Agenda 2009: inseguridad + Clave: pactos de PRI y Fox

El saldo del 2008 en materia de inseguridad pública confirmó la certeza de que el problema nacional número uno no será el proceso electoral del 2009 ni la crisis económica, sino la presencia y actividad crecientes de las mafias del crimen organizado.

La explosividad de la violencia de la delincuencia y el reconocimiento de zonas francas en poder de las mafias ha revelado la existencia de una estructura de poder que en el pasado no sólo convivió sino que se privilegió de las alianzas, acuerdos y pactos con los gobiernos priístas y con el gobierno panista de Vicente Fox.

Los indicios que se perciben de las instituciones que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado llevan al dato mayor de que el 2009 será vital para la recuperación de la soberanía del Estado en materia de seguridad pública o representará la derrota del gobierno frente a las mafias.
La acción oficial en el 2009 con la aprehensión de algunos capos y el cierre de espacios de acción llevó a tres recomposiciones: los mandos en las mafias, las relaciones corruptas con funcionarios, políticos y policías y los enfrentamientos sangrientos entre mafias por la disputa de territorios. Ahora viene, según previsiones de expertos, un choque de trenes entre las mafias y el gobierno federal. Es decir, que la lucha de fondo contra el crimen organizado va a pasar a una fase violenta que afectará directamente a la sociedad, pues hasta ahora la matanza ha sido entre miembros de mafias.
El tema de la inseguridad va del asalto en la calles al control de ciudades por organizaciones del narcotráfico. De ahí el hecho de que la inseguridad callejera --asaltos y secuestros-- va articulada a una estructura criminal que poco a poco comienza a articularse entre sí y, lo que es peor, con estructuras sociales, políticas y de gobierno.

La agenda de la seguridad en México ha sido fijada por el colapso del 2008:
1.- La urgencia de reorganizar las estructuras de seguridad pública de los gobiernos para romper con la red de alianza con las mafias.
2.- El enfoque de la seguridad pública como un asunto de soberanía del Estado y de pérdida del monopolio de la fuerza.
3.- La percepción de que el narcotráfico es un asunto de salud pública por el crecimiento en el consumo interno de drogas.
4.- La seguridad como un asunto de seguridad nacional que involucra la seguridad del Estado, las relaciones con los Estados Unidos y la estabilidad social interna.
5.- La inseguridad, obvio, como un asunto de seguridad pública, es decir, de la función prioritaria del gobierno para dotar de certeza a la sociedad.
6.- Las evidencias de que la inseguridad es producto de la corrupción de la sociedad, de las instituciones y de los funcionarios y políticos.
7.- Los datos que revelan que el avance de la criminalidad y su corrupción ha minado las bases fundamentales de las instituciones.
8.- La urgencia percibir que el robo y secuestro y el tráfico de drogas está involucrando cada vez más a los jóvenes y niños y a las mujeres.
9.- La creciente acumulación de datos de que el poder económico del crimen organizado está pervirtiendo la política y a la sociedad. Ahí está el caso de la Miss Sinaloa involucrada en el narco y las listas de policías, funcionarios y políticos al servicio del narcotráfico.
10.- El crimen organizado ha estrechado el margen de maniobra de los gobiernos y los ha obligado a distraer recursos.
11.- La estructura de poder del crimen organizado ha entrado en una etapa de reorganización, con datos que revelan el peligro de alianzas sociales y políticas y sobre todo de la extensión del poder económico del narcotráfico a negocios paralelos. La capacidad financiera del narco ha llegado a superar la posibilidad de inversiones públicas.
12.- En el fondo, la nueva política de seguridad debe definirse en torno a tres principios: no pactar con las bandas del crimen organizado, definir un nuevo concepto de política criminal y encarcelar a funcionarios, policías, políticos, empresarios y personas de la sociedad involucradas en el narcotráfico.

La crisis de la seguridad pública vivida en los últimos dos años ha sido producto de decenios de descomposición política, económica y social. Pero sobre todo, de la decisión de gobiernos y sus funcionarios de pactar con las bandas del crimen organizado como una forma de aceptar sus reglas del juego.

Por tanto, la primera gran acción del gobierno debe ser hacia dentro de las estructuras del sector público porque no habrá forma de vencer a la delincuencia con leyes, funcionarios e instituciones penetradas por los intereses de las bandas criminales.
Lo ocurrido hasta ahora es apenas el principio de una gran batalla.

Por Carlos Ramirez

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