México, territorio Televisa + Licitación con efecto en 2012.

En una jugada política de mediano plazo, el gobierno federal otorgó la concesión de 1.7 gigahertz al grupo Televisa-Nextel pero con posibles efectos políticos en el 2012 al cerrarle la puerta mediática de Televisa al precandidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto.

Pero del otro lado, la concesión se realizó a través de un proceso de licitación poco claro que prácticamente dejó sola a Televisa con posibilidades para competir, excluyendo por reglamento a los grupos de Carlos Slim y de TV Azteca. Lo peor fue que la licitación se realizó por 180.3 millones de pesos, cuando el servicio podría tener un valor total de mil 559.5 millones de pesos. Así, Televisa se apropió de un jugoso negocio pagando apenas el 11.6% de su valor real.

La licitación tenía un regalo adicional: en un movimiento sospechoso que implicó la sumisión del legislativo a los intereses del ejecutivo, en la ley fiscal de derechos de diciembre pasado se impuso una exención de dos años en el pago de impuestos a la empresa beneficiada, lo que implicaría un ahorro adicional de entre mil 352 a mil 909 millones de pesos, dependiendo de la fecha de entrega del título de con cesión Así, el paquete tendría efectos sobre la coyuntura política del 2012.

Televisa jugó a ganar. Cuatro meses antes de decidirse la licitación, Televisa anunció la compra del 30% de las acciones de Nextel, pero informó que la operación se concretaría sólo si lograba ganar el concurso por la banda de 1.7 gigahertz. Con ello, Televisa mandaba el mensaje de que haría negocios a la segura, aunque violando la competencia equitativa. En realidad, Televisa no iba a gastar mil 440 millones de dólares en Nextel si no tenía la garantía de la concesión.

El efecto político de la concesión de la banda de 1.7 ghz también tendrá mensajes colaterales en la alianza de Peña Nieto como precandidato presidencial priísta mejor colocado con Televisa. De acuerdo con datos del periodista Jenaro Villamil, Peña tendría un contrato de alrededor de 80 millones de dólares anuales para publicidad. A partir de esa exposición televisiva y de su propio posicionamiento, el gobernador mexiquense se colocó como el precandidato preferido en las encuestas.

Pero la estrategia del PAN, junto con la guerra sucia contra los gobernadores priístas de estados que representan una reserva de votos y con el anuncio de la alianza electoral PAN-PRD para el Estado de México en el 2011, va a tratar de romper los vínculos con Televisa. Y uno de ellos, a decir de algunos analistas que conocen a fondo el impacto político de la concesión de la banda de 1.7 ghz, sería que el gobierno panista establezca una mejor alianza con el consorcio de San Angel.

La concesión a Televisa-.Nextel estaba perfilaba con anticipación a través de dos mecanismos parciales: la exención de impuestos para la concesión de la banda de 1.5 ghz fue operada por la bancada afín al consorcio televisivo en el Senado y en la Cámara de Diputados y la redacción de la licitación dejó fuera a dos competidoras --Slim y TV Azteca-- con el candado del límite de 80ghz.

Un análisis especial del profesor Ramiro Tovar Landa, catedrático y asesor de la oficina de rectoría en asuntos regulatorios del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), reveló algunas claves de la concesión a Televisa:

1.- Televisa-Nextel compitió varias veces por la banda 1.7 ghz con la misma cantidad: 180.3 millones de dólares, cuando su valor debiera ser de mil 559.5 millones; es decir, pagó el 11.6% de su valor. Fue una concesión casi regalada, igual a la de fibra óptica oscura de CFE a Telefónica-Televisa-Megacable.

2.- En una subasta similar en los EU, la concesión se pagaron 0.53 dólares por megahertz/habitante, en tanto que en México fue de 0.004 dólares.

3.- Como se dio, la concesión creó una “incubadora de prácticas anticompetitivas al interior de la subasta del espectro”. Al bloquear a otros competidores, la expansión beneficiará a Televisa porque le “permitiría, sin incurrir en costos de capital mayores que el resto de los operadores, en pujar en forma predadora con el objeto o efecto de incrementar el costo de sus rivales, lo cual configuraría una práctica monopólica prohibida por la Ley Federal de Competencia”.

4.- Las “bases de licitación 21 plantean que el límite máximo de acumulación de espectro es necesario para prevenir concentraciones de espectro radioeléctrico contraías al interés público, pero dicho límite sólo provocó efectos anticompetitivos al limitar a los operadores establecidos --Telcel, Telefónica, Iusacell-Unefón-- de poder licitar por algunos de los dos bloques de 30 mhz a nivel nacional, pavimentando el camino para que Televisa-Nextel se adjudicara uno de ellos sin ninguna competencia en la subasta ascendente, en detrimento del erario público y de la competencia en los servicios avanzados de banda ancha móvil”.

Así, en una jugada doble de preferencia en una licitación, el gobierno federal pactó un compromiso político de fondo con Televisa y con ello le quitó la televisora a Peña Nieto, aunque otorgó “privilegios exclusivos (a Televisa) con evidentes efectos anticompetitivos en el futuro de las telecomunicaciones”.

Por Carlos Ramirez.

Post RLB.Punto Politico.

Dólares verdes, negros y blancos

Por moderadas que parezcan, las restricciones que ha puesto la Secretaría de Hacienda a las operaciones bancarias con dólares en efectivo son una mala idea y una política errónea. Crearán un mercado paralelo, con cotizaciones del dólar inferiores a las del mercado bancario y paradójicamente cancelarán para las propias autoridades una fuente de información valiosa en la lucha contra el lavado de dinero.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ha cometido una serie de errores en cadena en el asunto de las operaciones bancarias con dólares en efectivo. Han sido, al parecer, errores cometidos con la mejor de las intenciones, pero errores al fin y al cabo.

En cierta forma esta historia comienza con un grupo de burócratas de élite en los Estados Unidos, encargados de preservar la seguridad nacional de ese país frente a las amenazas de organizaciones criminales, terroristas o de otro tipo, como las mafias del narcotráfico.

Esa burocracia de lujo tiene que justificar un presupuesto anual de varios miles de millones de dólares que no está dando los resultados deseados o que, dicho benévolamente, puede ser cuestionado en cualquier momento porque no se ha reflejado en golpes espectaculares que llevan a la cárcel a los grandes jefes de las mafias o del terrorismo.

Si esa burocracia no da los resultados deseados en territorio de los Estados Unidos podría obtener, en cambio, dos o tres golpes espectaculares –y la preservación de su jugoso presupuesto- mediante alguna acción espectacular fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Ésa fue la principal motivación de la agresiva “operación Casablanca” contra funcionarios y empleados bancarios en México, acusados de colaborar con el lavado de dinero criminal, que el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo a fines de la década de los años 90.

Y quiera reconocerse o no, ése fue el gran temor que llevó a los funcionarios de tres grandes bancos mexicanos -filiales de bancos extranjeros- a dejar de comprar recientemente dólares en efectivo. Ninguno de los emperifollados directivos de esos tres bancos desearía verse tras las rejas o involucrado, con todo el escándalo que eso conlleva, en un “operativo” de agencias de inteligencia estadounidenses contra el lavado de dinero. Por supuesto, los bancos tenían todo el derecho de dejar de comprar dólares en efectivo. Y también es cierto que en muchas ocasiones, en el pasado reciente, algunos clientes de esos bancos, en especial pero no solamente los centros cambiarios (que no hay que confundir con las casas de cambio), llegaban a depositar mensualmente varios millones de dólares en efectivo captados, a su vez, de sus clientes dispersos por todo el país, en especial en regiones del norte del país.

Por alguna razón la Secretaría de Hacienda compró y validó el temor de los funcionarios bancarios y empezó a idear la manera de restringir el intercambio de dólares en efectivo sin restringir de más, de controlar sin controlar de más, de limitar el libre cambio de divisas sin limitarlo… Ya sé que esa intención (controlar sin controlar, restringir sin restringir, coartar sin coartar) es manifiestamente imposible, pero con gran frecuencia los políticos y los burócratas creen que ellos sí pueden, a diferencia de los mortales comunes, lograr imposibles lógicos y hasta metafísicos.

Así llegamos a las restricciones que entraron en vigor el lunes 21 de junio, y que sin ser el fin del mundo (porque permanece, es cierto, una total libertad cambiaria en operaciones que NO sean en efectivo) están causando más problemas de los que desearían en el gobierno y en la Secretaría de Hacienda.

Lo que buscaba el gobierno con estas medidas restrictivas era ahuyentar cualquier posibilidad de que el día de mañana el gobierno de Estados Unidos o alguna agencia gubernamental de ese país con presupuesto multimillonario (Aduanas, DEA, “Homeland security”, por ejemplo) denunciara que México facilita por falta de supervisión y control las actividades de las grandes mafias criminales para lavar su cochino dinero.

Tal vez con estas restricciones se haya logrado ese objetivo, pero nadie esperará que el propio gobierno mexicano admita que tales medidas más que combatir el lavado de dinero buscaron conjurar el peligro de una nueva operación Casablanca que dañase la reputación de México, de su gobierno y de sus esforzados funcionarios bancarios.

En el camino, se han cometido varios errores de catálogo:

Uno: el Secretario de Hacienda anunció las medidas que se avecinaban sin haberlas “planchado” lo que generó un espacio de varias semanas de incertidumbre, especulaciones, dimes y diretes.

Dos: a pesar de que hicieron frenéticas consultas y deliberaciones, el anuncio prematuro hizo imposible que se pensaran mejor las cosas; si de antemano ya habían tomado la decisión (¿al más alto nivel?, esto es: ¿desde la Presidencia de la República?) los tecnócratas encargados de “instrumentarla” no iban a ir con la mala noticia ante sus jefes: “Oiga, señor, es que es una mala idea”, so pena de quedarse sin chamba por claridosos. Así, la consulta se hizo con quienes ya estaban convencidos de las ventajas del asunto y se excluyeron, más o menos cortesmente, todas las opiniones en contra. No fue: “Averigüen si hacer esto es buena idea”, sino “piénsenle cómo le hacemos para que esto parezca una buena idea porque de todos modos lo vamos a hacer”.

Tres: al anunciar la medida en una conferencia de prensa, el Secretario de Hacienda volvió a incurrir en un típico error de los políticos ante un micrófono, que es no atreverse a contestar una pregunta con un sincero “no sé, no sabemos, no tenemos datos ciertos”, y aventó a ojo de buen cubero la estimación de que los excedentes de dólares en el sistema bancario, esto es: los billetes verdes sospechosos de tener una procedencia ilícita, sumarían unos 10 mil millones de dólares; ahora el gran problema que tienen es encontrar un sustento sólido, verificable, para ese cálculo. No lo hay; lo mismo pudo haber dicho la mitad o el doble o hasta diez veces más. Todo es al tanteo.

Cuatro: antes, alguien en el gobierno mexicano creyó que era buena idea calentar el ambiente y accedió a que viniera un encumbrado funcionario de aduanas de los Estados Unidos a dar un reporte acerca del lavado de dinero en México, ahí también se soltaron cifras alegres, “podría ser hasta de 29 mil millones de dólares”, y se dijo que toda esa información provenía de una minuciosa investigación del gobierno estadounidense; la minuciosa investigación es en realidad un informe “rabón” de 15 cuartillas, cuyas fuentes de información son tan confiables como una nota de la revista Proceso o un reporte del corresponsal del Wall Street Journal en México (de veras, ésas son las fuentes, pueden ver la famosa investigación en este sitio de Internet: http://www.ice.gov/doclib/investigations/pdf/cps-study.pdf).

Cometido el desaguisado y ante las críticas que van en aumento, la SHCP ha cometido un nuevo error estratégico: se ha metido al pantano semántico para desacreditar las críticas. Dijeron los críticos que las restricciones iban a alimentar el “mercado negro” y Hacienda contestó, con astucia pero sin pensar bien las cosas, que eso no es cierto porque cuando se habla de un “mercado negro” se hace referencia a un mercado ilegal en el que se compra o se vende algo que está prohibido, lo que no es el caso con los dólares en México” (ver aquí). Correcto. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española añade que en los mercados negros de divisas, éstas se venden “por encima de su cotización oficial” y en este caso en el mercado “paralelo” –no “negro”- que se ha incentivado con estas restricciones, los dólares en billete se venden y compran significativamente por debajo de su cotización en la ventanilla de los bancos. Lo cual es perfectamente lógico. Economía uno: Hay un solo canal, el paralelo, para darle salida a la oferta de dólares en efectivo, quien controla ese canal, el demandante (que NO son ya ni el gobierno ni los bancos en absoluto), fija el precio ventajosamente y paga menos pesos por los dólares. El problema es que justamente porque se crea un mercado “paralelo” (o se fortalece más, porque ese mercado de cualquier forma ya existía) las autoridades pierden control en lugar de ganarlo, que era –se supone- su objetivo. Lo mismo da si llamamos a esos dólares “negros”, “grises”, “blancos” o “verdes”. Es un mercado que se sale de la supervisión y de la regulación, favoreciendo las actividades ilícitas. Dejando sin información valiosa de “inteligencia” al gobierno.

Comparto las prevenciones que publicó en “Asuntos Capitales” hace unos días Godofredo Rivera (ver aquí), pero su hipótesis está equivocada: nada tienen que ver con estas restricciones las subastas de opciones para venderle dólares al Banco de México que se pusieron en marcha para reconstituir y acumular reservas. Es ingenuo y desproporcionado creer que tales ventas de dólares provienen de la captación, mucha o poca según se vea, de los dólares en billete.

No hay que buscarle tres pies al gato, estimado Godofredo, la razón detrás de estas restricciones es el miedo de los funcionarios bancarios y del gobierno a sufrir un golpe mediático y fatal en la reputación. Golpe que provendría, a su vez, de la necesidad que tienen las grandes burocracias de las agencias gubernamentales de Estados Unidos de justificar sus multimillonarios presupuestos.

Eso es todo. Un episodio más de torpeza gubernamental como se dan todos los días en todos los gobiernos del mundo. Por eso, por la torpeza inexorable de las burocracias en sus afanes controladores, deberíamos preguntar a todos los que proponen controles gubernamentales de esto y de aquello (del tabaco, de los alimentos, de los teléfonos celulares, del uso de los medios de pago, de la vestimenta, del vestido, de las diversiones, del lenguaje, del tránsito de personas y de vehículos, de los duelos y de las fiestas, de los amores y desamores), si acaso es buena idea querer que controlen todo los mismos que son incapaces de hacer que llegue a tiempo y a su destino una simple carta. ¡Nunca!

Por Clotilde Hinojosa de Reynaud.

Post RLB. Punto Politico.