Moreira, por narcotráfico local + Ojo por ojo, sobrino por sobrino

Aunque hay experiencia para concluir que los climas políticos y de inseguridad no matan, de todos modos el asesinato del hijo del ex gobernador y ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira tuvo un escenario mayor al de la ofensiva federal contra los cárteles y pudiera ser el primer mensaje para la redefinición de la estrategia de seguridad 

del gobierno priísta de Peña Nieto.

Por lo pronto, las primeras pistas están conduciendo hacia el escenario local. Organismos de inteligencia tienen datos que confirman que el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez tiene que ver con decisiones estatales, no federales. De hecho, se trató, consideran en esas oficinas, de un “ojo por ojo” sólo que ahora sobrino por sobrino.

Horas antes del asesinato de Moreira Rodríguez ocurrió el asesinato de Alejandro Treviño Chávez, hijo del Z-40 Miguel Treviño Morales en un enfrentamiento con fuerzas estatales, del Grupo de Armas y Tácticas Especiales. Acosado por el cerco gubernamental, con su hermano arrestado apenas en junio en los Estados Unidos y en plena guerra contra el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano El Lazca, elZ-40 envió el mensaje: el asesinato del sobrino del gobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto. De ahí la irritación de la esposa del funcionario asesinado contra el mandatario.

La desesperación de algunos jefes de los cárteles ha llevado a decisiones que no hacen sino profundizar la persecución por parte de las fuerzas de seguridad. Pero algunos de los capos del crimen organizado llegaron a altos niveles no por astucia e inteligencia para moverse en los escenarios sociales y políticos, sino por un escalafón criminal; y por ello suelen atacar posiciones oficiales estatales o federales sin suponer que la reacción sería con mayor fuerza.

Pero el otro escenario parecen olvidar los políticos y funcionarios. El ex gobernador Moreira descargó su ira contra el gobierno federal, aunque los datos indican que se trató de un asunto local, por venganza de una operación de la policía local y reveló el grado de corrupción a nivel municipal que involucra a las policías municipales.

Cuando el gobierno del presidente Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles del crimen organizado, los datos que apuntalaron la decisión hablaban de la pérdida de soberanía territorial del Estado mexicano sobre zonas en poder de los criminales. Pero sobre todo, las principales evidencias establecían la capacidad decorrupción del crimen organizado sobre las policías estatales y municipales y sobre niveles políticos de los niveles locales de gobierno.

A lo largo de seis años, la autoridad federal suplió la corrupción e ineficacia de los cuerpos de seguridad estatales y municipales y se dedicó a exigir a los gobiernos estatales y municipales la reorganización de sus policías a través de severos controles de confianza. Pero aún con esos rigores, las policías estatales y municipales han seguido como aliadas de los cárteles.

El temor que existe en las oficinas de inteligencia radica en la posibilidad de que se esté reproduciendo un clima de deterioro político por razones de seguridad y que pueda conducir a una mayor descomposición de las alianzas sociales. A la estrategia de seguridad federal le faltó un acuerdo social real y una mayor comprensión por parte de la sociedad. Pero las protestas de familiares afectados por el crimen han sido utilizadas por los propios cárteles para crear un ambiente adverso al gobierno federal.

Las fuerzas federales de seguridad --ejército, armada y policía federal-- no pueden suplir a las fuerzas estatales y municipales que son las que deben garantizar los niveles de seguridad de la sociedad. Mientras los gobiernos estatales y municipales no logren mecanismos de profesionalismo y honestidad en las policías a su cargo, la sociedad carecerá de sistemas de vigilancia que impidan que los delincuentes transiten con tanta impunidad por las calles. Hasta ahora, las sociedades siguen avalando electoralmente a candidatos por razones de simpatías y no por rendición de cuentas.

Culpar al gobierno federal de crímenes con escenarios locales no lleva más que a entregarles --o regresarles -- las plazas recuperadas a los criminales. Todo proceso de limpia criminal debe pasar por etapas de agudizamiento de la violencia por la capacidad de respuesta de las organizaciones criminales. Pero en el fondo se debe entender que un repliegue de las fuerzas de seguridad llevaría a que los cárteles criminales administren política y socialmente las zonas de control. Parar la ofensiva gubernamental no significará que México recuperará la paz; al contrario, sería el mensaje de derrota del Estado.

El asesinato de Moreira Rodríguez va a llevar al gobierno de Peña Nieto a una evaluación crítica de la estrategia de seguridad, pero también al reconocimiento de que el fracaso de la estrategia no ha sido en realidad del gobierno federal sino de los gobiernos estatales y municipales que han incumplido su compromiso de sanear sus policías y que esa situación ha llevado a la ausencia de una estructura policíaca y de seguridad que impida que las bandas criminales sigan operando con tanta facilidad en la república.

Lo ocurrido en Ciudad Acuña tuvo también la dramática paradoja de afectar a la familia de un ex gobernador y ex presidente nacional priísta, justo en el umbral del regreso del PRI a la presidencia de la república, hecho que permitió poner, lamentablemente, un punto de definición para saber qué viene en seguridad para el próximo sexenio.

Por Carlos Ramirez.

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