Vacíos de poder y de gobierno + Por eso narco escala violencia
Aunque los cárteles del
narcotráfico carecen de estrategas políticos, de todos modos se mueven por
intuiciones de corto plazo. De ahí que la contraofensiva del crimen organizado
en una docena de entidades de la república de la zona centro-sureste sea
correlativa al vacío de poder y vacío de gobierno posterior a las elecciones
presidenciales.
México vive uno de sus más
inquietantes interregnos presidenciales: el partido del presidente Calderón
perdió las elecciones, el PRI opositor llega sin un aparato de inteligencia y
seguridad nacional suficientemente cohesionado y las oficinas oficiales para
esos menesteres han sido atadas de manos, les pusieron una vendas en los ojos y
no tienen prótesis auditivas luego de que los derechos humanos afectaron sus
oídos internos y disminuyeron su capacidad.
A ello se agrega la
incomprensión de algunas organizaciones e instituciones respecto a la decisión
gubernamental de lanzar una ofensiva contra las bandas del crimen organizado
que se habían sentado en zonas territoriales de soberanía del Estado. Las
decisiones oficiales, de derechos humanos y en la Corte Suprema han hecho
inefectiva la lucha contra los cárteles de la droga. Ello ha sido aprovechado
por las bandas criminales para aumentar su criminalidad y arrinconar al Estado
en espacios estrechos de los derechos humanos.
El acotamiento a las fuerzas
de seguridad, la alternancia partidista en la presidencia de la república, la
tardanza en la declaración de presidente electo han dejado prácticamente a la
sociedad en un vacío de poder, de autoridad y de decisión de seguridad por,
hasta ahora, dos meses. Y mientras más debilite López Obrador al próximo
presidente de la república con acusaciones sin fundamento, la capacidad de
gestión del poder presidencial será menor y a favor de las bandas criminales.
El activismo del narco en los últimos días en Nuevo León, San Luis Potosí,
Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Estado de México y
Distrito Federal corresponde a ese vacío institucional de poder: el presidente
saliente ya no tiene fuerza, los derechos humanos han paralizado la acción de
seguridad y el próximo presidente tardará en ser reconocido y tendrá que lidiar
primero con la campaña de descrédito del PRD.
A ello se agrega el avance
del poder corruptor del narcotráfico: entidades de la república donde los
funcionarios están al servicio de las bandas criminales, incapacidad de
gobiernos estatales para crear policías resistentes a la corrupción del narco,
políticos en activo al servicio del narco, corrupción del narco en sectores
militares, políticos, empresariales, bancarios y ahora hasta altos niveles de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y en medio de la parálisis
del sector público lo mismo por corrupción que por decisiones de la Corte
Suprema se desarrolla una campaña de desprestigio del poeta y anarquista
católico Javier Sicilia en los Estados Unidos con la única intención de que el
gobierno de Calderón detenga la ofensiva contra el narco y regrese de inmediato
a los militares a sus cuarteles, lo que significa de modo automático la entrega
de las plazas a los cárteles del narcotráfico. Sicilia fue a los EU a pedir más
intervencionismo de la Casa Blanca en asuntos mexicanos.
La atención en el tema de
inteligencia y seguridad nacional ha pasado, de modo natural, al candidato
ganador de las elecciones, Enrique Peña Nieto. Y si en su entorno existe
sensibilidad, entonces desde ahora debería de entender que el problema número
uno de México no es el empleo, ni la reforma política, ni las reformas
estructurales, ni López Obrador, ni la toma de posesión, sino la necesidad
urgente de tomar desde ahora mismo los controles de las decisiones de seguridad
nacional, sobre todo por la contraofensiva de los cárteles del narcotráfico en
una docena de entidades.
Para colmo de la
incomprensión hacia el uso de las fuerzas armadas, las acciones de violencia
del crimen organizado en esas entidades no han podido detenerse con la policía
sino que se hace necesaria e inevitable la intervención directa del ejército;
pero sería comprensible que los militares sean más reacios en operar mecanismos
de contención contra el crimen organizado si en estos días la Corte Suprema
sigue acotando su accionar con los derechos humanos.
Lo grave del asunto es que
los casos de violación de derechos humanos por parte de militares han sido
daños colaterales o formaron parte de abuso de poder de militares que ya fueron
juzgados por tribunales militares y, paradójicamente para la Corte Suprema,
esos expedientes fueron enviados a tribunales civiles por los propios
tribunales militares; en realidad, la Corte sólo ha decidido cuestiones de
competencia de tribunales, no de negativa militar a castigar abusos. Pero los
militares tendrían a su favor todas las razones para negarse a combatir
delincuentes si la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad judicial
sólo están pensando en castigar abusos ajenos a comportamientos militares. Si
la sociedad castiga a los militares, lo mejor es que los militares regresen ya
a sus cuarteles y que la sociedad de defienda sola.
En este tiempo político de
coyuntura delicada necesita Peña Nieto desde ahora mismo tomar las riendas del
control de la política de inteligencia y seguridad nacional, así como en el
pasado el presidente electo controlaba la Secretaría de Hacienda y la embajada
de México en los EU. Las decisiones urgentes del gobierno de Calderón para
encarar la contraofensiva del narco deben de estar avaladas por Peña Nieto como
próximo presidente de la república.
Si Calderón y Peña Nieto van
a esperar tres y medio meses para la entrega de los instrumentos de poder y en
medio de una contraofensiva del narco, al país le esperan días más aciagos y
violentos. Y peores si hasta ahora casi nadie se atreve a condenar al crimen
organizado a pesar de que el 95% de los muertos en el sexenio fueron producto
de una guerra entre cárteles.
Por Carlos Ramirez.
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