La godoyización de Michoacán + PRD y PAN: narcotejido social
El nuevo michoacanazo logró dar un golpe de tres bandas: romper la columna vertebral del poder criminal de La Familia Michoacana, mostrar la interrelación social y probar la vinculación del alcalde perredista Genaro Guízar con el cártel local. 
Mientras en Monterrey y Tamaulipas la gente se rebela ante la incompetencia de las autoridades municipales y estatales, en Chihuahua y Michoacán una parte sustancial de la sociedad prefiere convivir con los narcos ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales.
Mientras en Monterrey y Tamaulipas la gente se rebela ante la incompetencia de las autoridades municipales y estatales, en Chihuahua y Michoacán una parte sustancial de la sociedad prefiere convivir con los narcos ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales. La crisis en Michoacán ha podido configurar el concepto de la godoyización de la sociedad y la clase política dirigente. El medio hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy, Julio César Godoy, fue acusado por la PGR de mantener relaciones con uno de los líderes de La Familia, Servando Gómez. Sin embargo, con la complicidad del PRD en la cámara de diputados, Julio César pudo ingresar al palacio legislativo, protestar como diputado y con ello adquirir poderoso fuero constitucional. M;ientras las fuerzas armadas combaten a balazos a los narcos, los políticos son aliados de las bandas.
Por tanto, la crisis en Michoacán --y no sólo en Apatzingán-- debe tener una lectura política estratégica: la ofensiva de las fuerzas de seguridad del gobierno federal han revelado el dato de que el cártel de La Familia ya se metió en las estructuras sociales y políticas. Las manifestaciones públicas a favor de La Familia, organizadas por el alcalde perredista de Apatzingán, Genaro Guízar, no hacen más que indicar que los cárteles del crimen organizado domina n la vida social cotidiana.
El punto fino de los conflictos radica en el hecho de que la política no ha podido dilucidar el enfoque estratégico de las estrategias de seguridad. En Michoacán, por ejemplo, se ha impuesto la tesis de que la (autodenominada) izquierda no utiliza la mano dura contra la delincuencia porque se trataría de reacciones antisociales derivadas del subdesarrollo y la pobreza. Así lo estableció Leonel Godoy cuando fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador en el DF. Y así lo ha establecido en Michoacán.
El segundo punto radica en el hecho de que el PRD tiene otra concepción del tráfico de drogas porque es partidario de la legalización del consumo de enervantes. Por tanto, una situación de violencia como la actual, en el enfoque perredista, sería producto de desequilibrios de mercado. La tesis central de los perredistas podría estar en el hecho de que la legalización le daría a los narcos ya no la noción de delincuentes y criminales sino de sujetos jurídicos. Al no considerar el consumo de drogas como un daño sino como una decisión personal, por tanto el comercio tampoco sería enfocado como delito.
Ello explicaría la pasividad del PRD ante el tráfico de drogas y la criminalidad asociada. Lo malo, sin embargo, ha sido el hecho de que el PRD en el poder tampoco ha logrado definir una estrategia intermedia que combata la criminalidad sin romper con su enfoque de derechos. Y si a ello se agrega la vinculación orgánica de un medio hermano del gobernador, dirigente perredista local y ahora diputado perredista con uno de los dirigentes de La Familia Michoacana, entonces la pasividad gubernamental basada en un razonamiento político se transforma en complicidad porque una cosa es pugnar por la legalización y otra permitir la construcción de una red de poder criminal-social-político-gubernamental en una entidad de la república.
En los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León el resultado es el mismo --el control de espacios por el crimen organizado--, aunque el origen no tiene que ver con definiciones políticas e ideológicas sino que derivan de una simple y llana incompetencia de los gobernadores priístas César Duarte, Eugenio Hernández y Rodrigo Medina. Los gobiernos priístas en esas plazas se desentendieron del problema y le dejaron la responsabilidad al gobierno federal. Hoy Ciudad Juárez, parte de la ciudad de Chihuahua, la zona metropolitana de Monterrey y todo el estado de Tamaulipas están en poder del crimen organizado.
De ahí que el concepto de godoyización permita darle categoría de análisis al hecho de que por complicidad directa --Michoacán-- o complicidad pasiva --Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas-- existe una responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales con la instalación y crecimiento del dominio territorial del crimen organizado en esas plazas. Y en esas zonas existe una creciente participación orgánica --Michoacán y Ciudad Juárez-- o también pasiva Nuevo León y Tamaulipas-- de la sociedad con los cárteles del crimen organizado. Y las responsabilidades de los tejidos sociales y políticos son directamente de los gobernantes y políticos estatales y municipales.
El gobernador michoacano Leonel Godoy y el PRD carecen de la más mínima autoridad moral, política y social para criticar la estrategia gubernamental contra la inseguridad mientras Julio César Godoy siga como diputado federal perredista con fuero, cuando las pruebas presentadas por la PGR han sido desestimadas no por su veracidad sino por argucias leguleyas de abogados defensores. Pero la crisis en Apatzingán y las protestas sociales avaladas por el PRD local contra las fuerzas de seguridad han mostrado que el problema real del narcotráfico radica en una sociedad cómplice de los cárteles.
Por tanto, la crisis en Michoacán --y no sólo en Apatzingán-- debe tener una lectura política estratégica: la ofensiva de las fuerzas de seguridad del gobierno federal han revelado el dato de que el cártel de La Familia ya se metió en las estructuras sociales y políticas. Las manifestaciones públicas a favor de La Familia, organizadas por el alcalde perredista de Apatzingán, Genaro Guízar, no hacen más que indicar que los cárteles del crimen organizado domina n la vida social cotidiana.
El punto fino de los conflictos radica en el hecho de que la política no ha podido dilucidar el enfoque estratégico de las estrategias de seguridad. En Michoacán, por ejemplo, se ha impuesto la tesis de que la (autodenominada) izquierda no utiliza la mano dura contra la delincuencia porque se trataría de reacciones antisociales derivadas del subdesarrollo y la pobreza. Así lo estableció Leonel Godoy cuando fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador en el DF. Y así lo ha establecido en Michoacán.
El segundo punto radica en el hecho de que el PRD tiene otra concepción del tráfico de drogas porque es partidario de la legalización del consumo de enervantes. Por tanto, una situación de violencia como la actual, en el enfoque perredista, sería producto de desequilibrios de mercado. La tesis central de los perredistas podría estar en el hecho de que la legalización le daría a los narcos ya no la noción de delincuentes y criminales sino de sujetos jurídicos. Al no considerar el consumo de drogas como un daño sino como una decisión personal, por tanto el comercio tampoco sería enfocado como delito.
Ello explicaría la pasividad del PRD ante el tráfico de drogas y la criminalidad asociada. Lo malo, sin embargo, ha sido el hecho de que el PRD en el poder tampoco ha logrado definir una estrategia intermedia que combata la criminalidad sin romper con su enfoque de derechos. Y si a ello se agrega la vinculación orgánica de un medio hermano del gobernador, dirigente perredista local y ahora diputado perredista con uno de los dirigentes de La Familia Michoacana, entonces la pasividad gubernamental basada en un razonamiento político se transforma en complicidad porque una cosa es pugnar por la legalización y otra permitir la construcción de una red de poder criminal-social-político-gubernamental en una entidad de la república.
En los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León el resultado es el mismo --el control de espacios por el crimen organizado--, aunque el origen no tiene que ver con definiciones políticas e ideológicas sino que derivan de una simple y llana incompetencia de los gobernadores priístas César Duarte, Eugenio Hernández y Rodrigo Medina. Los gobiernos priístas en esas plazas se desentendieron del problema y le dejaron la responsabilidad al gobierno federal. Hoy Ciudad Juárez, parte de la ciudad de Chihuahua, la zona metropolitana de Monterrey y todo el estado de Tamaulipas están en poder del crimen organizado.
De ahí que el concepto de godoyización permita darle categoría de análisis al hecho de que por complicidad directa --Michoacán-- o complicidad pasiva --Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas-- existe una responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales con la instalación y crecimiento del dominio territorial del crimen organizado en esas plazas. Y en esas zonas existe una creciente participación orgánica --Michoacán y Ciudad Juárez-- o también pasiva Nuevo León y Tamaulipas-- de la sociedad con los cárteles del crimen organizado. Y las responsabilidades de los tejidos sociales y políticos son directamente de los gobernantes y políticos estatales y municipales.
El gobernador michoacano Leonel Godoy y el PRD carecen de la más mínima autoridad moral, política y social para criticar la estrategia gubernamental contra la inseguridad mientras Julio César Godoy siga como diputado federal perredista con fuero, cuando las pruebas presentadas por la PGR han sido desestimadas no por su veracidad sino por argucias leguleyas de abogados defensores. Pero la crisis en Apatzingán y las protestas sociales avaladas por el PRD local contra las fuerzas de seguridad han mostrado que el problema real del narcotráfico radica en una sociedad cómplice de los cárteles.
Por Carlos Ramirez.
Post. RLB. Punto Politico.
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