Francia: la doctrina Juárez + Orgullo de nación ofendida

El presidente francés Nicolás Sarkozy parece decidido a olvidar o a ignorar la historia de las relaciones bilaterales con México. Después de la segunda intervención francesa en el siglo XIX que impuso aquí a un príncipe extranjero, el presidente Benito Juárez decretó contra Francia la doctrina de un país agredido.

En el porfiriato., Vida política exterior. Segunda parte, de la Historia Moderna de México, Daniel Cosío Villegas reconstruye con malicia lo que tuvo que pasar Francia para reanudar relaciones diplomáticas con el país al que invadió y salió derrotado. Más de trece años tardó Francia en encontrar un camino tangencial hasta que tuvo que someterse a la Doctrina Juárez.

En diciembre de 1867, luego de restaurar la república, Juárez abrió las sesiones del Congreso con un discurso en el que estableció las condiciones para reanudar relaciones con los EU, Inglaterra y Francia. Los primeros dos países no tuvieron problemas. Pero a Francia, cuenta Cosío, Juárez prácticamente la humilló como pago a la invasión militar:
“Ellas (las potencias europeas), rompieron voluntariamente sus relaciones con México; unas, porque le hicieron la guerra; y las demás, porque desconocieron a la República (Mexicana) al reconocer al gobierno espurio de Maximiliano. México, ante esta situación, no se niega a reanudar las relaciones, pero lo hará sólo cuando se llenen estos tres requisitos: que esas potencias manifiesten su deseo y su interés en el restablecimiento de relaciones; que admitan la caducidad de todos los tratados y convenciones vigentes antes de la Intervención y que los nuevos (tratados) que los reemplacen se negocien sobre bases justas y convenientes para el país”.

Las relaciones pudieron ser reanudadas hasta 1880 y luego de que Francia tuvo que negar cualquier exigencia para el pago de daños por la guerra y que aceptar que México tenía derecho de hacer reclamaciones por la invasión. La Francia que invadió México fue la de Napoleón III --apodado El Pequeño por Víctor Hugo en una novela paródica-- y la Francia que quiso reanudar relaciones fue la de los republicanos que inclusive apoyaron a México contra la invasión francesa.
Pero a cada intento de Francia, México enarbolaba la Doctrina Juárez de un país agredido militarmente. Las tres condiciones de Juárez fueron aterrizadas en puntos aún más concretos: que Francia le diera a México el grado de nación más favorecida, que le pagara una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa de la Intervención y que renunciara a sus reclamaciones contra México.

Francia se negó, buscó caminos a veces extraños y cómicos, ofreció que la reanudación se realizara simultáneamente con precisión horaria. Funcionarios y diplomáticos de las dos naciones decidieron hacer negociaciones por su cuenta y sin autorización oficial y se toparon con la Doctrina Juárez. Y no era para menos: Francia impuso en México a un príncipe extranjero, invadió el país y lo sumó a su imperio. Curiosamente le correspondió al presidente Porfirio Díaz, quien como general juarista había derrotado a Francia en algunas batallas, reanudar relaciones, pero siempre imponiendo lascondiciones de Juárez.

El punto que irritó a los franceses fue el que México no buscaba relaciones con Francia, aunque las necesitaba. Intervinieron varios países sudamericanos como negociadores y altos funcionarios de los Estados Unidos, pero México logró imponer su orgullo como principio: era una nación ofendida con la invasión francesa. Ahí se dio la segunda y estrepitosa derrota de Francia: aceptar el argumento de orgullo de México. México nunca dio el primer paso. Y Francia se tragó su orgullo ante México.

La argumentación mexicana era inflexible: “si Francia manifiesta su deseo de reanudar relaciones, México se prestará a ello”. Pero México nunca dio el primer paso. El canciller José María Lafragua lo reafirmó en un cable a Ignacio Mariscal, ministro representante ante el gobierno de Washington: México estaría dispuesto a reanudar, pero “esto no quiere decir que México entre desde luego a formular reclamaciones; pero sí que tiene que dejar a salvo los derechos que tenga para el caso en caso de que se necesite o se pueda hacerlos valer”.

La clave eran los principios de México: no realizar reclamaciones pero dejar abierto ese derecho. Francia, aún como potencia imperial, quería doblar a México imponiendo sus propias condiciones. El asunto se complica con dos eventos realizados en Francia: la Exposición Universal de París de 1878 y el Congreso de la Unión Postal también de 1878. México estaba invitado a ambos eventos, pero seatravesaba el hecho de que no había relaciones diplomáticas.

Francia quiso usar mañosamente los eventos para dar por sentado que ya había relaciones, pero México fue fiel al orgullo de la Doctrina Juárez. Un par de enviados franceses le fijaron al presidente Díaz las tres condiciones de Francia para reconocer a Díaz: olvido recíproco del pasado, renunciarecíproca a toda reclamación y ningún pago por reclamaciones emanadas de la Intervención. Díaz los despachó con desdén: México no aceptaba más condiciones que las de la Doctrina Juárez. Y Méxicono estuvo oficialmente en ninguno de los dos eventos.

Al final, Francia aceptó las condiciones mexicanas y las relaciones se reanudaron. Frente al peso de la historia con un país que dos veces invadió México, Nicolás Sarkozy es apenas un accidente histórico y Florence Cassez es una delincuente sentenciada.
Por Carlos Ramirez
Post.RLB.Punto Politico.

Narcos mexicanos en todo EU + Arrestos de Obama, pellizcos

1.- Los operativos del gobierno de Obama con el saldo de centenas de narcomenudistas detenidos apenas fueron un pellizco a la estructura de mercado de comercialización de droga al menudeo que existe en los EU.

2.- El mapa que presenta esta columna hoy ilustra los puntos de venta de droga en las principales ciudades de los EU: miles de puestos de comercialización al menudeo. Y de acuerdo con otro reporte de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, esos puntos de venta están operados por pandillas articuladas a los cinco principales cárteles mexicanos de narcotráfico. Es decir, que los cárteles mexicanos se apoderaron desde hace tiempo de la comercialización de la droga dentro de los EU.

3.- De acuerdo con el National Drug Threat Assessment 2010, de la National Drug Intelligence Center del Departamento de Justicia, casi el 37% de consumo de droga en los EU es de cocaína, el 27.6% es de metanfetaminas, el 12.9% es de heroína, el 12.1% es de marihuana y el9.8% es de drogas bajo prescripción médica.

4.- La zona del centro-oeste de los EU las principales drogas son las metanfetaminas entre 60-%-80%, en tanto que en la zona centro-este el consumo mayor es de cocaína entre 30%-60%.

5.- El problema más grave para los EU es la compra directa de droga de las pandillas a los cárteles mexicanos, eliminando los intermediarios introductores. El reporte del Departamento de Justicia es claro:

“Para aumentar su control sobre el tráfico de drogas en los mercados más pequeños, las pandillas callejeras han incrementado la adquisición de grandes cantidades al por mayor de drogas a precios más bajos directamente de bandas de traficantes en México y a lo largo de la frontera sudoestes. Al comprar directamente de las fuentes mexicanas de mayoreo en México a lo largo de la frontera sudoeste, las pandillas en todo el país generan ahorros de costos que les permita vender drogas a precios más bajos que los distribuidores locales independientes en las comunidades pequeñas, sacando a otros comerciantes del negocio”.

6.- La penetración de los cárteles mexicanos en la comercialización de la droga dentro de los EU fue producto de la pasividad de las autoridades estadunidenses y de la tolerancia jurídica. Hoy el narco está asentado en todo el territorio de los EU y el gobierno de Obama no se atreve a ir hasta el fondo.

Por Carlos Ramirez

Post.RLB.Punto Politico.

Amparo: derecho a mano alzada + Fue el sistema judicial del DF

En los pasillos del poder judicial de la federación se mira el caso del amparo contra la exhibición del documental Presunto Culpable como un asunto del fuero común, es decir, de ámbito de competencia del Distrito Federal. Y entonces todos los ojos han volteado para observar gestos y reacciones del Mejor Alcalde del Mundo, ahora más preocupado por su auto candidatura presidencial. De todos modos, el debate social ha llevado a un territorio peligroso: el condicionamiento del Estado del derecho no a un cuerpo legal sino al capricho de las masas: el derecho a la exhibición de un documental quiere pisotear el valor del derecho de amparo, sin duda el instrumento social más importante para defender al ciudadano de los abusos a sus libertades.

Paradójicamente, la sociedad de la transición quiere seguir utilizando los mecanismos de justificación del viejo régimen: el sometimiento del Estado de derecho a razones políticas y sociales, la temible raison d'État del maquiavelismo pervertido. Se trataría, para darle una dimensión de categoría científica, de lo que pudiera considerarse la doctrina jurídica Manuel Bartlett: el fraude patriótico, es decir, el incumplimiento de la ley por razones superiores de hegemonía política. Ahora se quiere exhibir un documental a pesar de la existencia de un amparo. Y el deterioro del amparo llevará el derecho a la desprotección del ciudadano y al fortalecimiento del absolutismo.

El caso de Presunto Culpable se comienza a ahogar en el pantano de la estridencia. Lo grave es que existen caminos jurídicos para atender las quejas del denunciante pero sin desestimar el eje central, la litis jurídica, del documental: la denuncia de un Estado de derecho pervertido, corrupto, manipulado en el Distrito Federal --y obviamente en todos los estados de la república, aunque en ellos aún sin videos incriminatorios--. El documental no se realizó en torno al denunciante que reclama --con derecho-- que su imagen fue usada sin autorización, sino para revelar las corruptelas del sistema integral de impartición de justicia en un espacio territorial y en un tiempo político: el DF bajo los gobiernos perredistas, el partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema priísta.

Lo que le ocurrió a José Antonio Zúñiga ya le había sucedido, bajo el autoritarismo priísta, a los presos políticos del periodo 1951-2000, a los sectores sociales que siguen encontrando en la estructura judicial a un cancerbero del sistema político priísta vigente en la alternancia, al ciudadano común que se defiende en el anti principio jurídico de que todos son culpables hasta auto demostrar lo contrario. Para esos ciudadanos desprotegidos se inventó el amparo.

Ahora el debate de fondo es la validez del amparo. Una cosa es que el denunciante haya conseguido abogados eficientes para elaborar un amparo y otras cosa culpar al amparo y otra cosa que el sistema judicial-penal del Distrito Federal no ha corregido ni un milímetro de lo denunciado y el jefe de gobierno del DF prefiere apoyar la exhibición del documental contra “la censura” que ofrecer la reforma estructural del sistema denunciado en Presunto Culpable. A partir de ahora el presunto culpable no es un inocente acusado y enjuiciado sino la institución social del amparo.

Lo demás es estridencia y, también, política correcta. Hasta los abogados experimentados --lo mismo litigantes que figuras prominentes de la investigación y la cátedra-- han caído en el juego de debatir la censura y no el sistema judicial-penal en el DF y en toda la república. ¿Dónde están los policías que detuvieron a Zúñiga, los judiciales que lo torturaron, el ministerio público que lo enjuició sin garantías, los jueces de sentencia, los inútiles abogados de oficio, el Tribunal Superior de Justicia del DF, los gobernantes que prometieron cambiar el sistema judicial-penal represivo y de control social y político?

El riesgo radica en que la estridencia social vaya a lastimar el valor jurídico de la institución del amparo. Ahora resulta que la culpa de Presunto Culpable no es el sistema policiaco-judicial-penal del DF sino el amparo. Hoy el principal instrumento de defensa del ciudadano ante los abusos del poder es el amparo. Pero podría cambiar. En el caso Lydia Cacho-Mario Marín, el eje fue una grabación ilegal y anticonstitucional; y la grabación prohibida por la Constitución fue avalada por el ministro de la Corte Genaro Góngora Pimental. Ello llevó a una reforma constitucional que volvió a legalizar las grabaciones clandestinas y con ello reinstaló el espionaje político al estilo de la vieja Dirección Federal de Seguridad priísta. Y todo con el apoyo de la Corte Suprema.

Lo mismo puede ocurrir con el amparo. Lo legal es acatar el amparo, debatir en tribunales, presentar razones jurídicas; si se gana, regresar a pantallas; si se pierde, rehacer el documental. Pero sería un absurdo jurídico convertir al amparo en el malo de la película, a menos que estemos viviendo una película al estilo de Juan Orol. Como siempre ocurre, la estridencia social quiere convertir al Estado de derecho en una votación a mano alzada en la plaza pública.

El debate debe centrarse en la sobrevivencia del sistema policiaco-judicial-penal del viejo régimen priísta que sigue vigente a pesar de que la oposición llegó al Congreso en 1978, a los gobiernos estatales a partir de 1989, al gobierno del DF en 1997 y a la presidencia en el 2000.

Lo paradójico es que la oposición al priísmo hoy en áreas de poder ha mantenido esa estructura porque representa un mecanismo de control social. En los tiempos priístas el amparo se manejaba en contra de los derechos de los ciudadanos. Y en la alternancia las cosas siguen igual.

Por Carlos Ramirez

Post RLB. Punto Politico.