IVA: Ciudadanos y Curuleros + No tax without representation
En un acto de frialdad pragmática, diputados y senadores del PRI y del PAN se han olvidado de sus funciones de representación popular y han llevado la definición de la política fiscal para el 2010 no al terreno de la defensa del ciudadano sino al de buscar solamente quién va a tener que pagar los costos políticos y electorales de la decisión.
El problema radica en que los legisladores --en otra fase de su perfil de curuleros que definió el escritor José de la Colina-- se han negado a cumplir con su tares de reformular la política fiscal para que cumpla con su objetivo de redistribuidora del ingreso y promotora del desarrollo y han dado vueltas de noria alrededor de la decisión de aumentar las contribuciones que dañarán a sus representados, los ciudadanos. Los parlamentos nacieron en la primera mitad del segundo milenio en la Gran Bretaña como una forma de contener los abusos de los monarcas a la hora de imponer impuestos a los ciudadanos para financiar los gastos suntuosos de la corte. Al grito de “no contribución sin representación” --no taxation without representation--, los parlamentos se convirtieron en una aduana a los abusos monárquicos.
Sin embargo, los legisladores mexicanos han incumplido su tarea de proteger el bienestar de los ciudadanos y se han convertido en los legitimadores de los aumentos de impuestos solicitados por el ejecutivo. El parlamento mexicano ya no es una aduana para impedir políticas fiscales públicas dañinas sino que se convirtió en una modesta ventanilla de oficialía de partes para tramitar las solicitudes gubernamentales de aumentos de impuestos. La idea original de los parlamentos fue de obligar a los monarcas a no gastar tanto dinero, no tramitarles sus requerimientos.
En el considerando uno de la Petición de Derechos del Reino de Gran Bretaña (que retoma el estatuto de Tallagio non Concedendo de 1306), del 7 de junio de 1628 se establecen los límites en el cobro de impuestos:
“Los Lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en Parlamento recuerdan muy humildemente a nuestro soberano y señor el Rey que se declaró y decretó por una ley (statute) promulgada bajo el reinado de Eduardo I, y conocida con el nombre de ley de tallagio non concedendo, que el Rey o sus herederos no impondrían ni percibirían impuesto o subsidio alguno en este Reino sin el consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, varones, caballeros, burgueses y otros hombres libres de los ayuntamientos de este Reino;
“que, por la autoridad del Parlamento, convocado en el vigésimo quinto año del reinado de Eduardo III, se declaró y estableció que en lo sucesivo nadie podría ser obligado a prestar dinero al Rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la razón y a las libertades del Reino: que otras leyes del Reino prohíben percibir cargas o ayudas conocidas con el nombre de don gratuito (benevolence) o cualesquiera otras imposiciones análogas; que por dichos estatutos u otras leyes válidas de este Reino, vuestros súbditos han heredado esa franquicia, a saber, que no podrán ser compelidos a participar en impuesto, exacción, ayuda o carga alguna sin el consentimiento general de la comunidad expresado en el Parlamento”.
Sin embargo, los legisladores mexicanos han incumplido su tarea de proteger el bienestar de los ciudadanos y se han convertido en los legitimadores de los aumentos de impuestos solicitados por el ejecutivo. El parlamento mexicano ya no es una aduana para impedir políticas fiscales públicas dañinas sino que se convirtió en una modesta ventanilla de oficialía de partes para tramitar las solicitudes gubernamentales de aumentos de impuestos. La idea original de los parlamentos fue de obligar a los monarcas a no gastar tanto dinero, no tramitarles sus requerimientos.
En el considerando uno de la Petición de Derechos del Reino de Gran Bretaña (que retoma el estatuto de Tallagio non Concedendo de 1306), del 7 de junio de 1628 se establecen los límites en el cobro de impuestos:
“Los Lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en Parlamento recuerdan muy humildemente a nuestro soberano y señor el Rey que se declaró y decretó por una ley (statute) promulgada bajo el reinado de Eduardo I, y conocida con el nombre de ley de tallagio non concedendo, que el Rey o sus herederos no impondrían ni percibirían impuesto o subsidio alguno en este Reino sin el consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, varones, caballeros, burgueses y otros hombres libres de los ayuntamientos de este Reino;
“que, por la autoridad del Parlamento, convocado en el vigésimo quinto año del reinado de Eduardo III, se declaró y estableció que en lo sucesivo nadie podría ser obligado a prestar dinero al Rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la razón y a las libertades del Reino: que otras leyes del Reino prohíben percibir cargas o ayudas conocidas con el nombre de don gratuito (benevolence) o cualesquiera otras imposiciones análogas; que por dichos estatutos u otras leyes válidas de este Reino, vuestros súbditos han heredado esa franquicia, a saber, que no podrán ser compelidos a participar en impuesto, exacción, ayuda o carga alguna sin el consentimiento general de la comunidad expresado en el Parlamento”.
Antes que rehacer la política fiscal vinculándola a la política de gasto y revisando los excesos de las finanzas públicas, los legisladores del PRI y del PAN se han dedicado a echarse uno a otro la pelotita de la responsabilidad del aumento del IVA que sugirió Hacienda. Este hecho llevó al absurdo de violentar el espíritu de la relación contribución-representación: como si en los tiempos de las monarquías parlamentarias los legisladores obligaran a los ciudadanos a pagar más impuestos para gastos excesivos de la corte del reino.
La política fiscal debería tener una función: financiar los programas de desarrollo, no utilizarlos para tapar los hoyos del déficit presupuestal. El PRI prometió meterle a fondo las manos a la propuesta de Hacienda para definir una estrategia de desarrollo que sacara al país de la recesión, pero al final el PRI avaló el Plan B de Hacienda de aumentar 1 punto porcentual el IVA y con ello afectar la capacidad de compra de los ciudadanos.
El conflicto sobre la política fiscal no radica en su potencialidad para detonar una nueva fase de crecimiento sino en encontrar al chivo expiatorio que pague los platos rotos en las urnas en las próximas elecciones. A ese nivel tan bajo ha caído la calidad de los legisladores ahora en sus funciones de curuleros. El PRI obligó a Hacienda a aceptar la responsabilidad en la propuesta de subir 1 punto el IVA, pero al final de cuentas el PRI en la cámara de diputados le dio a esa decisión la mayoría en un acto de corresponsabilidad. Ahora el PRI en el Senado quiere obligar al PAN a cargar con el voto a través de la abstención de los senadores tricolores.
Así, los legisladores mexicanos corrigieron a los fundadores del parlamentarismo quitándole la palabra condicional al dogma fiscal y dejándolo sólo el castigo fiscal: contribución sin representación. La gran lección de la política fiscal de 2009 es que el congreso no cumplió su función histórica. Así de simple.
Por Carlos Ramirez
Post RLB. Punto Politico.
