Mano dura contra ciudadanos + Mano blanda con delincuentes

Mientras el gobierno federal apretaba las tuercas a los ciudadanos para obligarlos a registrar su celular sin garantías de confidencialidad y en función de una ley retroactiva, el crimen organizado seguía impidiendo la instalación de bloqueadores de celulares en reclusorios.

Lo grave de todo es que en plena redefinición de políticas de seguridad pública, los ciudadanos sin vinculación con la delincuencia tienen menos derechos que los miembros del crimen organizado. A los usuarios de celulares no sólo se les aplicó una ley retroactiva sino que además se les advirtió que no podrán utilizar, con riesgo de castigos adicionales, uno de los instrumentos jurídicos creados precisamente para enfrentar los abusos del poder: el amparo.

Como siempre ocurre, la política de seguridad pública se sigue moviendo en la improvisación. La idea del registro de celulares no es mala, sólo que se aplicó de manera arbitraria. Por ejemplo, primero se obligó a los ciudadanos a registrar sus aparatos con nombres y es la hora en que no se aprueba la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Hace unos días se aprobó el dictamen pero todavía no la ley. Y puede darse el absurdo jurídico de que la ley aprobada y en vigor no pueda hacerse efectiva por la existencia del principio de no retroactividad.
El primer párrafo del artículo 14 Constitucional establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que el principio de no retroactividad: en la resolución de amparos, la Corte ha dictaminado que no se viola el principio de retroactividad cuando las leyes o actos concretos de aplicación “sólo afectan simples expectativas de derecho y no derechos adquiridos”.
En el caso de los celulares, el derecho a la privacidad es un derecho adquirido con anterioridad al registro de celulares. Por tanto, la obligación de registrar los números de celulares sí está violando el principio de retroactividad porque afecta los derechos adquiridos de los ciudadanos. Y peor aún cuando la información carece de una ley de privacidad regulatoria y cualquier persona tiene la posibilidad de acceder a esa información.

En junio del 2009, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que el registro de celulares podía aumentar los secuestros y las extorsiones por la facilidad con la que la lista de nombres podría llegar a los delincuentes. El Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos no tiene una ley para proteger la privacidad de los nombres de usuarios. De ahí que el gobierno federal primero debió de poner en vigor la ley de protección de datos personales en posesión de particulares y después obligar al registro.

Como ocurre con hechos mediáticos, las autoridades utilizan toda la fuerza represiva del Estado contra el ciudadano indemne y no contra la delincuencia. Por ejemplo, un tercio de usuarios de celulares verán canceladas sus líneas telefónicas, mientras el gobierno del DF no sabe qué pretexto inventar para evitar la colocación de bloqueadores de líneas celulares en los reclusorios. En efecto, en las cárceles del DF existe una corrupción escandalosa que les permite a los presos tener celulares con los cuales extorsionar al ciudadano desde el interior de los reclusorios. Ahora resulta que es más fácil intimidar al ciudadano para obligarlo a registrar su teléfono que doblegar al delincuente que goza de la corrupción de custodios para usar con impunidad y facilidad los celulares en las cárceles. Los ciudadanos no podrán usar celulares sin registro pero sí los tendrán los criminales.

La explicación de un subsecretario de Seguridad Pública Federal resume el conflicto de por qué no se van a bloquear los celulares en las cárceles: “es complicado (bloquear los celulares en reclusorios) porque no olvidemos que la mayor parte de los penales en México se encuentran ubicados muy próximos o inmersos en los núcleos de poblaciones en las zonas urbanas. Entonces se llega a afectar los derechos de terceros, de gente que no tiene que ver con el delito”. Este argumento es suficiente para señalar que se están afectando los derechos de terceros de 25 millones de personas que no registraron su celular y perderán sus líneas, en lugar de comprar aparatos sofisticados para bloquear celulares en zonas específicas.

El otro problema podría ser considerado de abuso de autoridad contra los ciudadanos. La ley federal de telecomunicaciones (artículo 44) y la resolución del registro de celulares en el Renaut (párrafo segundo del artículo tercero) obliga a los concesionarios a registrar los nombres de los usuarios y nada dice sobre la obligación de los usuarios. Y como el derecho mexicano tiene el principio de que es obligatorio exclusivamente lo que dice la ley y lo que no dice está permitido, entonces los usuarios no tenían la obligación de registrar sus datos y por tanto la cancelación de líneas no sólo es ilegal y violatorio de la ley sino que representa un verdadero abuso de poder.
Al final queda la impresión de que toda la fuerza del Estado abusa del ciudadano indemne y poco hace para poner a raya a los delincuentes.

Por Carlos Ramirez.

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