Anulación electoral, imposible + Tendría que ser toda la elección
La solicitud de anulación de
la elección presidencial que hizo el equipo jurídico de Andrés Manuel López
Obrador será negada en tribunales. Pero no por razones
políticas sino de procedimiento: es imposible anular solamente
la votación de presidente de la república en una elección que involucró otras
votaciones federales y estatales.
Por tanto, los márgenes de
maniobra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán estrechos.
No hay forma de separar la elección de presidente de la de diputados federales
y senadores y de gobernadores pues todos se dieron en la misma casilla,
con los mismos electores y con los mismos funcionarios
electorales.
De ahí la radicalización adelantada
del programa de lucha de López Obrador para impedir la
calificación de Enrique Peña Nieto y de descalificar una elección
donde hubo dos millones de ciudadanos a cargo y donde en la elección
presidencial perdió el partido en el poder. Y a ello se agrega
el hecho de que la ventaja del PRI fue de casi 7 puntos
porcentuales y 3.4 millones de votos.
Pese a esas certezas del
proceso electoral, de todos modos López Obrador buscará mantener la radicalización de
su movimiento para no aceptar la derrota y para culpar a los demás de la falta
de votos a su favor. Por lo pronto, el tabasqueño está dejando sueltos a
los grupos radicales para pasar a la violencia en protestas y en tomas de
empresas privadas como una forma de cohesionar la fortaleza
del grupo disidente.
El error del
equipo jurídico de López Obrador en su impugnación radicó en el hecho de
centrarse sólo en la elección presidencial, pero con datos reveladores de que
el mismo votante que supuestamente fue comprado por el PRI
votó a favor del PRI en la presidencial pero en contra del PRI
en las legislativas federales. Jurídicamente es imposible encontrar
una explicación documentable --como lo estableció Mauricio Farah en su análisis
publicado en Milenio el pasado lunes 12 de julio--: el voto diferenciado en
las preferencias en una misma votación significó un voto razonado que
indicó una capacidad de decisión del elector al margen de las supuestas compras
de su conciencia.
En este sentido, de ser
cierta la queja de López Obrador, el voto por el PRI debió de haber sido
el mismo en los cuatro niveles: presidente de la república,
senadores, diputados federales y gobernadores y jefe de gobierno. Pero en el
DF, por ejemplo, el candidato del PRD Miguel Angel Mancera tuvo más votos
que López Obrador y que Peña Nieto y en términos generales.
El razonamiento de Farah es
fundamental y se explica en los datos oficiales:
--A nivel de presidente de
la república el PRI sin alianza tuvo 28.94% de los votos, el PRD sin alianza
alcanzó 19.37 y el PAN llegó a 24.49.
--En la votación de
senadores, el PRI sacó 31.25%, más que Peña Nieto, el PRD llegó a
18.56%, menos que López Obrador, y el PAN tocó techo con 26.28% de los votos,
menos de un punto más que Vázquez Mota.
Las cifras comparativas
hacen trizas el argumento desesperado de López Obrador de que
Peña Nieto había comprado los votos; en todo caso, debería
reconocer que el PRD y el PAN fracasaron en la construcción de
una alternancia anti PRI y el votante decidió una alternancia hacia el PRI que
había destronado en el 2000.
Los datos diferenciados de
las votaciones de presidente, senadores, diputados federales y
gobernadores-jefe de gobierno del DF no checan con la
argumentación retórico de López Obrador; sirven esos apasionamiento, eso sí,
para calentar la plaza y ofrecerle a sus seguidores el
argumento del fraude. El problema de López Obrador es que su acusación de
fraude es jurídicamente inconsistente, aunque políticamente
capitalizable ante masas que ya veían a su líder despachando en Los Pinos y no
como “presidente legítimo” en el zócalo de la ciudad de
México.
La única manera
que tiene López Obrador de fundamentar su acusación de fraude --sin contar con
las pruebas que pasen la prueba jurídica en los tribunales,
cuyos funcionarios fueron electos en el congreso por los partidos y sin intervención
presidencial-- sería con la aplicación de la propuesta de
Adolfo Gilly: que todos, pero absolutamente todos, los candidatos triunfadores
del PRD se nieguen a asumir el cargo que les dieron las urnas
bajo el argumento de que fueron elecciones fraudulentas.
La protesta de López
Obrador sí calentaría la política si en su momento Miguel
Angel Mancera, los jefes delegacionales electos y el poder legislativo del
DF rechazaran los cargos y dejaran las instancias de gobierno
sin titulares. De otro modo, los magistrados del tribunal electoral no podrán
explicar la anulación de la elección presidencial que denunció López Obrador,
si los demás perredistas electos ya recibieron su constancia de
mayoría y se disponen a tomar posesión de sus cargos.
Lo de menos es
el asunto político o, podrían decir los lopezobradoristas, la falta de
solidaridad de los perredistas electos. El asunto es jurídico:
¿cómo determinar que hubo fraude en la elección de presidente si existió voto
diferenciado y razonado en el electorado al votar por diferentes partidos
en la misma casilla y en elecciones de otros niveles?
El error jurídico
de López Obrador fue haber solicitado la anulación de la votación presidencial
sin tomar en cuenta las otras votaciones. Farah le recuerda a López Obrador los
datos: en el 2012 subió 1.1 millones sus votos con respecto al
2006, pero ante un aumento de más de 8 millones de votantes en un sexenio; es
decir, sólo convenció al 13% de los nuevos votantes.
El voto diferenciado es
la prueba de que el electorado voto como quiso.
Por Carlos Ramírez.
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