Golpe de Estado de Carrillo Olea + Y romper alianza Sedena-Marina

Como chivo en cristalería, el general retirado Jorge Carrillo Olea parece embestir sin ton ni son. El problema, en realidad, no es que lo haga, sino que trata de sembrar la insidia en las fuerzas armadas y con ello debilitarlas en la lucha contra el crimen organizado.

Hace poco Carrillo Olea se metió en problema en Morelos cuando se sintió humillado sólo porque el alcalde Cuernavaca no le respondía el teléfono y arremetió contra el PRI, olvidando que fue deshonrosamente echado del cargo de gobernador priísta en 1998 porque sus principales funcionarios judiciales eran las cabezas del crimen organizado en la entidad.

Ahora Carrillo Olea trata de sembrar zancadillas en la sólida relación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en la lucha contra el narcotráfico y convoca a romper la lealtad de los militares al presidente de la república.
Forjado en las áreas de seguridad --control de contrabando, puertos, coordinador de lucha contra el narcotráfico, Centro de Información y Seguridad Nacional--, Carrillo Olea llegó al gobierno de Morelos en octubre de 1994 y cayó en 1998 por vinculaciones con el crimen organizado. Ascendió a posiciones privilegiadas en el ciclo neoliberal iniciado en 1982. En 1989 fue encargado de transformar la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional en Centro autónomo y el presidente Carlos Salinas le inventó un centro antinarcóticos en la PGR porque no podía ser subprocurador debido a su carrera ajena al derecho.

Retirado con el grado de general brigadier, Carrillo Olea ha derivado en articulista en La Jornada. En una de sus últimas colaboraciones, la del 26 de agosto, lanzó la tesis de una ruptura entre el ejército y la marina: “evidenciar que cada día es más frecuente la irritación, principalmente en el Ejército, aunque también en la Marina, por lo que está pasando en términos de la violación a los espacios naturales de su actuación y operación y, consecuentemente, en la percepción e interpretación que de ello tienen sus miembros y la sociedad”.

Sin embargo, los primeros sorprendidos han sido los altos mandos de esas dos armas, sobre todo porque, como nunca, la colaboración ha sido creciente, al grado de utilizar instalaciones de unos para servicio de los otros y de mantener oficiales de enlaces en los respectivos estados mayores. El problema sería anecdótico de no ser por el hecho de que Carrillo Olea, como experto --es un decir-- en información de inteligencia, debiera ser más riguroso en el manejo de los datos.
La escasez de rigor explica por qué el Cisen con Carrillo Olea cometió tantos yerros en el corto periodo 1989-1990 en que lo dirigió. Y como subsecretario de Gobernación encargado de la seguridad nacional en 1982-1988 fue responsable también de los errores de graves percepción. En 1985 le estalló la crisis del involucramiento de la Federal de Seguridad --que dependía de Carrillo Olea-- con el narcotráfico, la denuncia del embajador Gavin de que la policía de seguridad nacional mexicana estaba al servicio de los capos, la ruptura de relaciones de inteligencia con la CIA y las alianzas con el KGB soviético y sobre todo la Stasi --Ministerio para la Seguridad del Estado-- de Alemania Democrática, lo que llevó a la disolución de la DFS.

Lo grave de la percepción equivocada de Carrillo Olea sobre las relaciones ejército-marina radica en el envío de señales tramposas al crimen organizado y con ello pone en peligro de algunas operaciones conjuntas delicadas en contra del narco; es decir, colabora como tonto útil con el crimen organizado mellando la fortaleza de las instituciones castrenses. Al hablar de “actuaciones invasivas” de la marina en el espacio militar, reflejaría indicios de debilidad --inexistentes-- en la alianza orgánica necesaria entre ambas armas para programas de combate contra el crimen organizado.
Carrillo Olea se explaya en cargos contra sus superiores. Acusó al secretario de Marina de tener contactos directos con las agencias de inteligencia estadunidenses y --a su parecer-- a espaldas del presidente de la república. Y es despreciativo con el titular de la Sedena: “El secretario de la Defensa, por razones de carácter, seguirá siendo tolerante, gentil y subordinado a las instrucciones presidenciales. Sí (…), ¿a qué precio y con qué riesgo?”
La intención que reflejan los párrafos de Carrillo Olea son de introducir incertidumbre y rebeldía en las fuerzas armadas, además de acusar al presidente de la república --comandante en jefe de las fuerzas armadas y por tanto superior del propio Carrillo Olea en su condición de general retirado-- de obstinado e irresponsable por “el peligro que está provocando con su inacción”, además de culparlo de actuar al margen de las leyes y de decirle que está “agobiado” y es indiferente.
Desdeña también a los altos mandos. Dice que “por un lado (el secretario de Marina) es la voracidad, el afán de notoriedad y la irresponsabilidad de un protagonista y por otro lado (el secretario de la Defensa) la mesura, sensatez y temperamento. En este tema el Presidente ha abdicado de su carácter de comandante supremo. No arbitra, no impone decisiones concluyentes”.
Y lo peor de todo es que Carrillo Olea acusa al ejército y a la marina de tener una guerra por el poder.

Por Sergio Ramirez

Post RLB.Punto Politico

Narco: ¿ejército de EU aquí? + NYT: narco-migrantes-Obama

El editorial de ayer del The New York Times al exigir al presidente Obama tomar las agendas de narco y migración de México forma parte de la estrategia estadunidense de utilizar la crisis de seguridad pública como un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. El objetivo final es aceptar que ni el ejército mexicano puede con el crimen organizado y que entonces la Casa Blanca tenga que autorizar la presencia militar de Washington.

En este contexto, la lectura política de los coches-bomba, la masacre de migrantes en Tamaulipas, la agudización de la inseguridad en Monterrey, el consejo del Departamento de Estado para sacar a hijos de estadunidenses de la plaza forman para evitar daños, el envío de la guardia nacional de EU a su frontera con México y la presión de organismos defensores de derechos humanos sobre el ejército mexicano se acomoda en el escenario de la intención de los EU de meterse en México para proteger su escudo de seguridad nacional.
Y si a ello se agrega la especialización del actual embajador de los EU en México, Carlos Pascual, en el tema de los “Estados fallidos”, entonces el cuadro general de la crisis de seguridad pública de México como una prioridad estadunidense sólo tendría la puerta de salida en la firma de acuerdos que permitan la presencia militar estadunidense en México.
Washington tiene bastante claro el panorama global. La crisis del narcotráfico en Colombia llevó a que el Plan Clinton tuviera como esencia la presencia militar de los EU en ese país, con la reciente instalación de bases militares. Aunque en el fondo, el narcotráfico pudiera ser sólo la cubierta de la decisión de la Casa Blanca porque en el fondo lo que más preocupa a Washington es la ruptura de su escudo de seguridad nacional al sur de sus fronteras por la penetración de Irán vía Venezuela y la amistad con Brasil. El enfoque de seguridad de la Casa Blanca vincula al terrorismo árabe con el gobierno iraní.
Luego de Colombia, la siguiente plaza tomada por el Departamento estadunidense de Defensa fue Costa Rica. El pasado primero de julio el Congreso de Costa Rica --un país que por tradición histórica no tiene ejército sino tan sólo policía-- autorizó un convenio para la llegada al país de 46 buques de guerra --incluyendo un portaviones-- y siete mil soldados estadunidenses. La justificación oficial fue la incapacidad del país para luchar contra el narcotráfico. Los militares estadunidenses van a entrenar a personal policiaco de Costa Rica para combatir el crimen organizado.
De ahí que en círculos de seguridad nacional de México hayan comenzado a resurgir las suspicacias sobre la radicalización de los hechos de violencia, las presiones del gobierno de los EU sobre las plazas contaminadas por el narco, los reportes de organismos de derechos humanos y los editoriales en la prensa estadunidense. El editorial del The New York Times de ayer --a partir del hecho de la propiedad mexicana de un fuerte paquete acciones por Carlos Slim-- le traslada la responsabilidad de la política migratoria de México a la Casa Blanca y con ello presiona para que el gobierno de Obama asuma el manejo de la política migratoria estadunidense y subordine la mexicana.
La lógica de la política binacional contra el crimen organizado fue redefinida por el embajador Carlos Pascual el septiembre del año pasado en un discurso ante la Conferencia de gobernadores fronterizos: “así como las organizaciones criminales ignorar nuestras fronteras, nosotros también debemos eliminar las barreras que nos dividen”. La principal preocupación de Washington es que las zonas petroleras que interesan a los EU se localizan en la zona de Tamaulipas-Veracruz.
La insistencia de la opinión crítica de que México es un Estado fallido se localiza en el escenario benéfico para los EU.

La intervención del ejército mexicano en la lucha contra el crimen organizado se sustenta en la tesis de que el narco vulnera la integridad del territorio y su acción impide la estabilidad nacional. Pero hay más: en su libro La participación de las fuerzas armadas en el entorno actual de la seguridad pública, el general Moisés García Ochoa fundamenta el tema de la inseguridad pública como un tema de seguridad nacional: “sólo se podrá garantizar la existencia del Estado cuando se impida o se elimine la presencia o evolución de fuerzas y tendencias que pueden entorpecer su progreso o desarrollo en el interior y, por ende, la consecución de sus objetivos en el exterior”.

En este contexto, el ejército es la única fuerza de seguridad capaz de derrotar al crimen organizado y de resistir la corrupción de los capos de la droga, por lo que se ha convertido en la institución a demoler por las presiones de grupos internos que insisten en el Estado fallido y que quieren imponer la tesis de que el ejército tiene como objetivo primario la violación de los derechos humanos y no el combate a los delincuentes. Si el ejército es retirado de la lucha contra el crimen organizado, ese día el Estado habrá ingreso a la noción de Estado fallido y por tanto débil ante la intervención extranjera.
La doctrina de seguridad nacional militar no se agota en el concepto de soberanía sino que fortalece la tesis de la defensa de la república ante un crimen organizado articulado a bandas que en los EU tienen connivencia con el poder establecido. El Estado mexicano fallido es agenda de Washington.

por Sergio Ramirez

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