julio 03, 2010

El 'narco' mexicano acorrala a la política

El narcotráfico tiene a México contra las cuerdas. El asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Tamaulipas y el secuestro, desde hace 48 días, de Diego Fernández de Ceballos, uno de los políticos más poderosos del país, ponen de manifiesto de manera dramática el poder del crimen organizado y la debilidad del Gobierno de Felipe Calderón, solo en una guerra que ya ha provocado más de 22.000 muertos
.
Dos días después de que el candidato Rodolfo Torre Cantú y ocho de sus colaboradores fueran asesinados a plena luz del día en Ciudad Victoria, las autoridades siguen sin saber cómo, quiénes o cuál es la intención de un crimen político que supone un salto cualitativo en la violencia del narcotráfico. Las elecciones a gobernadores que se celebran el domingo en 12 Estados de la República están ya marcadas por la sangre y el miedo.

El mensaje está muy claro: ya nadie está seguro en México. Los jefes de la droga no solo están en guerra por los territorios, sino que pugnan por colocar a sus respectivos candidatos en la cima del poder político. "Con plata o con plomo", llegó a reconocer hace unos días el propio Calderón.
Tamaulipas es un ejemplo. Desde hace décadas, según denuncian los medios locales, las elecciones en el Estado norteño han venido siendo supervisadas -cuando no apadrinadas- por el cartel del Golfo. Sin embargo, desde principios de año, la organización criminal se fracturó y entró en disputa con Los Zetas, hasta entonces su brazo armado. La paz vigilada se convirtió en guerra abierta. Se dice, porque aún no hay versión oficial de los hechos, que las dos camionetas cargadas de sicarios que emboscaron y mataron al doctor Torre Cantú llevaban una zeta pintada sobre los cristales tintados.
La manera en que se cometió el atentado demuestra hasta qué punto el Estado está desbordado por el crimen organizado. La caravana del candidato del PRI fue atacada a las 10.30 de la mañana del lunes, cuando se dirigía al aeropuerto. Los sicarios no solo sabían eso, sino también que los vehículos blindados de que disponía el candidato habían sido enviados horas antes a Matamoros para proteger su gira electoral prevista para la tarde. A pesar del fuerte despliegue del Ejército y de la Policía Federal en Tamaulipas, los criminales fueron capaces de cruzar un camión en la carretera, detener la comitiva electoral, bajar a sus ocupantes y ejecutarlos sobre el asfalto. Nueve muertos. Ningún testigo.
La buena información de los sicarios contrasta con el desconcierto que exhibieron Felipe Calderón y sus principales colaboradores en su comparecencia ante el país. Lo más preocupante no eran los rostros demudados de los jefes del Ejército y de la Policía Federal o su falta de información, sino un dato que se hace presente cada vez que el presidente, con voz solemne, promete castigar a los culpables: el 95% de los crímenes en México queda impune.
Por dos veces en menos de 24 horas, el presidente Calderón compareció desde su residencia de Los Pinos. El mensaje fue el mismo en ambas ocasiones: "Hoy hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente y pretende imponer sus reglas. Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para unirnos en defensa de las instituciones en estos momentos tan delicados de la vida nacional. No hay otro camino que encarar con fuerza a la delincuencia organizada hasta conseguir derrotarla".
Se trataba, sobre todo, de un mensaje al PRI. Calderón necesita que el partido hegemónico en México hasta el año 2000 lo respalde en su guerra contra el crimen organizado. Pero, a tenor de las primeras declaraciones en caliente de algunos de sus líderes, parece muy difícil que ese apoyo se produzca. Aun a pesar de que el crimen contra el candidato del PRI en Tamaulipas y el secuestro de Fernández de Ceballos suponen un aviso muy serio de que la élite política ya no es intocable.
Desde los medios de comunicación mexicanos se resaltó ayer la gravedad del momento. El diario Reforma llevó a su portada un editorial -un hecho casi inédito en sus 17 años de vida- titulado El voto del narco en el que se constata que el país vive una emergencia nacional. "Lo ocurrido", dice Reforma, "trasciende por mucho las fronteras de Tamaulipas. Evidencia que hay una clara complicidad entre políticos y carteles. Las elecciones están perdiendo sentido por el dinero sucio que las financia. El violento voto del narco coloca en un predicamento los comicios: ¿tendrá sentido celebrar elecciones cuando hay un poder de facto que impone su voluntad por encima de la voluntad ciudadana?".
En Milenio, el escritor Héctor Aguilar Camín afirma en su columna diaria: "La violencia criminal ha dado un salto cualitativo. La opinión pública y las autoridades del país deben darlo también, cerrando filas en el rechazo y en el combate al crimen organizado". Pero mientras eso sucede o no, la situación que vive México es la que retrata El Universal en su primera página bajo el título Los comicios del miedo: en Tamaulipas, 12.000 interventores han rechazado participar y las mujeres de Ciudad Juárez han dicho que no irán a votar por "el elevado índice de violaciones, asaltos y asesinatos".
Pese a todo, las elecciones se celebrarán el domingo. El Gobierno se ha comprometido a redoblar la ya muy numerosa presencia del Ejército y la Policía Federal en las zonas más violentas. Es un consuelo a medias, porque en lugares como Ciudad Juárez, donde se vive un verdadero estado de excepción, las matanzas siguen produciéndose. Por todo el país, los candidatos que no han aceptado la plata del narcotráfico suplican al Gobierno que los blinde como sea ante el plomo de los sicarios.
[El periodista Juan Francisco Rodríguez Ríos, de 49 años, y su esposa, María Elvira Hernández, de 36, fueron asesinados a balazos el lunes en un cibercafé de su propiedad en el Estado de Guerrero, informa Efe. Rodríguez era dirigente local del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa].
Por Pablo Ordaz.

Post RLB. Punto Politico.

julio 02, 2010

Lecciones políticas del 2012 + Experiencia vs desesperación

Justo en la coyuntura de las elecciones estatales más enredadas y ante la decisión del PAN de provocar el conflicto poselectoral para reventar elecciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar carta de impunidad al uso de la violencia política contra la autoridad al liberar a los presos de Atenco. A partir de ahora la violencia política que se utilice en protestas políticas y sociales y en conflictos poselectorales tendrá el amparo de las leyes

2.- La decisión de la Corte es histórica. Ante el temor del uso del argumento de la “criminalización de la protesta social”, liberó a los atencos que usaron la violencia, secuestraron a funcionarios mexiquenses y amenazaron con matarlos. Con esa decisión la Corte prácticamente legitimó el uso de la violencia en manifestaciones de protesta social y política, con lo que de hecho bendijo legalmente el próximo conflicto poselectoral anunciado ya por la APPO de Oaxaca y la 22 de maestros, aliados al PAN, si gana el PRI.
3.- La violencia del crimen organizado exhibió las limitaciones de políticos y gobernantes. Justo cuando el país efectivamente necesitaba un acuerdo nacional para enfrentar la ofensiva criminal de la delincuencia, partidos y gobiernos prefirieron politizar el ambiente de violencia para sacar raja política. Lo malo fue que por enésima vez se pervirtió el concepto de alianza contra el crimen organizado
. 4.- Los partidos le dieron más importancia a la disputa por el poder. El asesinato del candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, ocurrió en un momento de jaloneos internos en la clase política local. Las dos figuras dominantes de ese grupo son el ex gobernador Tomás Yarrington y el gobernador saliente Eugenio Hernández. Los dos pugnaban por acotar a Torre Cantú para garantizar una senaduría en el 2012. En Tamaulipas domina el llamado Grupo Victoria, que controla toda la obra pública en el estado, junto con el ahora candidato suplente, el hermano del asesinado. El gobernador saliente pugnó por imponer a Oscar Almaraz como suplente pero al final ganó el Grupo Victoria con el constructor Egidio Torre Cantú, y con ello dejó ver la victoria política del ex gobernador Yarrington sobre el gobernador Hernández. Así, en la sucesión de Tamaulipas estaba en juego no el estado sino una senaduría para el 2012 entre dos ex gobernadores.

5.- Por tanto, detrás del sentimentalismo por el asesinato en Tamaulipas existe una disputa por el poder local. La nominación del hermano del asesinado inclusive logró apaciguar la ola de indignación política estatal contra el gobernador Hernández, porque en una parte de las exequias hubo momento de tensión por algunas ofensas y reclamos a gritos por la pasividad del gobernador Hernández en la lucha contra la delincuencia. La decisión por hermano impulsada por el Grupo Victoria, dicen en Tamaulipas, lograría inclusive colocar desde ahora en el próximo gobierno a la carta sucesoria para 2016: José Manuel Assad.

6.- Las campañas revelaron la parte desestabilizadora del PAN. La filtración de grabaciones obtenidas ilegalmente contra gobernadores priístas eran el inicio de otras iniciativas igualmente agresivas, pero el crimen en Tamaulipas hubo de detener la operación política. La estrategia del PAN en Oaxaca, Puebla y Veracruz tenía dos objetivos: quitarle al PRI tres entidades consideradas como de reserva de votos y preparar la estrategia que se va a utilizar en las elecciones de gobernador en el Estado de México el próximo año para bajarle puntos al gobernador Enrique Peña Nieto.

7.- Sólo que el clima político se enrareció y la ofensiva panista se detuvo. Peor aún, existen indicios de que el asesinato en Tamaulipas benefició tangencialmente al PRI. La respuesta de la cúpula priísta buscó evitar que el PAN capitalizara el ambiente. De nueva cuenta se dejaron ver indicios de que políticamente cualquier acuerdo contra la inseguridad y el crimen organizado estaría derrotado y que el PRI y el PAN sólo buscaron consolidar posiciones.

8.- Las campañas evidenciaron formas especiales de operación política. El PRI acudió de nuevo a su experiencia de ocupar espacios en el DF a través de operadores para no distraer a los candidatos de las plazas locales. La coalición PAN-PRD, en cambio, le dio prioridad a las campañas en la capital de la república para crear un clima adverso al PRI que pudiera repercutir en sus estados, pero sin tomar en cuenta que las elecciones son locales.

9.- En este contexto, tres experiencias de operación política priísta se centraron en el DF: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Por Oaxaca funcionó el papel del político Luis Martínez Fernández del Campo, antiguo colaborador de Manuel Camacho y luego operador de Luis Donaldo Colosio: logró separar la campaña del conflicto estatal. En Puebla el experto en comunicación política Javier Sánchez Galicia pudo estabilizar la desordenada campaña de Javier López Zavala y neutralizó la maniobra que quería meter al gobernador Marín como tema electoral. Y en el caso de Sinaloa operó Rodrigo Flores, quien trabajó el DF para Jesús Vizcarra. Flores no fue encontrado responsable de la fabricación de documentos falsos contra el candidato de la coalición PAN-PRD y cambió la imagen de su candidato. Los tres frenaron la meta del PAN de hacer campaña negativa en el DF y lograron posicionar candidatos priístas en la capital al margen de los gobernadores salientes.

10.- Para el PRI, la lucha fue de estrategias; para el PAN-PRD, de desesperación. Ahí se dio la diferencia.

Por Carlos Ramirez.

Post RLB.Punto Politico.

julio 01, 2010

Los hispanos se vuelven contra Obama

Arrinconado por los conservadores e ignorado por los demócratas, el movimiento hispano, ofreció una nueva demostración de fuerza en la jornada de protesta contra la ley discriminatoria de Arizona, ha empezado a volverse en contra de Barack Obama. El presidente, incapaz de encontrar los votos que permitan regular el problema migratorio a escala nacional, impotente para ofrecer una respuesta satisfactoria para una comunidad que atraviesa por un momento decisivo de su historia

El problema generado por la ley que criminaliza la inmigración ilegal en Arizona se ha convertido, al margen del desastre ecológico en el golfo de México, en la mayor preocupación de la agenda doméstica de la Casa Blanca y en el asunto que puede decantar la suerte de las elecciones legislativas de noviembre en muchos Estados del país.
Obama se encuentra atrapado en una tensión que, hasta el momento, lo ha paralizado. Por un lado, el caso de Arizona ha despertado un fuerte resentimiento antiinmigratorio entre una mayoría de la población que exige mano dura y acción inmediata. De otra parte, la comunidad latina ha reaccionado ante el hostigamiento con una energía desconocida en busca del apoyo del presidente, su aliado natural.

Obama, que prometió durante la campaña electoral una ley de inmigración en su primer año de mandato, reaccionó desde el principio en contra de la ley de Arizona. Pero, a partir de entonces, no ha encontrado los medios para combatirla. La posibilidad de que el fiscal general la desafiase ante los tribunales no se ha concretado aún, y el borrador de reforma presentado por un grupo de senadores demócratas hace 15 días no ha vuelto a ser discutido. En cambio, esta semana Obama anunció el envío de 1.200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México, una medida destinada a calmar los temores de la población local por el deterioro de las condiciones de seguridad.
La comunidad hispana considera que esa no es la solución, que solo una ley migratoria y la legalización de más de 10 millones de indocumentados puede resolver el problema de raíz. De lo contrario, es muy probable que los latinos castiguen en las urnas no solo a los republicanos que se oponen -lo que se da por hecho- sino al presidente que no cumplió su palabra.
"Quizá la próxima vez no debería prometer una ley migratoria sin más, sino una ley migratoria a menos que ocurra A o B o C", ha declarado el congresista demócrata Luis Gutiérrez, tal vez la voz más representativa del actual movimiento hispano. "Yo no estoy atacando al presidente", añade, "le estoy recordando lo que prometió".

El caso tiene múltiples ramificaciones. Por un lado, lo que empezaron siendo manifestaciones de rechazo a la ley de Arizona se ha acabado convirtiendo, semanas después, en todo un movimiento reivindicativo con visos de perdurar. El pasado 1 de mayo salieron a la calle alrededor de un millón de personas en decenas de ciudades en todo el país. Esta semana, otras varias decenas de miles han viajado desde todos los rincones hasta Phoenix, la capital de Arizona, para demostrar la vigencia de su causa. Varios grupos y activistas han surgido en los últimos días, aprovechando la agilidad de los nuevos medios de comunicación, para multiplicar la audiencia de esta reivindicación.
La comunidad hispana está, pues, presente en la política norteamericana como nunca lo ha estado antes. Eso ha estimulado, a su vez, el surgimiento de otros grupos que creen necesario defenderse de los inmigrantes ilegales y reforzar las fronteras norteamericanas. El boicot a Arizona decretado por una veintena de ciudades de Estados Unidos ha sido contestado por el nacimiento de un movimiento denominado "buycott" que defiende la compra de productos de ese Estado. Sarah Palin, que ha concentrado su actividad desde hace tiempo en la denuncia de la inmigración ilegal, es la principal impulsora de ese grupo.
En medio queda Obama. El presidente no ganó las elecciones por el apoyo de los hispanos, pero puede perderlas sin ellos. En noviembre de 2008, el voto latino no fue suficiente para compensar la mayoría republicana en Estados como Tejas y Arizona, pero los demócratas avanzaron en ambos y confiaban en seguir haciéndolo hasta acercarse a la victoria en 2012. Eso está actualmente en peligro, y la primera prueba puede llegar el próximo noviembre. Mientras el voto conservador se ha movilizado a favor de los candidatos que se solidarizan con Arizona, el voto hispano -y sus apoyos en la izquierda- está en pleno proceso de decepción.
No existe una solución fácil. La reforma migratoria ha sido una batalla perdida antes por otros presidentes, incluido George Bush. En el tiempo reciente, la agudización de la violencia en México solo ha exacerbado la xenofobia y agravado la situación. La demagogia ha crecido, los casos de discriminación a los hispanos, incluso de abuso o maltrato, se han multiplicado. Al ser la casi totalidad de los ilegales de origen latino, su presencia aquí se ve, además, como una invasión que transformará este país. Políticamente, el problema se ha hecho más explosivo, casi inmanejable.
Los congresistas demócratas de distritos más conservadores o de mayoría anglosajona se resisten a respaldar una ley para legalizar a los indocumentados. Ante esa realidad, Luis Gutiérrez asegura que Rahm Emanuel, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, le ha recomendado a Obama no dar ni un paso. Gutiérrez (y otros millones de Gutiérrez, García y González) intentarán obligarle a hacerlo.

Por Antonio Caño

Post RLB Punto Politico.