Camín: conclusiones sesgadas + Sólo matemáticas para dummies

Luego de haber fracasado en abril con el argumento de “escuadrones de la muerte” para relacionar muertos en la estrategia de seguridad, ahora el escritor Héctor Aguilar Camín viene con el invento de “índice de letalidad” como crítica a los saldos de la violencia.

Sin embargo, su columna del martes 2 en Milenio, basada en un texto publicado en Nexos, carece de base científica, relaciona manzanas con kilos de cemento, ignora la cientificidad de la estadística y quiere inventar unas matemáticas propias. 

De hecho, en los dos textos no existe nada que tenga que ver con estadística relacional o correlación o regresión. Se trata del uso del modelo de matemáticas para idiotas o mathematics for dummies.

El índice de letalidad se realizó en Brasil para analizar el saldo de fallecidos en las incursiones policiacas. En México, bajo la supervisión de Aguilar Camín, tres abogados lo trasladaron automáticamente y lo aplicaron en México: comparar el número de delincuentes muertos con el de heridos; si los primeros rebasan a los segundos se establece el índice de letalidad que implicaría un uso no medido de la fuerza.

En las matemáticas y estadísticas aplicadas a la ciencia política hay fórmulas específicas para establecer relaciones de causalidad; lo peor que puede pasar es sumar y restar sin fórmulas; al final de cuentas, la causalidad es una ciencia. El punto central radica en las ponderaciones de hechos específicos no tomados en cuenta: los enfrentamientos entre miembros de fuerzas armadas con bandas criminales son diferentes al de las fuerzas policiacas; los primeros repelen agresiones, tienen equipamiento de seguridad más sofisticado y su accionar debe que ser letal; la policía no enfrenta delincuentes, los busca y los arresta. Ello involucra algunas cifras engañosas: las fuerzas armadas tienen menos bajas que los delincuentes por razones de capacitación para las batallas; los primeros usan técnicas, los segundos disparan a lo loco. Por tanto, la conclusión como índice de letalidad es engañosa y no científica.

El índice de letalidad de la revista Nexos está sesgado en el análisis mexicano y carece de fundamentación matemática. A pesar de tratar de vincular un hecho con otro --teoría de la causalidad--, no tiene nada de estadística relacional: correlación o regresión, la correlación exige carácter científico y no implica causalidad (cum hoc, ergo propter hoc, con esto, luego a causa de esto). Tratar de relacionar A con B exige conocimiento científico.

El trabajo promovido por Agilar Camín se sustenta en un modelo brasileño; sin embargo, Ignacio Cano, el sociólogo que lo desarrollo en Brasil, considera variables que aquí no tomaron en cuenta. El trabajo es más global que el sólo indicador de la letalidad y abarca efectividad policial: diferenciar entre crimen y desorden, estudiar actividad policial, incluir la tasa de esclarecimiento de investigaciones criminales, corrupción policial y otras.

La conclusión de Aguilar Camín es falaz. No es la primera vez. Indicador Político registró en abril pasado la pifia del escritor al llegar a conclusiones con argumentos sin verificación: “el director de Nexos da por cierta la frase del general Bibiano Villa de que como director de seguridad pública de Torreón “se echó a 200 malandros”. Sin confirmar el dato, Aguilar Camín se proyectó: “ponle que hay diez generales Bibianos Villa o retirados en otras diez ciudades; mira, son dos mil (malandros muertos) en un año”. Ahí se vio parco el autor de ensayos sobre la Revolución Mexicana: en su arrebato especulativo, ¿por qué no mencionó a 100 generales, de a 200 cada uno, serían 20 mil muertos? O quinientos generales para llegar a la conclusión de cien mil muertos”. La misma falta de rigor intelectual se dio en el asunto del índice de letalidad.

El estudio de Nexos mezcló acciones policiacas con las de las fuerzas armadas; pero las primeras actúan de manera policiaca y las segundas repelen ataques de bandas criminales. Ahí se encuentra parte de la falacia: el análisis se basa en reportes de prensa que carecen de valor científico; la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional echó abajo el modelito de Nexos al informar que de diciembre de 2006 a noviembre de 2011 el ejército tuvo mil 840 agresiones de grupos criminales, con 122 militares muertos y 689 heridos y dos mil 137 delincuentes muertos y 331, heridos, con dos mil 78 detenidos. Con estas cifras, el índice de letalidad de Nexos pierde eficacia científica.

El otro error metodológico es comparar acciones de las fuerzas armadas con las de la policía, cuando los métodos son diferentes; las primeras van a combate y las segundas tienen que mantener el orden; de ahí que el índice de letalidad tenga otro sesgo porque compara por igual policías que fuerzas armadas. Y a ello se agrega la disponibilidad sin precedente del ejército ante las quejas de violaciones de derechos humanos; en los mismos días del texto de Aguilar Camín y Nexos, la justicia militar condenó a más de 40 años de cárcel a militares que mataron a civiles en una acción de seguridad, con lo que se demostró que el ejército no usa el fuero militar como impunidad; casi el 90% de las quejas contra militares concluyeron sin responsabilidad para los soldados.

El intento de Nexos y Aguilar Camín no fue científico. En su libro Las formas de medición del fenómeno político, el especialista Francisco Sánchez Espinoza señala que el uso de la estadística debe ser preciso porque se comete el error de “no considerar el análisis de la varianza y tampoco se establecen variables de control”. Por tanto, el uso de la causalidad entre dos hechos suele equivocarse.

El problema también es la falta de ética intelectual de no reconocer errores, esconder los argumentos de aclaraciones --como Aguilar Camín-- y no aceptar equivocaciones. El análisis matemático de la realidad política requiere el rigor de las cifras y no lo gelatinoso del derecho.

Por Carlos Ramirez

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EU: fin de los proconsulados + O la cojera del pato Pascual

El sentimiento anti Felipe Calderón ha opacado el significado político de la renuncia del embajador estadounidense Carlos Pascual por lo que pudiera considerarse, en el lenguaje diplomático, el retiro del beneplácito mexicano. El asunto va más allá de reacciones anímicas y se localiza en el escenario de la reconfiguración del viejo sistema político priísta.

La embajada de los Estados Unidos en México ha sido, históricamente, un proconsulado, uno de los instrumentos de gobierno durante los años del sistema priísta. Más aún, la embajada era conocida como de los sectores invisibles de la estructura de poder priísta y conformaba, por ello, parte del sistema político. Los embajadores no eran diplomáticos sino encargados de las relaciones de poder de la Casa Blanca en México.

Las quejas del presidente Calderón sobre el funcionamiento del embajador Pascual llevaron a su renuncia. Pero detrás de ese árbol se localiza el bosque de las relaciones bilaterales. La embajada ya no podrá ser la misma de antes: el espacio de intervencionismo imperial; la salida de Pascual inutilizó a la embajada como el instrumento de dominación política estadunidense; además, terminó con el ciclo priísta de tolerancia con el activismo nacional de los embajadores norteamericanos. Ahora la relación bilateral tendrá que ser directamente con el Departamento de Estado, no con los intendentes; ahora sí habrá una relación bilateral especia.

El embajador Pascual, en realidad, no era malo; cumplió sus tareas con discreción y eficacia. Pero cometió un error político y quedó atrapado en un incidente internacional. El error fue su relación personal con la hija de un alto dirigente priísta, lo que le hizo perder la confianza del gobierno panista. Y México fue uno de los países que no se aguantó el efecto de la revelación de los cables de Wikileaks y sus quejas debilitaron a inutilizaron el papel de Pascual como embajador. Luego de los cables, Pascual ofrecía la imagen simbólica bastante conocida en los Estados Unidos de un “pato cojo” --lame duck en inglés--, como se denomina a los presidentes estadunidenses al final de sus gobiernos por la carencia de poder. La última aparición de Pascual fue al lado del alcalde de Ciudad Juárez, cuando en el DF se inauguraba la convención de la American Chamber con la presencia de Calderón.

Más allá del sólo enojo entendible del presidente mexicano por las frases de Pascual en los cables de Wikileaks, la decisión de Obama --en contra de la opinión de su ineficazmente bélica secretaria de Estado, Hillary Clinton-- le dio un giro histórico al papel arrogante de los embajadores. De ahora en adelante la embajada de los EU dejará de ser un espacio de poder político nacional y tendrá que someterse a las nuevas reglas del juego.

La embajada jugó papeles intervencionistas en momentos precisos. El embajador Henry Lane Wilson se alió a Victoriano Huerta en el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero, el embajador Dwight W. Morrow asesoró al presidente Plutarco Elías Calles en los conflictos religiosos y avaló la idea de fundar el Partido Nacional Revolucionario y el embajador John Gavin promovió la alianza PAN-empresarios-iglesia-EU en el gobierno de De la Madrid para impulsar la alternancia panista en la presidencia de la república.

Pascual arribó con la aureola de académico especializado en Estados fallidos. Sin embargo, su función no era la de provocar la desestabilización ---como Gavin y sus alianzas con la CIA de Ronald Reagan-- ni la de estabilizar México, sino representar la nueva diplomacia del presidente Obama. Sin embargo, Pascual cayó en la telaraña del sistema político mexicano, no logró entender el funcionamiento del poder político y se quedó en la superficie del problema del narcotráfico bilateral. Y lo peor de todo y a pesar de su destacada formación académica, no llegó a comprender el proceso de alternancia partidista en la presidencia de la república.

Discreto, formal, educado, Pascual no hizo más que lo realizado por sus antecesores. Los cables de información de la situación mexicana enviados a Washington repitieron lo que hicieron embajadores anteriores: captar información en charlas de café y columnas políticas, darles una redacción especial en función de lo que quería transmitir y calificar comportamientos políticos mexicanos. Sólo que los cables de Pascual fueron revelados por Wikileaks. De todos los mandatarios y países afectados por el chismerío de los comunicados de las embajadas, Calderón fue el único que se quejó con Obama.

El principal error de apreciación de Pascual fue tergiversar el funcionamiento del ejército mexicano y promover la división entre el ejército y la marina. La razón no fue otra que la decisión política de Washington --los departamentos de Estado, Seguridad Interior y Defensa y la CIA-- de debilitar a la Secretaría de la Defensa Nacional de México por su negativa a someterse a los dictados de Washington. Pascual mal informó sobre la inexistente división entre militares y marinos mexicanos. Su propósito era abrir a golpes las puertas cerradas de la Sedena.

Todos los embajadores estadunidenses en México han mal informado a Washington, todos han manipulado las informaciones recogidas en charlas de café y columnas políticas y todos han querido interpretar la realidad mexicana. Sólo que a Pascual le ventilaron públicamente sus comentarios, no supo mover los resortes diplomáticos para controlar daños y tampoco entendió la lógica de la alternancia. Las viejas complicidades existentes durante los gobiernos priístas dejaron de existir en el panismo.

La victoria política y diplomática de Calderón y México ha sido regateada por un espacio de análisis político dominado también por las pasiones. Pero la embajada de los EU en México ya no es el proconsulado del imperio

Por Carlos Ramirez.

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Francia: la doctrina Juárez + Orgullo de nación ofendida

El presidente francés Nicolás Sarkozy parece decidido a olvidar o a ignorar la historia de las relaciones bilaterales con México. Después de la segunda intervención francesa en el siglo XIX que impuso aquí a un príncipe extranjero, el presidente Benito Juárez decretó contra Francia la doctrina de un país agredido.

En el porfiriato., Vida política exterior. Segunda parte, de la Historia Moderna de México, Daniel Cosío Villegas reconstruye con malicia lo que tuvo que pasar Francia para reanudar relaciones diplomáticas con el país al que invadió y salió derrotado. Más de trece años tardó Francia en encontrar un camino tangencial hasta que tuvo que someterse a la Doctrina Juárez.

En diciembre de 1867, luego de restaurar la república, Juárez abrió las sesiones del Congreso con un discurso en el que estableció las condiciones para reanudar relaciones con los EU, Inglaterra y Francia. Los primeros dos países no tuvieron problemas. Pero a Francia, cuenta Cosío, Juárez prácticamente la humilló como pago a la invasión militar:
“Ellas (las potencias europeas), rompieron voluntariamente sus relaciones con México; unas, porque le hicieron la guerra; y las demás, porque desconocieron a la República (Mexicana) al reconocer al gobierno espurio de Maximiliano. México, ante esta situación, no se niega a reanudar las relaciones, pero lo hará sólo cuando se llenen estos tres requisitos: que esas potencias manifiesten su deseo y su interés en el restablecimiento de relaciones; que admitan la caducidad de todos los tratados y convenciones vigentes antes de la Intervención y que los nuevos (tratados) que los reemplacen se negocien sobre bases justas y convenientes para el país”.

Las relaciones pudieron ser reanudadas hasta 1880 y luego de que Francia tuvo que negar cualquier exigencia para el pago de daños por la guerra y que aceptar que México tenía derecho de hacer reclamaciones por la invasión. La Francia que invadió México fue la de Napoleón III --apodado El Pequeño por Víctor Hugo en una novela paródica-- y la Francia que quiso reanudar relaciones fue la de los republicanos que inclusive apoyaron a México contra la invasión francesa.
Pero a cada intento de Francia, México enarbolaba la Doctrina Juárez de un país agredido militarmente. Las tres condiciones de Juárez fueron aterrizadas en puntos aún más concretos: que Francia le diera a México el grado de nación más favorecida, que le pagara una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa de la Intervención y que renunciara a sus reclamaciones contra México.

Francia se negó, buscó caminos a veces extraños y cómicos, ofreció que la reanudación se realizara simultáneamente con precisión horaria. Funcionarios y diplomáticos de las dos naciones decidieron hacer negociaciones por su cuenta y sin autorización oficial y se toparon con la Doctrina Juárez. Y no era para menos: Francia impuso en México a un príncipe extranjero, invadió el país y lo sumó a su imperio. Curiosamente le correspondió al presidente Porfirio Díaz, quien como general juarista había derrotado a Francia en algunas batallas, reanudar relaciones, pero siempre imponiendo lascondiciones de Juárez.

El punto que irritó a los franceses fue el que México no buscaba relaciones con Francia, aunque las necesitaba. Intervinieron varios países sudamericanos como negociadores y altos funcionarios de los Estados Unidos, pero México logró imponer su orgullo como principio: era una nación ofendida con la invasión francesa. Ahí se dio la segunda y estrepitosa derrota de Francia: aceptar el argumento de orgullo de México. México nunca dio el primer paso. Y Francia se tragó su orgullo ante México.

La argumentación mexicana era inflexible: “si Francia manifiesta su deseo de reanudar relaciones, México se prestará a ello”. Pero México nunca dio el primer paso. El canciller José María Lafragua lo reafirmó en un cable a Ignacio Mariscal, ministro representante ante el gobierno de Washington: México estaría dispuesto a reanudar, pero “esto no quiere decir que México entre desde luego a formular reclamaciones; pero sí que tiene que dejar a salvo los derechos que tenga para el caso en caso de que se necesite o se pueda hacerlos valer”.

La clave eran los principios de México: no realizar reclamaciones pero dejar abierto ese derecho. Francia, aún como potencia imperial, quería doblar a México imponiendo sus propias condiciones. El asunto se complica con dos eventos realizados en Francia: la Exposición Universal de París de 1878 y el Congreso de la Unión Postal también de 1878. México estaba invitado a ambos eventos, pero seatravesaba el hecho de que no había relaciones diplomáticas.

Francia quiso usar mañosamente los eventos para dar por sentado que ya había relaciones, pero México fue fiel al orgullo de la Doctrina Juárez. Un par de enviados franceses le fijaron al presidente Díaz las tres condiciones de Francia para reconocer a Díaz: olvido recíproco del pasado, renunciarecíproca a toda reclamación y ningún pago por reclamaciones emanadas de la Intervención. Díaz los despachó con desdén: México no aceptaba más condiciones que las de la Doctrina Juárez. Y Méxicono estuvo oficialmente en ninguno de los dos eventos.

Al final, Francia aceptó las condiciones mexicanas y las relaciones se reanudaron. Frente al peso de la historia con un país que dos veces invadió México, Nicolás Sarkozy es apenas un accidente histórico y Florence Cassez es una delincuente sentenciada.
Por Carlos Ramirez
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Narcos mexicanos en todo EU + Arrestos de Obama, pellizcos

1.- Los operativos del gobierno de Obama con el saldo de centenas de narcomenudistas detenidos apenas fueron un pellizco a la estructura de mercado de comercialización de droga al menudeo que existe en los EU.

2.- El mapa que presenta esta columna hoy ilustra los puntos de venta de droga en las principales ciudades de los EU: miles de puestos de comercialización al menudeo. Y de acuerdo con otro reporte de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, esos puntos de venta están operados por pandillas articuladas a los cinco principales cárteles mexicanos de narcotráfico. Es decir, que los cárteles mexicanos se apoderaron desde hace tiempo de la comercialización de la droga dentro de los EU.

3.- De acuerdo con el National Drug Threat Assessment 2010, de la National Drug Intelligence Center del Departamento de Justicia, casi el 37% de consumo de droga en los EU es de cocaína, el 27.6% es de metanfetaminas, el 12.9% es de heroína, el 12.1% es de marihuana y el9.8% es de drogas bajo prescripción médica.

4.- La zona del centro-oeste de los EU las principales drogas son las metanfetaminas entre 60-%-80%, en tanto que en la zona centro-este el consumo mayor es de cocaína entre 30%-60%.

5.- El problema más grave para los EU es la compra directa de droga de las pandillas a los cárteles mexicanos, eliminando los intermediarios introductores. El reporte del Departamento de Justicia es claro:

“Para aumentar su control sobre el tráfico de drogas en los mercados más pequeños, las pandillas callejeras han incrementado la adquisición de grandes cantidades al por mayor de drogas a precios más bajos directamente de bandas de traficantes en México y a lo largo de la frontera sudoestes. Al comprar directamente de las fuentes mexicanas de mayoreo en México a lo largo de la frontera sudoeste, las pandillas en todo el país generan ahorros de costos que les permita vender drogas a precios más bajos que los distribuidores locales independientes en las comunidades pequeñas, sacando a otros comerciantes del negocio”.

6.- La penetración de los cárteles mexicanos en la comercialización de la droga dentro de los EU fue producto de la pasividad de las autoridades estadunidenses y de la tolerancia jurídica. Hoy el narco está asentado en todo el territorio de los EU y el gobierno de Obama no se atreve a ir hasta el fondo.

Por Carlos Ramirez

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Amparo: derecho a mano alzada + Fue el sistema judicial del DF

En los pasillos del poder judicial de la federación se mira el caso del amparo contra la exhibición del documental Presunto Culpable como un asunto del fuero común, es decir, de ámbito de competencia del Distrito Federal. Y entonces todos los ojos han volteado para observar gestos y reacciones del Mejor Alcalde del Mundo, ahora más preocupado por su auto candidatura presidencial. De todos modos, el debate social ha llevado a un territorio peligroso: el condicionamiento del Estado del derecho no a un cuerpo legal sino al capricho de las masas: el derecho a la exhibición de un documental quiere pisotear el valor del derecho de amparo, sin duda el instrumento social más importante para defender al ciudadano de los abusos a sus libertades.

Paradójicamente, la sociedad de la transición quiere seguir utilizando los mecanismos de justificación del viejo régimen: el sometimiento del Estado de derecho a razones políticas y sociales, la temible raison d'État del maquiavelismo pervertido. Se trataría, para darle una dimensión de categoría científica, de lo que pudiera considerarse la doctrina jurídica Manuel Bartlett: el fraude patriótico, es decir, el incumplimiento de la ley por razones superiores de hegemonía política. Ahora se quiere exhibir un documental a pesar de la existencia de un amparo. Y el deterioro del amparo llevará el derecho a la desprotección del ciudadano y al fortalecimiento del absolutismo.

El caso de Presunto Culpable se comienza a ahogar en el pantano de la estridencia. Lo grave es que existen caminos jurídicos para atender las quejas del denunciante pero sin desestimar el eje central, la litis jurídica, del documental: la denuncia de un Estado de derecho pervertido, corrupto, manipulado en el Distrito Federal --y obviamente en todos los estados de la república, aunque en ellos aún sin videos incriminatorios--. El documental no se realizó en torno al denunciante que reclama --con derecho-- que su imagen fue usada sin autorización, sino para revelar las corruptelas del sistema integral de impartición de justicia en un espacio territorial y en un tiempo político: el DF bajo los gobiernos perredistas, el partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema priísta.

Lo que le ocurrió a José Antonio Zúñiga ya le había sucedido, bajo el autoritarismo priísta, a los presos políticos del periodo 1951-2000, a los sectores sociales que siguen encontrando en la estructura judicial a un cancerbero del sistema político priísta vigente en la alternancia, al ciudadano común que se defiende en el anti principio jurídico de que todos son culpables hasta auto demostrar lo contrario. Para esos ciudadanos desprotegidos se inventó el amparo.

Ahora el debate de fondo es la validez del amparo. Una cosa es que el denunciante haya conseguido abogados eficientes para elaborar un amparo y otras cosa culpar al amparo y otra cosa que el sistema judicial-penal del Distrito Federal no ha corregido ni un milímetro de lo denunciado y el jefe de gobierno del DF prefiere apoyar la exhibición del documental contra “la censura” que ofrecer la reforma estructural del sistema denunciado en Presunto Culpable. A partir de ahora el presunto culpable no es un inocente acusado y enjuiciado sino la institución social del amparo.

Lo demás es estridencia y, también, política correcta. Hasta los abogados experimentados --lo mismo litigantes que figuras prominentes de la investigación y la cátedra-- han caído en el juego de debatir la censura y no el sistema judicial-penal en el DF y en toda la república. ¿Dónde están los policías que detuvieron a Zúñiga, los judiciales que lo torturaron, el ministerio público que lo enjuició sin garantías, los jueces de sentencia, los inútiles abogados de oficio, el Tribunal Superior de Justicia del DF, los gobernantes que prometieron cambiar el sistema judicial-penal represivo y de control social y político?

El riesgo radica en que la estridencia social vaya a lastimar el valor jurídico de la institución del amparo. Ahora resulta que la culpa de Presunto Culpable no es el sistema policiaco-judicial-penal del DF sino el amparo. Hoy el principal instrumento de defensa del ciudadano ante los abusos del poder es el amparo. Pero podría cambiar. En el caso Lydia Cacho-Mario Marín, el eje fue una grabación ilegal y anticonstitucional; y la grabación prohibida por la Constitución fue avalada por el ministro de la Corte Genaro Góngora Pimental. Ello llevó a una reforma constitucional que volvió a legalizar las grabaciones clandestinas y con ello reinstaló el espionaje político al estilo de la vieja Dirección Federal de Seguridad priísta. Y todo con el apoyo de la Corte Suprema.

Lo mismo puede ocurrir con el amparo. Lo legal es acatar el amparo, debatir en tribunales, presentar razones jurídicas; si se gana, regresar a pantallas; si se pierde, rehacer el documental. Pero sería un absurdo jurídico convertir al amparo en el malo de la película, a menos que estemos viviendo una película al estilo de Juan Orol. Como siempre ocurre, la estridencia social quiere convertir al Estado de derecho en una votación a mano alzada en la plaza pública.

El debate debe centrarse en la sobrevivencia del sistema policiaco-judicial-penal del viejo régimen priísta que sigue vigente a pesar de que la oposición llegó al Congreso en 1978, a los gobiernos estatales a partir de 1989, al gobierno del DF en 1997 y a la presidencia en el 2000.

Lo paradójico es que la oposición al priísmo hoy en áreas de poder ha mantenido esa estructura porque representa un mecanismo de control social. En los tiempos priístas el amparo se manejaba en contra de los derechos de los ciudadanos. Y en la alternancia las cosas siguen igual.

Por Carlos Ramirez

Post RLB. Punto Politico.

Presunto Culpable - Impunidad policiaca y judicial en el actual régimen perredista del DF

Este documental nos muestra las entrañas de la infamia y corrupción del sistema de impartición de justicia de México.
Mas que un testimonio, es una prueba verdadera e irrefutable del mal manejo de los tribunales y de los jueces, corruptos y desobligados, cien años de atrasos en los procedimientos y garantías de los ciudadanos. Presunto culpable denuncia un caso de impunidad policiaca y judicial del actual régimen perredista del DF pero con la misma estructura jurídica del antiguo priísmo.

Hasta el momento nadie hace nada por un cambio, uno se tapan a otros, no hay castigo ni penas a estos corruptos que engrasan la maquinaria de los tribunales y procuradurias del poder judicial, siguen laborando para enviar a victimas a la carcel a todo vapor desde su escritorio, no hay ley ni control para ellos ni para los presuntos culpables, no hay procedimientos para dar seguimiento en las investigaciones, para fincarles responsabilidad alguna, por su mala actuación. la ley de la jungla, la ley del mas fuerte, la del del dinero. todo se reduce en impunidad y corrupción.

Recomiendo este documental
La película documental ‘Presunto Culpable’, ganadora de múltiples premios en festivales de cine como Los Ángeles, San Francisco, Madrid, Guadalajara, Morelia y, recientemente, Budapest y Dubai, será exhibida por Cinépolis.
El filme se presentó por primera vez en México en octubre del 2009 durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. Desnuda un caso verdadero de nuestro sistema de imparticion de justicia. Acusado sin una sola prueba contundente, Toño fue condenado a 20 años de prisión. Dos jóvenes abogados decidieron pelear el caso y fue así como comenzó una lucha heroica, sin precedentes en México.

Sinopsis ¿Qué se sentirá que unos judiciales te metan a un coche sin placas, amaneces madreado tras las rejas de la carcel y te acusen de asesinato y en cuestión de semanas te condenen a 20 años de cárcel?
Esta historia de Toño, uno de los 11,000 reos cautivos en el Reclusorio Oriente, y dos académicos jóvenes: Layda y Roberto. Los tres, con la ayuda de una cámara, documentan el caso con la esperanza de sacudir un sistema que rutinariamente encarcela inocentes.

Por Raul Lozano B

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J.J-Televisa - Cabañas: dudas + PJGDF “ayudó” a Azcárraga

La captura del J.J. Balderas Garza y su entrevista con Televisa reabrió el expediente de dudas en la investigación del pleito en el Bar-Bar. La decisión de poner al delincuente a disposición de la televisora de Emilio Azcárraga Jean formó parte de las maniobras de manipulación de la investigación para beneficiar negocios del consorcio televisivo. A un año de distancia del incidente, la investigación judicial se orientó a favor de los intereses de Televisa. El fondo del asunto se localiza en el hecho de que Azcárraga estaba rompiendo unilateral y ventajosamente una sociedad con Simón Charaf, dueño del Bar-Bar, y el incidente en el Bar-Bar fue magnificado y enfocado a una responsabilidad del bar para ayudar a Azcárraga.

Por ello, Azcárraga fue ayudado por la Procuraduría General Justicia del DF - en base a la amistad 2012 de Marcelo Ebrard con el poder político de Televisa al desviar el incidente entre borrachos en una presunta y no probada complicidad del Bar-Bar con el J.J. y El Contador. Por tanto, la captura del J.J. podría aclarar los puntos manipulados de la investigación judicial:

1.- Salvador Cabañas, su esposa y su cuñada estuvieron horas en el bar y consumieron dos botellas de whisky. Sin embargo, el reporte del médico que examinó en primera instancia al futbolista declaró que no tenía rastros de alcohol en la sangre. Hay testigos que señalaron que Cabañas estaba borracho en el Bar-Bar.

2.- Luego de su hospitalización, Cabañas fue autorizado a salir del país. Inclusive, la autoridad judicial tuvo que viajar a Paraguay para recoger su declaración ministerial. Sólo que por maniobras judiciales los abogados del Bar-Bar no estuvieron presentes. En Paraguay se comenta que Cabañas negoció su declaración ministerial a cambio de un acuerdo de los adeudos que del club América, propiedad de Televisa.

3.- A través de la intervención de Televisa ante la PGJDF pudo Cabañas evitar problemas legales y judiciales. Esa influencia logró que Cabañas eludiera problemas policiacos.

4.- Antes del incidente en el Bar-Bar, Cabañas tenía irregularidades con el fisco mexicano y el Club América y Televisa le contrataron un abogado para resolverlas.

5.- La procuraduría capitalina se quedó con la totalidad de los videos de seguridad del Bar-Bar y sólo difundió aquéllos que dejaban la duda sobre la responsabilidad de la empresa en la introducción de un arma.

6.- Sin embargo, en los videos ocultados se observa que el personal de seguridad del Bar-Bar cacheó al J.J. y a El Contador al entrar y se aseguró que no portaran armas. Sin embargo, hay otra parte del video de seguridad en el que El Contador, sin salirse del lugar, abrazó efusivamente a un amigo en la puerta del lugar y en el video se ve que el amigo le coloca algo en la cintura. Es la pistola. Como El Contador no salió del lugar sino que el abrazo fue en la orilla, no lo volvieron a cachear. Lo que se ignora es si el arma fue introducida después de las primeras rencillas de Cabañas con el J.J. y por tanto el hecho habría sido un crimen planeado. Varios videos están en http://www.laverdadsobreelbarbar.com/.

7.- La campaña de Televisa y la Procuraduría contra el Bar-Bar tuvo también la intención de desviar la atención de, entre muchos otros, dos hechos: futbolistas de Televisa acudían con frecuencia al Bar-Bar y algunos tuvieron roces violentos en ocasiones anteriores y la credibilidad del Bar-Bar estaba probada con fotografías del propio Emilio Azcárraga Jean dentro del lugar. Además, el Bar-Bar era frecuentado por estrellas de Televisa.

8.- A pesar de que el Bar-Bar fue una escena de crimen, las autoridades judiciales que llegaron al lugar no aislaron el baño. Por eso fue que el personal de limpieza de la empresa lavó los pisos y borró evidencias. Pero la responsabilidad directa fue de la policía por no haber asegurado el lugar. En lugar de fincarles responsabilidades a los investigadores judiciales, la procuraduría del DF acusó a la empresa de complicidad. El gerente del Bar-Bar, Carlos Cázares, permanece encarcelado con esos cargos.
9.- Cuando ocurrieron los incidentes, Televisa desplegó sus redes de poder para colocarse bajo un manto de protección institucional. En una entrevista en el noticiero nocturno el día del conflicto, el conductor Joaquín López Dóriga preguntó al procurador Miguel Angel Mancera si ya le había informado al presidente de la república del hecho. Más que una preocupación por las políticas de seguridad, la intención de Televisa fue involucrar al presidente de la república en un problema violento de borrachos. Mancera, obviamente, dijo que el presidente ya había sido informado. Así, Televisa le dio nivel presidencial al asunto de Cabañas. El Bar-Bar sigue asegurado por la PGJDF, cuando en otros incidentes en lugares similares el aseguramiento dura poco tiempo y luego siguen funcionado. El GDF ayuda a Azcárraga a doblar a Simón Charaf y por ello el Bar-Bar sigue asegurado.
10.- Simón Charaf y Azcárraga crearon una empresa promotora de artistas. Pero como siempre, Azcárraga comenzó a operar por su cuenta y decidió romper con su socio. Pero lo hizo al viejo estilo mafioso: amenazas, como las realizadas por Alejandro Benítez, enlace de Televisa con Charaf. El incidente entre dos borrachos en el Bar-Bar fue aprovechado por Azcárraga para acosar a su ex socio.

En este contexto, la entrevista de Carlos Loret de Mola al J.J. formó parte de la estrategia de Azcárraga en contra de Charaf y no un hecho periodístico. Eso sí, revivió dudas de la investigación de la procuraduría del DF por la amistad 2012 entre Ebrard y Azcárraga.
Por Carlos Ramirez
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Wiki: el chisme como escándalo + Revelaciones revientan a Hillary

Al final, las verdaderas víctimas del Cablegate no serán Julian Assange ni Wikileaks, sino Barack Obama y Hillary Clinton

. 1.- Como se desprende del contexto, la ofensiva de Wikileaks formaría parte de una estrategia del Partido Republicano para hundir la política exterior de Barack Obama y ensuciar su anunciada campaña de reelección.
2.- Y el pasado 3 de diciembre, justo cuando estalló el conflicto por los cables de la diplomacia del chisme, la secretaria de Estado afirmó en CBS News que no se presentará como candidata presidencial en el 2012 y señaló que el actual sería su último cargo público.
Los sueños presidenciales de Hillary habían decaído por la decisión de Obama de buscar la reelección presidencial y ella carecía ya de posibilidades. Sin embargo, el hecho político fue que reiteró su negativa justo el día en que circulaban en todo el mundo cables diplomáticos que la dejaban muy mal parada con países aliados y adversarios de los Estados Unidos.
La noticia de Hillary Clinton pasó desapercibida por la fuerza misma del escándalo. Lo grave para la secretaria de Estado fue el hecho de que ella misma pidió a embajadores y diplomáticos la investigación de cuestiones de vida privada y personal de mandatarios y políticos. El contenido de las revelaciones obligó a la propia Clinton y al presidente Obama a ofrecer disculpas a los aliados que salieron raspados en los cables.
En cambio, Assange decidió precipitar su aprehensión por el hecho de que la acusación más grave es la de “acoso sexual” porque en Suecia está penalizado el acto sexual sin condón y justamente de eso lo acusan. Desinflada legalmente la acusación, Assange saldrá fortalecido del incidente penal que por cierto no hizo más que agrandar la atención mundial al escándalo de las revelaciones de decenas de miles de informaciones secretas sobre la diplomacia estadunidense.
Lo malo, sin embargo, fue que las revelaciones de Wikileaks quedaron nada más en el escándalo: la revelación de la diplomacia del chisme, aunque con las evidencias de que la política exterior y de seguridad del país más poderoso del mundo se basa en apreciaciones personales de funcionarios sobre algunas frases soltadas por políticos de naciones que interesan a los Estados Unidos. En cambio, los documentos de Wikileaks sobre Irak y Afganistán sí revelaron datos de las barbaridades, mentiras y ocultamiento de muertos y víctimas civiles de las fuerzas de ocupación estadunidenses.
La toma de decisiones sobre rumores y chismes es bastante común en los Estados Unidos. En 1985, el entonces director de la CIA, William Casey, ordenó al oficial de asuntos mexicanos John Horton --que fue jefe de la estación de la agencia en México-- que elaborara un documento que mostrara que México estaba a punto de la explosión social y política. Para ello lo alimentaron con mensajes de chismes. Horton se negó, denunció el incidente en un artículo en el The Washington Post y renunció. Horton murió en junio de 2007.
El espacio político de Horton fue ocupado por el académico Constantine Menges, recomendado por el senador ultraderechista Jesse Helms. Su texto más visible fue “Irán como vecino” refiriéndose a México, que llamó la atención del entonces candidato presidencial Ronald Reagan. En 1983 pasó de la CIA a la oficina de asuntos latinoamericanos del consejo de seguridad nacional y desde ahí alimentó el pánico contra México. Su principal aliado fue el entonces embajador de los EU en México, John Gavin. Menges y Gavin privilegiaron la diplomacia de los chismes y rumores, pues enviaban a Washington frases de sobremesa sobre México. La sombra de Gavin parece haber revivido en el actual embajador Carlos Pascual, por la cantidad de cables diplomáticos secretos basados en rumores y frases reconstruidas a contentillo. Menges murió en 2004.
A la diplomacia del chisme se unió el periodismo de frases sacadas de contexto. En México los cables fueron tomados casi como definiciones estratégicas de política exterior, sin hacer el esfuerzo de contextualización, análisis y documentación de hechos. Así, el periodismo de análisis e investigación fue apabullado por el periodismo del escándalo, aunque los cables privilegiaron el sesgo interesado de diplomáticos que captaron rumores y los enviaron a Washington sin matices de contexto. A esos cables --y obviamente a los intereses geoestratégicos de Washington para meter al ejército de los EU en territorio mexicano-- se acredita la percepción errónea de Hillary Clinton sobre la narcoinsurgencia en México.
En este contexto, los medios mexicanos se convirtieron en bocinas acríticas y cómplices de los intereses geopolíticos estadunidenses al usar los cables como opinión oficial del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la agenda de problemas bilaterales.
De ahí que los documentos de Wikileaks hayan sido nada más papeles de escándalo. La tarea de Julian Assange se cumplió con creces al sólo difundirlos y demostrar que los embajadores y diplomáticos de los EU no cumplen con los requisitos de discreción sino que se dedican a alimentar pasiones y a enviar rumores y frases sacadas de sobremesas de café. Ahí fue el mayor daño: a ver ahora quién va a querer platicar con embajadores y funcionarios diplomáticos de los EU.

Por Carlos Ramirez.

Post. RLB. Punto Politico.

La godoyización de Michoacán + PRD y PAN: narcotejido social

El nuevo michoacanazo logró dar un golpe de tres bandas: romper la columna vertebral del poder criminal de La Familia Michoacana, mostrar la interrelación social y probar la vinculación del alcalde perredista Genaro Guízar con el cártel local. Mientras en Monterrey y Tamaulipas la gente se rebela ante la incompetencia de las autoridades municipales y estatales, en Chihuahua y Michoacán una parte sustancial de la sociedad prefiere convivir con los narcos ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales.

La crisis en Michoacán ha podido configurar el concepto de la godoyización de la sociedad y la clase política dirigente. El medio hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy, Julio César Godoy, fue acusado por la PGR de mantener relaciones con uno de los líderes de La Familia, Servando Gómez. Sin embargo, con la complicidad del PRD en la cámara de diputados, Julio César pudo ingresar al palacio legislativo, protestar como diputado y con ello adquirir poderoso fuero constitucional. M;ientras las fuerzas armadas combaten a balazos a los narcos, los políticos son aliados de las bandas.
Por tanto, la crisis en Michoacán --y no sólo en Apatzingán-- debe tener una lectura política estratégica: la ofensiva de las fuerzas de seguridad del gobierno federal han revelado el dato de que el cártel de La Familia ya se metió en las estructuras sociales y políticas. Las manifestaciones públicas a favor de La Familia, organizadas por el alcalde perredista de Apatzingán, Genaro Guízar, no hacen más que indicar que los cárteles del crimen organizado domina n la vida social cotidiana.
El punto fino de los conflictos radica en el hecho de que la política no ha podido dilucidar el enfoque estratégico de las estrategias de seguridad. En Michoacán, por ejemplo, se ha impuesto la tesis de que la (autodenominada) izquierda no utiliza la mano dura contra la delincuencia porque se trataría de reacciones antisociales derivadas del subdesarrollo y la pobreza. Así lo estableció Leonel Godoy cuando fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador en el DF. Y así lo ha establecido en Michoacán.
El segundo punto radica en el hecho de que el PRD tiene otra concepción del tráfico de drogas porque es partidario de la legalización del consumo de enervantes. Por tanto, una situación de violencia como la actual, en el enfoque perredista, sería producto de desequilibrios de mercado. La tesis central de los perredistas podría estar en el hecho de que la legalización le daría a los narcos ya no la noción de delincuentes y criminales sino de sujetos jurídicos. Al no considerar el consumo de drogas como un daño sino como una decisión personal, por tanto el comercio tampoco sería enfocado como delito.
Ello explicaría la pasividad del PRD ante el tráfico de drogas y la criminalidad asociada. Lo malo, sin embargo, ha sido el hecho de que el PRD en el poder tampoco ha logrado definir una estrategia intermedia que combata la criminalidad sin romper con su enfoque de derechos. Y si a ello se agrega la vinculación orgánica de un medio hermano del gobernador, dirigente perredista local y ahora diputado perredista con uno de los dirigentes de La Familia Michoacana, entonces la pasividad gubernamental basada en un razonamiento político se transforma en complicidad porque una cosa es pugnar por la legalización y otra permitir la construcción de una red de poder criminal-social-político-gubernamental en una entidad de la república.
En los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León el resultado es el mismo --el control de espacios por el crimen organizado--, aunque el origen no tiene que ver con definiciones políticas e ideológicas sino que derivan de una simple y llana incompetencia de los gobernadores priístas César Duarte, Eugenio Hernández y Rodrigo Medina. Los gobiernos priístas en esas plazas se desentendieron del problema y le dejaron la responsabilidad al gobierno federal. Hoy Ciudad Juárez, parte de la ciudad de Chihuahua, la zona metropolitana de Monterrey y todo el estado de Tamaulipas están en poder del crimen organizado.
De ahí que el concepto de godoyización permita darle categoría de análisis al hecho de que por complicidad directa --Michoacán-- o complicidad pasiva --Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas-- existe una responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales con la instalación y crecimiento del dominio territorial del crimen organizado en esas plazas. Y en esas zonas existe una creciente participación orgánica --Michoacán y Ciudad Juárez-- o también pasiva Nuevo León y Tamaulipas-- de la sociedad con los cárteles del crimen organizado. Y las responsabilidades de los tejidos sociales y políticos son directamente de los gobernantes y políticos estatales y municipales.
El gobernador michoacano Leonel Godoy y el PRD carecen de la más mínima autoridad moral, política y social para criticar la estrategia gubernamental contra la inseguridad mientras Julio César Godoy siga como diputado federal perredista con fuero, cuando las pruebas presentadas por la PGR han sido desestimadas no por su veracidad sino por argucias leguleyas de abogados defensores. Pero la crisis en Apatzingán y las protestas sociales avaladas por el PRD local contra las fuerzas de seguridad han mostrado que el problema real del narcotráfico radica en una sociedad cómplice de los cárteles.

Por Carlos Ramirez.

Post. RLB. Punto Politico.

Carta Abierta A : Felipe Calderon Hinojosa

Carta Abierta

Esta es una de las tantas cartas de denucia en Mexico, por la mala actuacion del presidente Felipe Calderon, de un gobierno que se ha vuelto ingobernable

Respuesta al mensaje del presidente Calderón. Por Lydia Cacho

Señor presidente: Me permito responder a su reciente llamado televisivo:

Dijo usted a la ciudadanía "esta es una lucha que vale la pena luchar, que hay que librar.

Y no es ni debe ser la lucha sólo del Presidente, sino de todos los mexicanos, y en particular de aquellos que tenemos la responsabilidad pública en el gobierno,

ya sea a nivel federal, estatal o municipal o en los otros poderes, como el Legislativo y el Judicial, de actuar en favor de la gente".

Coincido plenamente al igual que millones de hombres y mujeres. Antes que nada quisiera preguntarle, la lucha a la que se refiere ¿es sobre el rescate del país o exclusivamente sobre la guerra contra el narco?
¿cuándo dice gente se refiere a hombres, mujeres, niños y niñas? ¿o solamente a sus soldados y policías federales?

Muchas personas consideramos que hay cientos de problemas ajenos a los cárteles que laceran a la sociedad y nos permitimos enumerar algunos.

Dijo Ud. "Tu participación es vital, porque esta lucha es de todos y por eso tu denuncia, por ejemplo, o la información que nos puedas hacer llegar, es clave para avanzar en ella".

Vayan pues algunos datos como evidencia de nuestra voluntad para la cooperación y asumiendo la co-responsabilidad por el bien de México: El gobernador de Puebla Mario Marín protege a las redes de pornografía infantil a cambio de recursos para campañas políticas; su protegido Jean Succar Kuri sigue en espera de sentencia por trata sexual y pornografía infantil (de niñas hasta de 4 años) desde el 2005, sin embargo los jueces federales parecen no tener tiempo para girar sentencia ¿cree usted que el procurador Chávez a quien usted designó abogado de la Nación tenga tiempo, e interés, de revisar el caso? las niñas víctimas esperan su respuesta.

Hay indicios de que el gobernador de Morelos dio cobijo a la gente del capo Beltran Leyva, la Marina cuenta con evidencias, su domicilio en la primaveral Cuernavaca es público (pero podríamos enviarlo con gusto).
Por otro lado un sujeto de nombre Ulises Ruiz, ha cometido crímenes diversos en Oaxaca, mantiene amenazados a periodistas y ha encubierto asesinos.

Sus generales se le harán llegar si este caso resulta de su interés.
Hay de igual manera evidencia plena que el Gobernador de Durango, desvia recursos públicos incluso federales para las campañas políticas, que mantiene protegido al Chapo Guzman, que recibe dádivas del crimen organizado, que compro una isla, que tiene sometida y a su servicio a la prensa local($) y nacional, ¡¿no lo sabia Sr Presidente? ¿Recuerda usted a Brad Will, el norteamericano asesinado por sus policías? tal vez sea pertinente que tome usted una postura de indignación como la que asumió frente la policía norteamericana ante el asesinato de un adolescente en Ciudad Juárez.

Un peritaje demuestra que el incendio de la guardería ABC en que murieron calcinados 40 niños y niñas, veinticuatro más quedaron heridos y marcadas de por vida y otros sesenta fueron expuestos a la tragedia.

Existe un listado de todos los implicados en la red de colusión de servidores públicos responsables de este siniestro; con gusto el enviaremos copia de la documentación para que -tal como usted dice- su gente se ponga "manos a la obra".

Martín y Bryan Almanza Salazar de 9 y 5 años fueron asesinados a balazos por el ejército.
No conformes con ultimar la vida de los pequeños, los soldados del retén fabricaron evidencias argumentando "fuego cruzado".
Los peritajes y testimonios demuestran que fue un salvaje ataque a una familia inocente que se detuvo obedientemente en un retén militar en Ciudad Mier, Tamaulipas. Si gusta podemos hacerle llegar los nombres de soldados responsables de la balacera. Simplemente le suplicamos se asegure, señor presidente, de que la vida de los testigo no corra riesgo por cooperar con usted.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia han sido atacados por policías; las víctimas son protegidas por la sociedad civil que, por colaborar con el Estado, se encuentra absolutamente desprotegida ¿qué recomienda usted para que esta colaboración no les cueste la vida a las activistas? Miles de niñas víctimas de trata sexual y laboral no tienen espacios seguros, ni recursos especializados para su rehabilitación y para reconstruir sus vidas. Con gusto le enviaremos los nombres de los explotadores e incluso de quienes les ofrecen puestos de elección popular para que les sea más fácil cooptar a su víctimas y estar plenamente protegidos de la acción de la justicia.

Ya que está usted interesado en la colaboración ciudadana deseamos hacer de su conocimiento que hombres y mujeres periodistas han sido secuestrados, asesinadas, desaparecidos y encarceladas justamente por investigar todo lo relacionado con la guerra contra la delincuencia organizada que usted lidera.

Tal vez sea de su interés un listado de probables responsables de dichos delitos, ya que la fiscalía especial no ha podido resolver uno sólo de estos casos. Estamos seguras de que una vez enterado, usted dará las órdenes para que se lleve a cabo una investigación pronta y expedita. Sabemos de su afán en erradicar la corrupción de los sindicatos; le informamos que una mujer de nombre Elba Esther Gordillo se ha enriquecido de forma inexplicable y es responsable de la parálisis y corrupción del sistema educativo.

Si esta ud. interesado en quitar a los malos sindicatos porqué no quita el del magisterio, donde la Sra. Elba Esther es super archi multimillonaria, no busque a ciegas, busque donde esta la verdadera explotacion, quite a los sindicatos, pero a todos,cualquier ciudadano le puede decir si no saben pregunte.Espero que esta humilde aportación sea de utilidad para el avance en ese México que todas y todos soñamos y, que usted ha dicho, está dispuesto a rescatar a nuestro lado.
Bienvenido a nuestra realidad señor presidente. YA DESPIERTE, ser presidente fue su sueño, ya se le hizo realidad ahora fronte las cosas como son, sabemos que garantiza el resto de su vida y sus hijos, nietos y bisnietos pero por favor haga algo por el PAIS, que yo creo le queda GRANDE PARA UNA PERSONA TAN PEQUEÑA COMO UD. es una lastima tener gente como ud en este país.
Tenga la seguridad de que seguiremos colaborando con información y deseo de justicia.Fuente: "Carta a Felipe Calderon",

Por Lydia Cacho.

LydiaCacho.net

Ebrard:el poder y la gloria + DF:MP y microbusización

Justo en la coyuntura de su auto destape como precandidato presidencial del PRD, Marcelo Ebrard dio un adelanto de su estilo personal de gobernar: la judicialización de la política al interponer demandas en contra del cardenal Juan Sandoval Iñiguez.

Y justo cuando el país necesita de estadistas que privilegien la política como el arte de la negociación entre contrarios, Ebrard delineó su forma de gobernar: la intimidación judicial, la aplicación de las leyes contra adversarios y el ágora de ministerio público para inhibir debates de ideas.

La ley se creó para dirimir conflictos entre civiles y la política se inventó para zanjar diferencias entre ciudadanos. La ley ha sido usada, en el viejo régimen priísta del que proviene Ebrard, para controlar la protesta civil y ciudadana. Y como Salinas de Gortari, Ebrard usa la ley para aplicar golpes espectaculares como una forma de consolidar una imagen de autoritarismo absolutista.

Las demandas contra el cardenal Sandoval Iñiguez han mostrado el rostro de la intolerancia política de Ebrard. Pero también, de la falta de seriedad. Luego de haber interpuesto su primera demanda de daño moral contra el cardenal, Ebrard demeritó la calidad de su comportamiento cuando levantó una canasta de huevos y dijo que lo hacía para que los viera el cardenal. Ahí se manifestó el subconciente de Ebrard al establecer que la política es cuestión de huevos, es decir, de fuerza, de autoridad, de represión, aunque en otros círculos se estableció el criterio de que “se presume de lo que se carece”.

En este contexto, Ebrard ha comenzado a mostrar los perfiles de sus estilos de gobierno y del ejercicio de la política. Las demandas contra el cardenal Iñiguez forman parte de la precampaña presidencial de Ebrard, aunque con recursos públicos porque ha usado la infraestructura jurídica del gobierno del DF para asuntos electorales. Pero al mismo tiempo, ha dejado ver que Ebrard no confía en la política y que trata de acallar a sus críticos con la judicialización de la política. Las invitaciones a la presentación de una fundación con fines electorales se han hecho invocando el cargo público de Ebrard. Ahí se definen las formas de hacer política: López Obrador se sustenta en la movilización social de grupos y Ebrard en una Fundación al estilo Vicente Fox y Martha Sahagún.

Lo malo para Ebrard es que las popularidades se fijan en los espacios mediáticos, pero las preferencias se sustentan en los resultados. Y el DF en los años de gestión de Ebrard la calidad política ha bajado la línea de flotación gubernamental. La ciudad de México presenta la metáfora del microbús: autoritarismo, imposición de decisiones, falta de respeto a la ciudadanía, inseguridad en las unidades, velocidad desbocada sin respetar las leyes y reglamentos, la arbitrariedad en la circulación por las calles, conductores sin control y la conformación de una mafia de poder.

La microbusización del DF se ha convertido en la imagen de la capital. Los capitalinos son rehenes de una estrategia de gobierno basada en la protección de los derechos políticos de los grupos de la protesta social, pero en detrimento de los derechos políticos de la ciudadanía. Ahí se ve la parcialidad del poder: la invocación de leyes en demandas que requieren la virtud de la política, pero la no aplicación de las leyes contra los sectores cautivos que representan la base social de Ebrard. Y la ambulantasización de las calles del DF fue parte de la estrategia de Manuel Camacho y Ebrard cuando representaban en la capital los intereses del gobierno de Carlos Salinas.

Los tiempos de Ebrard se le han apresurado. Ya tiene decidida la solicitud de licencia a su cargo de jefe de gobierno antes del segundo semestre del próximo año, para dedicarse a recorrer la república como parte de su campaña por la candidatura presidencial del PRD. Inclusive, en los pasillos del GDF tienen la certeza de que el jefe de gobierno interino sería el ex tesorero Mario Delgado. Pero ya en el entorno de Ebrard comenzó una guerra política entre Delgado y el secretario de gobierno José Angel Dávila y otra disputa más fuerte y tensa entre Ebrard y los grupos de López Obrador para la candidatura capitalina del 2012 y el destino del GDF.

Lo que queda como primer corte del estilo personal de gobernar de Ebrard es su tendencia al autoritarismo y la represión. Y su revalidado estilo priísta. El entorno de su informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa recordó los tiempos de oro del PRI: acarreo, uso de la policía para alejar protestas, sometimiento hasta la ignominia de la bancada del PRD con Alejandra Barrales como la Humberto Roque Villanueva del perredismo, el desprecio a la oposición por la anulación del debate que inauguró Cuauhtémoc Cárdenas.

Y quedaría la expresión sublime del estilo personal de gobernar de Ebrard: su decisión a no reconocer a Felipe Calderón como presidente de la república, a pesar de que ganaron en la misma elección. Las cómicas huidas de Ebrard en ceremonias republicanas para no darle la mano a Calderón han exhibido la decisión de Ebrard de convertirse en el dictador que decide quién sí y quién no lo merece. Así, su presidencia se desarrollará en tribunales (cardenal Sandoval Iñiguez) y los comportamientos monárquicos (reconocimiento a Calderón), como un gobernante microbusero.
Con todo lo anterior a cuestas, Ebrard inició ayer su carrera hacia la candidatura presidencial por el PRD o el Panal para el 2012.

Por Carlos Ramirez.

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Golpe de Estado de Carrillo Olea + Y romper alianza Sedena-Marina

Como chivo en cristalería, el general retirado Jorge Carrillo Olea parece embestir sin ton ni son. El problema, en realidad, no es que lo haga, sino que trata de sembrar la insidia en las fuerzas armadas y con ello debilitarlas en la lucha contra el crimen organizado.

Hace poco Carrillo Olea se metió en problema en Morelos cuando se sintió humillado sólo porque el alcalde Cuernavaca no le respondía el teléfono y arremetió contra el PRI, olvidando que fue deshonrosamente echado del cargo de gobernador priísta en 1998 porque sus principales funcionarios judiciales eran las cabezas del crimen organizado en la entidad.

Ahora Carrillo Olea trata de sembrar zancadillas en la sólida relación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en la lucha contra el narcotráfico y convoca a romper la lealtad de los militares al presidente de la república.
Forjado en las áreas de seguridad --control de contrabando, puertos, coordinador de lucha contra el narcotráfico, Centro de Información y Seguridad Nacional--, Carrillo Olea llegó al gobierno de Morelos en octubre de 1994 y cayó en 1998 por vinculaciones con el crimen organizado. Ascendió a posiciones privilegiadas en el ciclo neoliberal iniciado en 1982. En 1989 fue encargado de transformar la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional en Centro autónomo y el presidente Carlos Salinas le inventó un centro antinarcóticos en la PGR porque no podía ser subprocurador debido a su carrera ajena al derecho.

Retirado con el grado de general brigadier, Carrillo Olea ha derivado en articulista en La Jornada. En una de sus últimas colaboraciones, la del 26 de agosto, lanzó la tesis de una ruptura entre el ejército y la marina: “evidenciar que cada día es más frecuente la irritación, principalmente en el Ejército, aunque también en la Marina, por lo que está pasando en términos de la violación a los espacios naturales de su actuación y operación y, consecuentemente, en la percepción e interpretación que de ello tienen sus miembros y la sociedad”.

Sin embargo, los primeros sorprendidos han sido los altos mandos de esas dos armas, sobre todo porque, como nunca, la colaboración ha sido creciente, al grado de utilizar instalaciones de unos para servicio de los otros y de mantener oficiales de enlaces en los respectivos estados mayores. El problema sería anecdótico de no ser por el hecho de que Carrillo Olea, como experto --es un decir-- en información de inteligencia, debiera ser más riguroso en el manejo de los datos.
La escasez de rigor explica por qué el Cisen con Carrillo Olea cometió tantos yerros en el corto periodo 1989-1990 en que lo dirigió. Y como subsecretario de Gobernación encargado de la seguridad nacional en 1982-1988 fue responsable también de los errores de graves percepción. En 1985 le estalló la crisis del involucramiento de la Federal de Seguridad --que dependía de Carrillo Olea-- con el narcotráfico, la denuncia del embajador Gavin de que la policía de seguridad nacional mexicana estaba al servicio de los capos, la ruptura de relaciones de inteligencia con la CIA y las alianzas con el KGB soviético y sobre todo la Stasi --Ministerio para la Seguridad del Estado-- de Alemania Democrática, lo que llevó a la disolución de la DFS.

Lo grave de la percepción equivocada de Carrillo Olea sobre las relaciones ejército-marina radica en el envío de señales tramposas al crimen organizado y con ello pone en peligro de algunas operaciones conjuntas delicadas en contra del narco; es decir, colabora como tonto útil con el crimen organizado mellando la fortaleza de las instituciones castrenses. Al hablar de “actuaciones invasivas” de la marina en el espacio militar, reflejaría indicios de debilidad --inexistentes-- en la alianza orgánica necesaria entre ambas armas para programas de combate contra el crimen organizado.
Carrillo Olea se explaya en cargos contra sus superiores. Acusó al secretario de Marina de tener contactos directos con las agencias de inteligencia estadunidenses y --a su parecer-- a espaldas del presidente de la república. Y es despreciativo con el titular de la Sedena: “El secretario de la Defensa, por razones de carácter, seguirá siendo tolerante, gentil y subordinado a las instrucciones presidenciales. Sí (…), ¿a qué precio y con qué riesgo?”
La intención que reflejan los párrafos de Carrillo Olea son de introducir incertidumbre y rebeldía en las fuerzas armadas, además de acusar al presidente de la república --comandante en jefe de las fuerzas armadas y por tanto superior del propio Carrillo Olea en su condición de general retirado-- de obstinado e irresponsable por “el peligro que está provocando con su inacción”, además de culparlo de actuar al margen de las leyes y de decirle que está “agobiado” y es indiferente.
Desdeña también a los altos mandos. Dice que “por un lado (el secretario de Marina) es la voracidad, el afán de notoriedad y la irresponsabilidad de un protagonista y por otro lado (el secretario de la Defensa) la mesura, sensatez y temperamento. En este tema el Presidente ha abdicado de su carácter de comandante supremo. No arbitra, no impone decisiones concluyentes”.
Y lo peor de todo es que Carrillo Olea acusa al ejército y a la marina de tener una guerra por el poder.

Por Sergio Ramirez

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Narco: ¿ejército de EU aquí? + NYT: narco-migrantes-Obama

El editorial de ayer del The New York Times al exigir al presidente Obama tomar las agendas de narco y migración de México forma parte de la estrategia estadunidense de utilizar la crisis de seguridad pública como un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. El objetivo final es aceptar que ni el ejército mexicano puede con el crimen organizado y que entonces la Casa Blanca tenga que autorizar la presencia militar de Washington.

En este contexto, la lectura política de los coches-bomba, la masacre de migrantes en Tamaulipas, la agudización de la inseguridad en Monterrey, el consejo del Departamento de Estado para sacar a hijos de estadunidenses de la plaza forman para evitar daños, el envío de la guardia nacional de EU a su frontera con México y la presión de organismos defensores de derechos humanos sobre el ejército mexicano se acomoda en el escenario de la intención de los EU de meterse en México para proteger su escudo de seguridad nacional.
Y si a ello se agrega la especialización del actual embajador de los EU en México, Carlos Pascual, en el tema de los “Estados fallidos”, entonces el cuadro general de la crisis de seguridad pública de México como una prioridad estadunidense sólo tendría la puerta de salida en la firma de acuerdos que permitan la presencia militar estadunidense en México.
Washington tiene bastante claro el panorama global. La crisis del narcotráfico en Colombia llevó a que el Plan Clinton tuviera como esencia la presencia militar de los EU en ese país, con la reciente instalación de bases militares. Aunque en el fondo, el narcotráfico pudiera ser sólo la cubierta de la decisión de la Casa Blanca porque en el fondo lo que más preocupa a Washington es la ruptura de su escudo de seguridad nacional al sur de sus fronteras por la penetración de Irán vía Venezuela y la amistad con Brasil. El enfoque de seguridad de la Casa Blanca vincula al terrorismo árabe con el gobierno iraní.
Luego de Colombia, la siguiente plaza tomada por el Departamento estadunidense de Defensa fue Costa Rica. El pasado primero de julio el Congreso de Costa Rica --un país que por tradición histórica no tiene ejército sino tan sólo policía-- autorizó un convenio para la llegada al país de 46 buques de guerra --incluyendo un portaviones-- y siete mil soldados estadunidenses. La justificación oficial fue la incapacidad del país para luchar contra el narcotráfico. Los militares estadunidenses van a entrenar a personal policiaco de Costa Rica para combatir el crimen organizado.
De ahí que en círculos de seguridad nacional de México hayan comenzado a resurgir las suspicacias sobre la radicalización de los hechos de violencia, las presiones del gobierno de los EU sobre las plazas contaminadas por el narco, los reportes de organismos de derechos humanos y los editoriales en la prensa estadunidense. El editorial del The New York Times de ayer --a partir del hecho de la propiedad mexicana de un fuerte paquete acciones por Carlos Slim-- le traslada la responsabilidad de la política migratoria de México a la Casa Blanca y con ello presiona para que el gobierno de Obama asuma el manejo de la política migratoria estadunidense y subordine la mexicana.
La lógica de la política binacional contra el crimen organizado fue redefinida por el embajador Carlos Pascual el septiembre del año pasado en un discurso ante la Conferencia de gobernadores fronterizos: “así como las organizaciones criminales ignorar nuestras fronteras, nosotros también debemos eliminar las barreras que nos dividen”. La principal preocupación de Washington es que las zonas petroleras que interesan a los EU se localizan en la zona de Tamaulipas-Veracruz.
La insistencia de la opinión crítica de que México es un Estado fallido se localiza en el escenario benéfico para los EU.

La intervención del ejército mexicano en la lucha contra el crimen organizado se sustenta en la tesis de que el narco vulnera la integridad del territorio y su acción impide la estabilidad nacional. Pero hay más: en su libro La participación de las fuerzas armadas en el entorno actual de la seguridad pública, el general Moisés García Ochoa fundamenta el tema de la inseguridad pública como un tema de seguridad nacional: “sólo se podrá garantizar la existencia del Estado cuando se impida o se elimine la presencia o evolución de fuerzas y tendencias que pueden entorpecer su progreso o desarrollo en el interior y, por ende, la consecución de sus objetivos en el exterior”.

En este contexto, el ejército es la única fuerza de seguridad capaz de derrotar al crimen organizado y de resistir la corrupción de los capos de la droga, por lo que se ha convertido en la institución a demoler por las presiones de grupos internos que insisten en el Estado fallido y que quieren imponer la tesis de que el ejército tiene como objetivo primario la violación de los derechos humanos y no el combate a los delincuentes. Si el ejército es retirado de la lucha contra el crimen organizado, ese día el Estado habrá ingreso a la noción de Estado fallido y por tanto débil ante la intervención extranjera.
La doctrina de seguridad nacional militar no se agota en el concepto de soberanía sino que fortalece la tesis de la defensa de la república ante un crimen organizado articulado a bandas que en los EU tienen connivencia con el poder establecido. El Estado mexicano fallido es agenda de Washington.

por Sergio Ramirez

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2012: Camacho “jubila” a AMLO + Salinas está “feliz de contento”

Como los verdugos de ayer son las víctimas de hoy, Andrés Manuel López Obrador acaba de ser jubilado de la política por Manuel Camacho Solís, casi al mismo estilo con el que el tabasqueño retiró a Cuauhtémoc Cárdenas del PRD: con una frase.
Cuando compitieron por la candidatura presidencial en el 2006, López Obrador desdeñó a Cárdenas con un dardo envenenado: “yo no me peleo con la historia”. Pero la historia era nicho, pasado. Hoy Manuel Camacho mandó a López Obrador al cuarto de los cachivaches políticos con el argumento de que “ya no podemos ser país de un solo hombre”.

La frase, por cierto, es el subtítulo de uno de los tomos de la biografía política de Antonio López de Santa Anna escrita por el lopezobradorista Enrique González Pedrero. Así, la pedrada de Camacho mandó también el parecido del tabasqueño con el Santa Anna maldecido por la historia de México.

La jubilación de López Obrador decretada por Camacho --en entrevista con Fidel Samaniego, publicada ayer miércoles en El Universal-- ha provocado una sonora carcajada proveniente del exterior: Carlos Salinas está “feliz de contento” porque su amigo, colaborador y cómplice político Camacho logró lo que el propio Salinas se había propuesto desde 1988 y no había podido conseguir: destruir a López Obrador.
Y Camacho, de hecho, jubiló a López Obrador para poder colocar a su pupilo Marcelo Ebrard como el próximo líder político máximo de la “izquierda” perredista, luego del trabajo de filigrana de Camacho para que las alianzas PAN-PRD provocaran que los perredistas reconocieran la legitimidad presidencial de Felipe Calderón y con ello, de modo automático, enterraran la presidencia legítima del tabasqueño. Así, Camacho logró prácticamente echar del PRD a López Obrador.
Desplazado del PRI, fracasado su proyecto de partido político particular y asesor áulico del PAN, a Camacho le quedaba el PRD. Y si su maniobra no da resultado, entonces no falta mucho para que aparezca, ahora sí formalmente y con honores, como operador político del PAN.
La larga lista de traiciones de Camacho es de antología:
--El 30 de mayo de 2005, publicó un artículo para explicar la operación política para desplazar a Cárdenas del liderazgo político y poner en su lugar a López Obrador.

Ahora Camacho va a repetir el numerito: quitar a AMLO con los mismos argumentos y colocar a Ebrard. Escribió en el 2005: “quien pierda la elección interna puede fortalecer el triunfo de quien la gane. Que quien gane puede respetar a quien pierda… Que ambos (Cárdenas y AMLO) pueden participar en donde los diferentes liderazgos se complementan y cooperan entre sí”. Pero al jubilar hoy al tabasqueño, Camacho ya impuso a Ebrard como el Gran Líder de la “Izquierda”.

En el 2006, ante la ofensiva del desafuero, Camacho dio una entrevista a Milenio para ofrecerse como el Plan B: Camacho como candidato sustituto, con López Obrador como un candidato en campaña desde la cárcel. En 1994 Camacho quiso ser el candidato sustituto del asesinado Luis Donaldo Colosio pero Salinas no pudo imponerlo.

En septiembre de 2008, Camacho ya había iniciado los contactos con el PAN. En un artículo en El Universal propuso un programa de estabilización política, delineó su proyecto como presunto secretario de Gobernación de Calderón e inclusive abrió un huequito: “reforzar el gabinete”.
Desde siempre, Camacho ha desdeñado a López Obrador y su política de masas.

En 1989, Salinas mandó a Camacho a cuestionar a su mentor (de Camacho) Pablo González Casanova por su discurso por el Premio Nacional de Ciencias en la que el investigador universitario pedía todo el poder al pueblo. Camacho cuestionó esa vía: “se puede llegar a la tentación de identificar al poder del Estado con el poder inmediato de las masas”. Es decir, “se parte del supuesto de la inminente descomposición del Estado y su necesaria sustitución por uno nuevo o por fórmulas anarquistas. Esta crítica democrática puede derivar en idealismos populistas o terminar en la justificación de una dictadura democrática”.
Camacho no ha podido aclarar su papel en el fraude electoral de Salinas en 1988: negociación con Luis H. Alvarez, presiones autoritarias a la prensa para cerrarle espacios a Cárdenas, amenazas --revelación de Marco Rascón-- al PRT de Rosario Ibarra de Piedra de identificarlo con la guerrilla y, como culminación, el papel central de Camacho, aliado a Diego Fernández de Cevallos, para quemar las boletas electorales a finales de 1991 en un horno de la Delegación Venustiano Carranza para borrar cualquier pista de las irregularidades. El operador de la quema fue el entonces secretario de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.
Con el beneplácito festivo de Carlos Salinas, Manuel Camacho ya escribió el epitafio político de López Obrador, en la declaración a Samaniego, donde los tiempos verbales son una clave política:
“Creo que el liderazgo político de Andrés Manuel ha sido de enorme valía para las izquierdas. Les permitió un crecimiento que no hubieran tenido de otra manera. Pero me parece que el liderazgo de la izquierda ya no puede estar en manos de un solo hombre. Ya no podemos ser un país de un solo hombre”.
Para Camacho, el PRD-PT-PC y el grupo DIA, el reinado de López Obrador ha muerto. El grito ahora es otro: “¡viva el reinado perredista de Marcelo Ebrard”!

Por Carlos Ramirez

Post RLB. Punto Politico.