El Renaut: Burocracia sin sentido

Hay leyes que no sirven más que para detener al país. La que dio origen al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) es una de ellas.

Fue creada para supuestamente evitar que los secuestradores o extorsionadores puedan utilizar teléfonos celulares en sus actividades ilícitas. Es claro que para eso no servirá, ya que no hay nada más fácil para un criminal que robar un celular, pero sí dejará a millones de mexicanos sin conexión móvil.

La Ley del Renaut estableció como fecha límite el 10 de abril para hacer la conexión de los 83 millones de teléfonos celulares que hasta hace algunos días había en nuestro país. La fecha llegó con solamente el 70 por ciento de los teléfonos registrados. En algunos casos el registro era muy fácil, en otros una verdadera pesadilla burocrática. Pero el hecho es que para la fecha de corte faltaban 25 millones de celulares por registrar.

El Senado se había negado a dar una prórroga a los usuarios de celular. La empresa Movistar trató de ponerse en rebeldía y negarse a desconectar los teléfonos de quienes no pudieran registrarse. Pero la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, encargada por ley de llevar a cabo este registro, la amenazó con multarla y llegar incluso a suspenderle la concesión. Lo curioso del caso es que la propia Cofetel dio su propia prórroga al permitir que siguieran operando los teléfonos mientras mantenía una “ventana abierta” para nuevos registros después de vencido el plazo del 10 de abril.

Debemos suponer que mucha más gente, al quedarse sin teléfono, hará todo lo posible por registrarse en los próximos días. Pero el proceso burocrático no ha terminado. Miles de personas se registraron con nombres falsos o utilizando los datos de otras personas. Una de las cosas que hemos aprendido en este proceso de registro es que cualquiera puede obtener por internet los datos de la CURP de otra persona. De esta forma, miles de personas se han registrado ahora en el Renaut con los nombres de Carlos Slim o del presidente Felipe Calderón. Millones, sin duda, se hicieron con datos falsos. Empezará a partir de ahora, por lo tanto, un largo y complicado proceso para validar la información que se ha acumulado en el Renaut. No hemos llegado al final del laberinto.
El Renaut se ha convertido en una nueva, costosa y engorrosa burocracia para los mexicanos. Lo peor de todo es que no se ve cómo pueda tener el beneficio para el que supuestamente se creó. Parece absurdo pensar que los secuestradores y extorsionadores utilizarán teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo sus actividades.

Si fuera imposible realmente obtener un teléfono de manera ilegal, las autoridades habrían encontrado una forma infalible de detener el secuestro o la extorsión. Pero no nos hagamos ilusiones vanas. Ya ha surgido un mercado negro de teléfonos registrados con datos falsos. Lo peor de todo es que no se requiere más de un minuto para robar un teléfono celular el cual podrá después ser utilizado para cualquier acto ilícito.

Por Sergio Sarmiento

Post RLB, Punto Politico.

Mano dura contra ciudadanos + Mano blanda con delincuentes

Mientras el gobierno federal apretaba las tuercas a los ciudadanos para obligarlos a registrar su celular sin garantías de confidencialidad y en función de una ley retroactiva, el crimen organizado seguía impidiendo la instalación de bloqueadores de celulares en reclusorios.

Lo grave de todo es que en plena redefinición de políticas de seguridad pública, los ciudadanos sin vinculación con la delincuencia tienen menos derechos que los miembros del crimen organizado. A los usuarios de celulares no sólo se les aplicó una ley retroactiva sino que además se les advirtió que no podrán utilizar, con riesgo de castigos adicionales, uno de los instrumentos jurídicos creados precisamente para enfrentar los abusos del poder: el amparo.

Como siempre ocurre, la política de seguridad pública se sigue moviendo en la improvisación. La idea del registro de celulares no es mala, sólo que se aplicó de manera arbitraria. Por ejemplo, primero se obligó a los ciudadanos a registrar sus aparatos con nombres y es la hora en que no se aprueba la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Hace unos días se aprobó el dictamen pero todavía no la ley. Y puede darse el absurdo jurídico de que la ley aprobada y en vigor no pueda hacerse efectiva por la existencia del principio de no retroactividad.
El primer párrafo del artículo 14 Constitucional establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que el principio de no retroactividad: en la resolución de amparos, la Corte ha dictaminado que no se viola el principio de retroactividad cuando las leyes o actos concretos de aplicación “sólo afectan simples expectativas de derecho y no derechos adquiridos”.
En el caso de los celulares, el derecho a la privacidad es un derecho adquirido con anterioridad al registro de celulares. Por tanto, la obligación de registrar los números de celulares sí está violando el principio de retroactividad porque afecta los derechos adquiridos de los ciudadanos. Y peor aún cuando la información carece de una ley de privacidad regulatoria y cualquier persona tiene la posibilidad de acceder a esa información.

En junio del 2009, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que el registro de celulares podía aumentar los secuestros y las extorsiones por la facilidad con la que la lista de nombres podría llegar a los delincuentes. El Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos no tiene una ley para proteger la privacidad de los nombres de usuarios. De ahí que el gobierno federal primero debió de poner en vigor la ley de protección de datos personales en posesión de particulares y después obligar al registro.

Como ocurre con hechos mediáticos, las autoridades utilizan toda la fuerza represiva del Estado contra el ciudadano indemne y no contra la delincuencia. Por ejemplo, un tercio de usuarios de celulares verán canceladas sus líneas telefónicas, mientras el gobierno del DF no sabe qué pretexto inventar para evitar la colocación de bloqueadores de líneas celulares en los reclusorios. En efecto, en las cárceles del DF existe una corrupción escandalosa que les permite a los presos tener celulares con los cuales extorsionar al ciudadano desde el interior de los reclusorios. Ahora resulta que es más fácil intimidar al ciudadano para obligarlo a registrar su teléfono que doblegar al delincuente que goza de la corrupción de custodios para usar con impunidad y facilidad los celulares en las cárceles. Los ciudadanos no podrán usar celulares sin registro pero sí los tendrán los criminales.

La explicación de un subsecretario de Seguridad Pública Federal resume el conflicto de por qué no se van a bloquear los celulares en las cárceles: “es complicado (bloquear los celulares en reclusorios) porque no olvidemos que la mayor parte de los penales en México se encuentran ubicados muy próximos o inmersos en los núcleos de poblaciones en las zonas urbanas. Entonces se llega a afectar los derechos de terceros, de gente que no tiene que ver con el delito”. Este argumento es suficiente para señalar que se están afectando los derechos de terceros de 25 millones de personas que no registraron su celular y perderán sus líneas, en lugar de comprar aparatos sofisticados para bloquear celulares en zonas específicas.

El otro problema podría ser considerado de abuso de autoridad contra los ciudadanos. La ley federal de telecomunicaciones (artículo 44) y la resolución del registro de celulares en el Renaut (párrafo segundo del artículo tercero) obliga a los concesionarios a registrar los nombres de los usuarios y nada dice sobre la obligación de los usuarios. Y como el derecho mexicano tiene el principio de que es obligatorio exclusivamente lo que dice la ley y lo que no dice está permitido, entonces los usuarios no tenían la obligación de registrar sus datos y por tanto la cancelación de líneas no sólo es ilegal y violatorio de la ley sino que representa un verdadero abuso de poder.
Al final queda la impresión de que toda la fuerza del Estado abusa del ciudadano indemne y poco hace para poner a raya a los delincuentes.

Por Carlos Ramirez.

Post RLB. Punto Politico.