Doble crisis: PIB e impuestos + Sociedad paga error de SHCP
El paquete de política económica presupuestal para 2010 se movió en contexto de dos dilemas: ingresos fiscales adicionales para tapar hoyos en las finanzas públicas o relanzar una estrategia de desarrollo. Y tuvo decidir entre el combate a la pobreza o la creación de empleos. La decisión fue ortodoxa: disminuir déficit y atender programas sociales. El costo será alto: recesión, desempleo y empobrecimiento de clases medias.
Por tanto, la política económica para el 2010 formaría parte de un clásico programa de estabilización macroeconómica fondomonetarista, con prioridad en tres puntos: equilibrar las finanzas públicas, controlar la inflación y posponer cualquier reforma integral del modelo de desarrollo.Como en economía no hay fórmulas mágicas, el programa para 2010 será recesivo. Y tiene un origen equivocado: la lucha contra la pobreza es un programa técnicamente improductivo porque no genera actividad económica. Paradójicamente la pobreza es efecto de la falta de PIB.
La previsión de una fase de estancamiento económico llevó a las autoridades a estimar una caída adicional en los ingresos y por tanto a proponer una política fiscal recaudatoria adicional. La falta de inversión en infraestructura y el aumento de impuestos llevarán a la economía a un periodo de falta de actividad económica.
La política económica ortodoxa decidió por la estabilidad y no por la reactivación del crecimiento. La sola decisión de cobrar más impuestos al consumo adelanta un año productivo difícil para 2010. Una decisión heterodoxa le apostaría a la inversión productiva y la creación de empleo, para que la actividad económica dinamizada aumentara los impuestos recaudados. Es decir, la riqueza multiplica la riqueza. La pobreza ahonda la pobreza. El desarrollo es consecuencia del crecimiento económico.
Al final, la política fiscal paradójicamente va a aumentar la desigualdad social. El dinero forma parte de lo que se conoce como economía cero: lo que se aumenta por un lado se quita de otro. La decisión de tapar el hoyo de la pobreza de las mayorías llevó a la Secretaría de Hacienda a diseñar una política económica de castigo adicional a las familias medias quitándole ingresos por la vía fiscal y por tanto reduciendo gasto familiar para bienestar. Con ello, familias en crisis por la caída del PIB ahora tendrán menos disponibilidad salarial por los aumentos de impuestos y de precios. Es decir, se abrirá el hoyo del empobrecimiento de la clase media.
Lo malo de la estrategia económica de Hacienda fue que ignoró el mensaje del presidente Calderón del pasado 2 de septiembre, cuando el segundo informe de gobierno anunció un “cambio de fondo”. La política económica para el 2010 es típicamente fondomonetarista y por tanto promotora de mayor desigualdad social. Ahora la clase media tendrá que pagar la factura de la imprevisión gubernamental sobre la dimensión de la crisis de 2008.
De haber sido coherente con el discurso oficial, el gobierno federal tenía otros caminos para el ahorro presupuestal: por ejemplo, regresar a la planta laboral burocrática del 2000, con lo que se hubiera ahorrado más de 200 mil millones de pesos. También supervisar con mayor firmeza la política de compras del sector público, donde las fugas podrían sumar de miles de millones de pesos. Y terminar con el pago del Fobaproa.
Asimismo, debe hacerse un examen a fondo de las razones del déficit, más allá de la caída en ingresos por la recesión y más cerca de las razones de gastos desordenados. El recorte anunciado por el presidente Calderón es menor al gasto ejercido en los años de la crisis. De ahí que falte otro jalón de ahorro presupuestal público que equilibre los costos sociales de la crisis.
La opción fiscal y por tanto recesiva es insuficiente porque no podrá bajar las cifras de pobreza y sí aportará elementos para mantener crecimientos económicos bajos. Un empleo productivo es la forma más eficaz y sana de combatir la pobreza. Pero el FMI ha impuesto la condicionalidad de la estabilización macroeconómica vía política fiscal por encima del desarrollo.
La política económica para 2010 será, pues, empobrecedora y recesiva y sólo tendrá el propósito de estabilizar las finanzas públicas. En su concepción, está política económica estabilizadora es exactamente la misma que han aplicado los gobiernos priístas desde la crisis de 1973 y responde a la lógica del FMI, de cuya institución Agustín Carstens fue número dos antes de llegar a Hacienda.
El debate fiscal está abierto y ha borrado las ideologías. Ayer miércoles, por ejemplo, el líder español de centro-derecha Mariano Rajoy increpó al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por su iniciativa de aumentar impuestos para tapar los hoyos del déficit presupuestal. Y Rajoy hizo un resumen del efecto negativo del alza fiscal, una crítica desde la derecha:
“Aumentar la carga fiscal supondrá menos inversión, menos consumo, menos confianza, menos puestos de trabajo, más crisis y, además, no solucionará el problema del déficit, porque no hay subida de impuestos capaz de tapar el agujero que usted ha creado”.
Lo malo de todo es que el compromiso gubernamental del 2 de septiembre iba por otro lado.
La política económica ortodoxa decidió por la estabilidad y no por la reactivación del crecimiento. La sola decisión de cobrar más impuestos al consumo adelanta un año productivo difícil para 2010. Una decisión heterodoxa le apostaría a la inversión productiva y la creación de empleo, para que la actividad económica dinamizada aumentara los impuestos recaudados. Es decir, la riqueza multiplica la riqueza. La pobreza ahonda la pobreza. El desarrollo es consecuencia del crecimiento económico.
Al final, la política fiscal paradójicamente va a aumentar la desigualdad social. El dinero forma parte de lo que se conoce como economía cero: lo que se aumenta por un lado se quita de otro. La decisión de tapar el hoyo de la pobreza de las mayorías llevó a la Secretaría de Hacienda a diseñar una política económica de castigo adicional a las familias medias quitándole ingresos por la vía fiscal y por tanto reduciendo gasto familiar para bienestar. Con ello, familias en crisis por la caída del PIB ahora tendrán menos disponibilidad salarial por los aumentos de impuestos y de precios. Es decir, se abrirá el hoyo del empobrecimiento de la clase media.
Lo malo de la estrategia económica de Hacienda fue que ignoró el mensaje del presidente Calderón del pasado 2 de septiembre, cuando el segundo informe de gobierno anunció un “cambio de fondo”. La política económica para el 2010 es típicamente fondomonetarista y por tanto promotora de mayor desigualdad social. Ahora la clase media tendrá que pagar la factura de la imprevisión gubernamental sobre la dimensión de la crisis de 2008.
De haber sido coherente con el discurso oficial, el gobierno federal tenía otros caminos para el ahorro presupuestal: por ejemplo, regresar a la planta laboral burocrática del 2000, con lo que se hubiera ahorrado más de 200 mil millones de pesos. También supervisar con mayor firmeza la política de compras del sector público, donde las fugas podrían sumar de miles de millones de pesos. Y terminar con el pago del Fobaproa.
Asimismo, debe hacerse un examen a fondo de las razones del déficit, más allá de la caída en ingresos por la recesión y más cerca de las razones de gastos desordenados. El recorte anunciado por el presidente Calderón es menor al gasto ejercido en los años de la crisis. De ahí que falte otro jalón de ahorro presupuestal público que equilibre los costos sociales de la crisis.
La opción fiscal y por tanto recesiva es insuficiente porque no podrá bajar las cifras de pobreza y sí aportará elementos para mantener crecimientos económicos bajos. Un empleo productivo es la forma más eficaz y sana de combatir la pobreza. Pero el FMI ha impuesto la condicionalidad de la estabilización macroeconómica vía política fiscal por encima del desarrollo.
La política económica para 2010 será, pues, empobrecedora y recesiva y sólo tendrá el propósito de estabilizar las finanzas públicas. En su concepción, está política económica estabilizadora es exactamente la misma que han aplicado los gobiernos priístas desde la crisis de 1973 y responde a la lógica del FMI, de cuya institución Agustín Carstens fue número dos antes de llegar a Hacienda.
El debate fiscal está abierto y ha borrado las ideologías. Ayer miércoles, por ejemplo, el líder español de centro-derecha Mariano Rajoy increpó al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por su iniciativa de aumentar impuestos para tapar los hoyos del déficit presupuestal. Y Rajoy hizo un resumen del efecto negativo del alza fiscal, una crítica desde la derecha:
“Aumentar la carga fiscal supondrá menos inversión, menos consumo, menos confianza, menos puestos de trabajo, más crisis y, además, no solucionará el problema del déficit, porque no hay subida de impuestos capaz de tapar el agujero que usted ha creado”.
Lo malo de todo es que el compromiso gubernamental del 2 de septiembre iba por otro lado.
Por Carlos Ramirez
Post RLB. Punto Politico.
