El narco, en la estructura política del Estado mexicano

Señala Carlos Monsiváis que la atmósfera del narcotráfico es un componente esencial del México del siglo XXI. En su afirmación no existe ningún dejo de falta de verdad, pues la cultura de la violencia se ha asentado en el país generando desequilibrios sociales que impactan en la convivencia cotidiana y redefine acciones gubernamentales que, sin embargo, resultan inoperantes ante el grado de penetración de esta actividad delictiva en las esferas de justicia.

Para el caso mexicano, ha resultado un error combatir al narco desde la lógica de la violencia, sin reconocer que el narco ha tratado de constituirse en una fuerza que genera sus propios espacios de influencia y de control de zonas del territorio nacional.
Una profesionalización del trabajo de prevención y combate requiere de una fuerza del orden con salarios dignos. Además, la profesionalización no debe circunscribirse a los cuerpos de elite o los cuerpos creados ex profeso para apoyar en las acciones de combate a la delincuencia. Señalamos lo anterior en momentos en que el reclutamiento de exmiembros del Ejército para formar parte de los grupos delictivos es una actividad inocultable. El narco ha generado su propia estructura como una empresa, lo realiza con miras a establecer escalafones, bonos, y una serie de prestaciones de los que la prensa ya ha hecho mención en varias ocasiones.
La estrategia de combate no sólo manifiesta deficiencias. Las políticas de prevención adolecen de una amplia difusión en el núcleo de población expuesta; la población joven del país reconoce su consumo, reconoce que el tráfico de drogas forma parte de su acontecer diario. Para ello, no mostremos un indicador de combate al crimen como un asunto de guerra genérica, donde una buena pregunta es ¿cuántos muertos más, señor presidente?, para cambiar la estrategia, para modificar los programas, y en lugar de combate permanente, establecer la prevención permanente.
Ante la presencia del narco, los gobernantes son actores incapaces de brindar respuestas; su optimismo manifiesta una incomprensión de la problemática que envuelve el tema, pues, desde su espacio territorial, el narcotráfico es un asunto que merece atención si alcanza proporciones de ingobernabilidad, y ni siquiera ahí el gobernante tiene la respuesta contundente. Es entonces cuando aparece el Ejército para “resolver” lo irresoluble. Como problema, el narcotráfico alcanza cada uno de los tejidos sociales que componen al país. Los asesinatos alteran la composición de la familia. En el ámbito del individuo, este problema se complica como esa figura mítica de Jano; sin embargo, a pesar de múltiples ítems que se ven reflejados, el narco es, sin duda, una industria con capacidades de operación que rebasan los distintos órdenes de gobierno.
Por eso, hoy la fuerza que define al Estado se encuentra sometida a la incapacidad de los administradores de los gobiernos locales y federales para dotar de un eficiente programa que por lo menos tenga una viabilidad de contención de los graves problemas que aquejan a la sociedad. Tal como Contralínea lo ha documentado el gobierno de Felipe Calderón tan sólo aspira a acotar el crimen organizado. No más.
Que existan grupos, células de criminales, rondando los caminos y municipios de entidades federativas, nos permite imaginar un cuadro que anteriormente no se había considerado: el crimen se encuentra en la raíz de la estructura de la organización política del Estado mexicano.
Veamos el siguiente escenario: con un primer vistazo, tenemos que los recursos que van a caer a los municipios son utilizados en asuntos que van desde servicios públicos hasta el cubrir los sueldos de funcionarios municipales, pasando por el pago de la fuerza pública. Ya hace algún tiempo, la ciudad de Tijuana reportó que el equipo de los policías no era el más adecuado para enfrentar al crimen organizado, incluso se sospechaba que ellos eran miembros del grupo delincuencial o que proveían de seguridad a estos actores. El clamor de policías es la falta de equipo que permita hacer frente a los grupos que constantemente acechan sus cuarteles, incluso atacándolos con armas de calibres exclusivos del Ejército.
Incluso pareciera una estructura con una capacidad de trasmisión de datos e información que sobrepasa la capacidad de vigilancia de los gobiernos locales. Hay demasiadas preguntas en el ambiente: ¿quién coloca las mantas con que los narcos anuncian sus actos que se convierten en acciones de fuerza? ¿Quién permite el despliegue de autos por las carreteras nacionales sin que se considere que en ellos pueden ir una decena de cuerpos acribillados?
Mientras, el dilema de las demarcaciones territoriales de todo el país está en comprar patrullas para la prevención del delito o comprar equipo para prestar un óptimo servicio público. El crimen sigue realizando ejecuciones que reproducen un alto grado de inestabilidad y se traducen, en el espacio ciudadano, en un temor generalizado que impacta en la percepción de eficacia del gobierno.
Así, hoy tenemos una tensión permanente entre programas de lucha contra el crimen organizado y las cifras que arroja el enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas del orden, las cuales, en esta guerra, van perdiendo a pesar de que la publicidad oficial nos diga lo contrario. Sería bueno saber cuánto se gasta en estos mensajes y compararlo con los recursos que los municipios aplican en cuestiones de seguridad pública. Seguramente no sería ninguna sorpresa saber que el gasto gubernamental en sus campañas mediáticas y el gasto municipal ni siquiera se equiparan en porcentaje. Estamos ante acciones que desde el centro no resuelven nuestro problema de seguridad, por el contrario, los municipios están atados de manos entre satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos o enfrentar al crimen organizado. Y hasta el día de hoy, ya sabemos cuál es el resultado

por Salvador Mora V

Post.RLB.Punto Politico.

Greg: y lo que falta todavía + Presión del factor Washington

El caso Greg Sánchez tiene implicaciones internacionales. El experimentado e informado columnista José Antonio Pérez Stuart, experto en análisis de asuntos de inteligencia, revela algunas de las derivaciones del asunto que exhiben la conexión La Habana-Quintana Roo-Washington.

Y suelta la hipótesis de que la decisión de operar la incriminación judicial, pese a tener tiempo ya de acumular evidencias, fue tomada después del reciente viaje del presidente Calderón a los Estados Unidos.

Los datos de Pérez Stuart sobre el caso Greg son reveladores:
1.- Ha puesto al descubierto los nexos entre funcionarios de inteligencia de la dictadura castrista en Cuba, con bandas de narcotraficantes que operan en México.
2.- Ha revelado a los analistas de inteligencia de ambos países cómo detrás de la campaña internacional en contra de la llamada Ley Arizona, se encuentran bandas de narco-comunistas encargados de infiltrar desde México el territorio estadunidense, mediante ilegales cubanos, chinos y rusos.
3.- Ha convalidado la hipótesis de los centros de inteligencia en el sentido de que uno de los objetivos de la inteligencia cubana es “sembrar” en territorio mexicano a agentes castristas que, ya sea mediante el matrimonio con ciudadanos de éste país o bien a través del proceso de nacionalización, buscan penetrar los órganos políticos de México para tripularlos en beneficio de sus intereses.
4.- Ha demostrado el afán de los castristas por manipular la política interior de México, al pretender que una cubana, esposa del narco candidato Gregorio Sánchez Martínez, esto es, Niurka Alba Sáliva Benítez, se convierta en “candidata” y hasta “gobernadora” del estado mexicano de Quintana Roo, en tanto su marido se mantiene bajo proceso judicial. Lo inicial era ser la “primera dama” del estado.

No hay que olvidar algunos elementos significativos:
* Niurka, la esposa del narcocandidato al gobierno de Quintana Roo, es hija de José Ángel Sáliva Pino, coronel del Ministerio del Interior en Cuba, que labora para los servicios de espionaje (inteligencia) del castrismo.
* El coronel cubano Sáliva Pino, en efecto, “siempre ha estado cerca de Fidel Castro”.
* Existen testimonios de que la misma Niurka está directamente involucrada con la infiltración de ilegales cubanos, rusos y chinos a Estados Unidos, vía México:
(…) “Junto con Niurka trabajaba Boris del Valle Alonso, quien era integrante de Los Zetas. También participaba el Puma, integrante de la corporación policial de la ciudad de Cancún, quien se encargaba de la plaza de Los Zetas. Boris llevaba la contabilidad del ingreso de los indocumentados rusos, chinos y cubanos, pues según la nacionalidad se le tenía que entregar un pago puntual al Puma".
* Por lo demás, se ha descubierto también que el asesor de seguridad del narco candidato panista-perredista Greg, es hijo de un ex ministro del Interior, en Cuba.
* Debe citarse que “en 2004, Greg fue acusado en Chiapas de homicidio calificado y robo con violencia. Los hermanitos de Greg: David, Feliciano y Daniel, purgan condenas acusados por actividades relacionadas con el crimen organizado. Magdalena Sánchez, la hermana de Greg, fue detenida en el aeropuerto de la ciudad de México con su esposo y con 300 mil dólares cuyo origen no pudieron comprobar".

De todo lo anterior, los analistas de inteligencia coinciden:
a) Greg estaba blindado por la inteligencia cubano-castrista.
b) Los vínculos bajo los cuales parecía estar sujeto a aquella, eran esponsales, afectivos y económicos.
d) Es evidente que la acción judicial emprendida contra el narcocandidato no se había querido ejercer (...)
e) Por lo demás, salta una seria, comprometedora interrogante: tanto desde que Greg fue incriminado por el testigo protegido, como inmediatamente después de los resultados de las investigaciones financieras, fiscales y familiares que corroboraron su participación con el crimen organizado, ¿no era lógico suponer que tanto la Secretaría de Gobernación (Fernando Gómez Mont), como la Secretaría de Seguridad Pública (Genaro García Luna) y la Secretaría de Hacienda (Ernesto Cordero Arroyo), informaran tanto al Presidente Felipe Calderón como a César Nava de el riesgo, la inconveniencia, de convertir al narcopolítico en candidato del partido oficial PAN?
¿Qué hizo dar marcha atrás al secretismo gubernamental en torno a los antecedentes y operaciones clandestinas del narcocandidato (…) y su asociación con los cárteles vinculados con los círculos de inteligencia cubano-castristas? ¿Qué los obligó a detener al narcocandidato, aún a costa del prestigio del partido oficial?
La respuesta, según los analistas de inteligencia, está en Washington.

Por Carlos Ramirez.

Post RLB. Punto Politico.

No al burocratismo cambiario

Los controles cambiarios jamás servirán para detener las transacciones cambiarias, pues surgen mercados negros. Cualquier medida que implique control de cambios (ó regulaciones burocráticas cambiarias) va en contra del crecimiento económico. No a más burocratismo cambiario.

Muchas veces los agentes económicos son afectados en el intercambio de sus productos por las distintas regulaciones gubernamentales. Lo raro es cuando dichos agentes provocan el nacimiento de dichas regulaciones.
Tal es el caso de la semana pasada en que todos los bancos comerciales que operan en México acordaron suspender sus compras de dólares al menudeo. De acuerdo a sus argumentaciones, en los últimos días han enfrentado “entradas masivas” de dólares, lo que les hace pensar en que en medio de todo esto está el lavado de dinero. Por lo mismo, las autoridades han sido llamadas para “regular” dicha situación anómala.
No sé, pero me temo que ahora son los mismísimos bancos los que podrían provocar una regulación cambiaria más, que sólo encarecerá los costos de transacción de los agentes económicos.
De entrada, el hecho de enfrentar transacciones de dólares extraordinarias nada prueba que sea lavado de dinero. La economía mexicana (contrario a economías como la gringa) es muy pequeña como para que el lavado de dinero sea espectacular. Por supuesto, que lo hay, pero las regulaciones gubernamentales sólo complican las transacciones diarias. Los delincuentes siempre encontrarán la forma de burlar cualquier medida.
Ya por lo pronto la negativa de los bancos ha provocado que la enorme mayoría de la gente que realiza operaciones de dólares al menudeo (inocentes todas ellas) se vuelque a los centros cambiarios-negocios de cambio más pequeños-; colas enormes para vender dólares al menudeo.
Más vale que autoridades y bancos sean responsables y prudentes y no terminen por estimular la aparición de mercados negros (en dónde lo atractivo sería encontrar dólares más baratos).
La libertad económica incluye a la libertad cambiaria. Un régimen libre cambiario no mete restricciones de ninguna índole, y menos condiciona al escrutinio gubernamental el monto operado de intercambio. Además, en un régimen cambiario libre una persona puede tener cuentas bancarias en cualquier divisa ó metal precioso.
Si empezamos a regular y regular por dizque combatir el lavado de dinero, vamos acabar en una dictadura cambiaria, en donde el gobierno sabe quién y cuanto opera en el intercambio de divisas. Vamos acabar fastidiando a, por ejemplo, los turistas, ó a pequeños comerciantes relacionados con la actividad turística.

Los narcos en una de esas y hasta ya poseen algún banco comercial, así que las regulaciones se las pasan por el arco del triunfo.
En México hemos avanzado en libertad cambiaria, la cual deberíamos mejorar y perfeccionar para tener un mercado de cambios verdaderamente libre (en donde por ejemplo, PEMEX pueda vender libremente sus dólares al mercado y no exclusivamente a través de Banco de México).
No sé que suceda esta semana en que la autoridad fijará una nueva circular para controlar supuestamente el lavado de dinero. Pero más vale no crear una regla monstruosa que origine mercados negros.
Cuando los gobiernos manejan mal la economía, imponen control de cambios (cosa también común entre las dictaduras comunistas), condicionan el abrir cuentas bancarias en divisas distintas, controlan la venta de oro y plata, etc. Los controles cambiarios jamás servirán para detener las transacciones cambiarias, pues surgen mercados negros. Cualquier medida que implique control de cambios (ó regulaciones burocráticas cambiarias) va en contra del crecimiento económico. No a más burocratismo cambiario. No hay que olvidarlo.

Por Godofredo Rivera.

Post RLB. Punto Politico.

Narco: cada quien por su lado + PRD: capitalizar acusaciones

La primera reacción del PRD ante el arresto de su candidato a gobernador para Quintana Roo, Greg Sánchez, no fue la de ofrecer pruebas de inocencia ni la de responder a las largas acusaciones contra el indiciado que se acumulan desde 2008, sino que prefirió usar las acusaciones como catapulta política para sacarle raja política en medios.

Se trata, ciertamente, del PRD que ha enarbolado la acusación de ineficacia de la política gubernamental de lucha contra el narco y que ha insistido en cambiar la estrategia aunque sin señalar hacia donde. Lo grave del asunto para el PRD fue que la orden de aprehensión contra Sánchez culminó la larga serie de señalamientos sobre presuntas vinculaciones del candidato con el crimen organizado.

Ahí es donde precisamente falla la estrategia gubernamental de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La falta de consenso político se traduce en la mezquindad de los partidos hacia la política oficial. El PRD resume su política antidrogas en el argumento dialéctico de que se cumpla la lucha… en los bueyes de mi compadre.

Ahí se percibe también por qué el PRD no ha mostrado voluntad en la reforma del marco jurídico de la lucha contra el tráfico de drogas.

Lo malo para el PRD es que se jugará parte de su capital político en la defensa de un candidato marcado por las evidencias de vinculaciones con el crimen organizado. Mediáticamente quiso Jesús Ortega medrar con la compasión pública al colocar a la esposa de Greg como la vocera de la defensa del candidato, pero con el alto riesgo de que el proceso penal contra el indiciado se alargue, sigan apareciendo datos que confirmarían las acusaciones y que al final el acusado resulta efectivamente culpable.
El caso del PRD en Quintana Roo ilustra con claridad la falta de consenso en la lucha contra el narcotráfico. Desde el principio del proceso electoral local se filtraron datos de una investigación oficial, pero los desdeñaron direcciones del partido y de la coalición DIA. Peor aún: el PRD quiso capitalizar políticamente esos señalamientos como parte de una campaña mediática para posicionar a Greg en las encuestas. El PAN se negó a participar en la alianza en Quintana Roo precisamente por los indicios del expediente de indagación contra el alcalde con licencia del municipio de Benito Juárez.
La apuesta perredista ha sido muy alta y por tanto sus pérdidas pueden ser también mayores. La utilización de la esposa de Greg como vocera la ha colocado en el centro del escenario mediático pero también de la crítica. Como ella ha comenzado a hacer campaña por su marido, entonces tendrá que padecer también la crítica y las indagatorias. Y será peor si la PGR comienza a dar a conocer las evidencias en contra del indiciado.

Lo grave de todo es que el PRD sabía de las acusaciones y señalamientos en contra de Greg desde hace meses. Por tanto, la decisión política de convertirlo en su candidato llevaba implícita una apuesta riesgosa: o blindar a Greg y esperar que ganara las elecciones e hiciera un gobierno sin vinculaciones con el crimen organizado o haber tomado la decisión sin sensibilidad política y basado sólo en posicionamientos mediáticos. Los dos se convirtieron en graves errores políticos de Jesús Ortega y Manuel Camacho.

Ahora el PRD tiene que hacer esfuerzos desesperados por defender a Greg y esperar que las pruebas gubernamentales no sean tan contundentes porque el costo político de Greg también contaminará al PRD. De probarse sus vinculaciones con el crimen organizado, el PRD quedará marcado con la sospecha de las razones que lo habría llevado a escoger como candidato a un personaje cuyas vinculaciones con las mafias habían circulado en medios, con datos y señales, desde mediados de 2008.

El golpe también alcanzará al PAN por sus alianzas en Oaxaca, Puebla y Durango. Y no porque ahí hubiera la reproducción del caso Quintana Roo, sino porque el PRD ha resentido un duro golpe de credibilidad en Quintana Roo y por tanto sería un partido nada confiable. Por tanto, el PAN está obligado no sólo a no sumarse a la loca carrera desesperada del PRD para desviar la atención del caso Quintana Roo, sino a replantear sus alianzas. Paradójicamente el PRD acusó al gobernador de Durango con la misma ligereza que dice que la PGR señaló al candidato perredista en Quintana Roo.

La crisis del PRD en Quintana Roo debe obligar al partido a una revisión no sólo de sus estrategias electorales sino de su política legislativa en materia de seguridad pública. Porque el caso Greg podría dejar la sospecha de que el PRD regatea reformas y critica la estrategia del gobierno por el hecho de haber promovido la nominación de un empresario y político señalado por las autoridades penales de tener vinculaciones con el crimen organizado. El PRD seriamente no puede caer en el papel infantil de denunciar la persecución contra Greg porque iba a ganar las elecciones de gobernador, porque en realidad iba abajo en las encuestas y no habían razones verdaderas para suponer el triunfo.

Lo que el PRD en el caso Quintana Roo se juega no es un número de votos sino su credibilidad política en materia de relaciones con el crimen organizado

Por Carlos Ramirez.

Post RLB. Punto Politico.