Se afirmó que si se prohibía a los partidos y a los ciudadanos contratar tiempos de radio y televisión se eliminaría la influencia política de las televisoras, pero esta influencia ha aumentado en lugar de disminuir.

Se señaló que si el IFE monopolizaba la contratación de anuncios políticos en radio y televisión se reduciría la “espotización” de las campañas. Pero de 750 mil spots de campaña en 2006 pasamos a 44 millones en 2012.

Se dijo que si se despojaba a las televisoras y radiodifusoras de tiempo para los spots de los partidos se reduciría el costo de las elecciones. Pero en este 2012 tuvimos las elecciones más caras de la historia, tanto por costos oficiales como por los extraoficiales.

Se afirmó que una ley que castigara las expresiones “denigrantes” hacia candidatos o partidos evitaría las guerras sucias, pero éstas alcanzaron más fuerza que nunca en 2012, particularmente en las redes sociales.

Se dijo que si se destituía a los consejeros electorales del 2006, y especialmente al consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, tendríamos comicios más justos y sin cuestionamientos. Se escogió a nuevos integrantes del IFE, con un ex miembro del Partido Mexicano de los Trabajadores como presidente, pero una vez más la izquierda cuestionó la honestidad de los consejeros electorales.

Se aseveró que si se establecía un límite de 336 millones de pesos al gasto de cada uno de los candidatos a la Presidencia, éstos sólo gastarían esa cantidad. Al parecer todos, o casi todos, gastaron más.

Se nos dijo que si se fijaban reglas estrictas y auditorías para el gasto de los partidos políticos se evitarían las impugnaciones. Ahora se dice que las reglas y las auditorías son parte del complot.

Se afirmó que si los candidatos firmaban el pacto de civilidad se evitarían los conflictos postelectorales, pero Andrés Manuel López Obrador, que lo firmó, cuestionó la legitimidad de la elección.

Se dijo que el recuento voto por voto en las casillas evitaría un fraude como el que supuestamente tuvo lugar en el 2006; pero tras el recuento de 68 mil de los 143 paquetes electorales, en que no se encontraron irregularidades, se hizo una nueva acusación de fraude.

Se afirmó que si se daba el resultado del conteo rápido del IFE en la noche de la elección se evitarían las suspicacias del 2006, pero el anuncio del resultado la noche del 1o de julio sólo llevó a que se cuestionara la limpieza de los comicios.

Se dijo que si la diferencia entre el primer y el segundo lugar era amplia, en lugar de ser tan cerrada como en el 2006, no habría un conflicto postelectoral. Pero un margen de victoria de 3.3 millones de votos, o 6.5 por ciento, no impidió que se cuestionara la legitimidad de la elección.

En fin. Se dijeron muchas cosas antes de las elecciones. Pocas resultaron ciertas.

Por Sergio Sarmiento

Post. RLB. Punto Político