Comenzar por el principio + Desaparición del IFE, clave

Cuando España se enfrentó a la necesidad de transitar del sistema dictatorial de Francisco Franco a la democracia, el primer debate fue sobre el orden progresivo de los cambios. Y la primera decisión fue democratizar el proceso electoral.

La reforma política del presidente Calderón carecerá de bases reales si no comienza por el principio: la reforma a fondo del sistema electoral. El IFE ha demostrado su ineficacia como organismo político para realizar elecciones. De poco servirá intentar la profesionalización de legisladores, alcaldes y jefes delegacionales si los procesos electorales carecen de credibilidad o son manipulados por las estructuras de poder.

El país necesita un organismo electoral autónomo de los poderes, con funcionarios profesionales que no busquen los reflectores y sin la presencia de los partidos ni legisladores en sus sesiones y menos en la designación de los funcionarios. La creación de la cédula de identidad ciudadana le quitaría al IFE el poder político del registro nacional de electores, porque al final de cuentas la identidad ciudadana debe sestar bajo control del gobierno y no de un instituto electoral.

La reforma política de Calderón va a depender que las elecciones sean realmente libres, creíbles y respetadas. El órgano electoral debe estar al margen de cualquier politización y partidización. La crítica social a los legisladores no se agotaba en el hecho de ser elegidos por un periodo de tres años y la posibilidad de la reelección luego de un periodo no ayudó a elevar la eficacia.

La creación de una casta de gobernantes por cuatro periodos de tres años --no más de doce años en total-- debe de tener antes una credibilidad mayor.

El modelo Juanito que inventó López Obrador y que Marcelo Ebrard elevó a la categoría de tesis política --a ese nivel han caído los gobernantes y dirigentes-- obliga a atender prioritariamente el tema de la reforma electoral para sacar al órgano electoral de cualquier espacio de presencia política.

Al final, una elección requiere de funcionarios que vigilen el voto. Las quejas sobre campañas deberían ser atendidas en otras ventanillas.

La reforma política no debe condenar a los ciudadanos a soportar legisladores de doce años. El argumento de que cada elección de tres serviría para calificar desempeño es falaz porque aún ahora podría hacerlo con los partidos que proponen los candidatos o los candidatos que repiten aspiraciones luego de un periodo. La propaganda, el control, corporativo y la manipulación electoral han dado al traste con la democracia mexicana.

La segunda vuelta electoral es un peligro para la democracia porque fortalecería el bipartidismo, cuando el país necesita de una mayor pluralidad. Podría funcionar mejor la construcción de coaliciones legislativas para sumar una mayoría porque entonces facilitaría el juego de corrientes e ideologías. Lo peor que le podría pasar al país sería un bipartidismo PRI-PAN, PRI-PRD o PAN-PRD.

La reforma política debe asentarse en la reforma integral del IFE. Mientras no exista un organismo electoral con credibilidad y verdadera independencia, no habrá elecciones libres en México. La dependencia del organismo electoral pasó del ejecutivo al legislativo y de ahí bajó a los partidos como cuotas de poder. Esta conformación permite que cualquier candidato derrotado simplemente decida aceptar o no los resultados oficiales. O, en el peor de los casos, que los institutos electorales estatales estén dominados por los gobernadores en turno.

La iniciativa de reforma política del presidente Calderón operará sobre la funcionalidad del legislativo, pero deja pendiente la reforma de la estructura electoral y ampliar la participación ciudadana. La reelección de alcaldes, legisladores y jefes delegacionales no garantiza una verdadera democracia porque la democracia no es el funcionamiento de las instituciones sino el derecho del ciudadano de elegir a sus gobernantes. A la larga, el IFE se ha convertido en una carga política y financiera para el país.

Lo más importante de todo es que se revalidó el concepto de reforma política. Pero debe tratarse de una reforma que sea la transición a un nuevo sistema político integral y no quedarse en curitas. Faltan la reforma del poder y la reforma del modelo de desarrollo.reforma política del presidente Calderón carecerá de bases reales si no comienza por el principio: la reforma a fondo del sistema electoral. El IFE ha demostrado su ineficacia como organismo político para realizar elecciones. De poco servirá intentar la profesionalización de legisladores, alcaldes y jefes delegacionales si los procesos electorales carecen de credibilidad o son manipulados por las estructuras de poder.

Por tanto, la reforma debe iniciarse con la desaparición del IFE como organismo conformado por consejeros ciudadanos y representantes de partidos y de congreso. La designación de consejeros se convirtió en un reparto del pastel entre partidos vía cuotas de poder. De ahí que el IFE responda a los intereses de los partidos y no de los ciudadanos.

La ley de la reforma política de la transición española es un documento breve que se basa en una tesis política elemental: regresarle el poder al ciudadano a través de elecciones libres. La esencia de la democracia se localiza, en consecuencia, en el derecho del ciudadano de poner o quitar gobernantes por la vía del voto libre y respetado. A pesar de la alternancia, todos los partidos políticos han pervertido la función del IFE y los institutos estatales han caído bajo el dominio político de los gobernadores.

El país necesita un organismo electoral autónomo de los poderes, con funcionarios profesionales que no busquen los reflectores y sin la presencia de los partidos ni legisladores en sus sesiones y menos en la designación de los funcionarios. La creación de la cédula de identidad ciudadana le quitaría al IFE el poder político del registro nacional de electores, porque al final de cuentas la identidad ciudadana debe sestar bajo control del gobierno y no de un instituto electoral.

La reforma política de Calderón va a depender que las elecciones sean realmente libres, creíbles y respetadas. El órgano electoral debe estar al margen de cualquier politización y partidización. La crítica social a los legisladores no se agotaba en el hecho de ser elegidos por un periodo de tres años y la posibilidad de la reelección luego de un periodo no ayudó a elevar la eficacia.

La creación de una casta de gobernantes por cuatro periodos de tres años --no más de doce años en total-- debe de tener antes una credibilidad mayor. El modelo Juanito que inventó López Obrador y que Marcelo Ebrard elevó a la categoría de tesis política --a ese nivel han caído los gobernantes y dirigentes-- obliga a atender prioritariamente el tema de la reforma electoral para sacar al órgano electoral de cualquier espacio de presencia política. Al final, una elección requiere de funcionarios que vigilen el voto. Las quejas sobre campañas deberían ser atendidas en otras ventanillas.

La reforma política no debe condenar a los ciudadanos a soportar legisladores de doce años. El argumento de que cada elección de tres serviría para calificar desempeño es falaz porque aún ahora podría hacerlo con los partidos que proponen los candidatos o los candidatos que repiten aspiraciones luego de un periodo. La propaganda, el control, corporativo y la manipulación electoral han dado al traste con la democracia mexicana.

La segunda vuelta electoral es un peligro para la democracia porque fortalecería el bipartidismo, cuando el país necesita de una mayor pluralidad. Podría funcionar mejor la construcción de coaliciones legislativas para sumar una mayoría porque entonces facilitaría el juego de corrientes e ideologías. Lo peor que le podría pasar al país sería un bipartidismo PRI-PAN, PRI-PRD o PAN-PRD.

La reforma política debe asentarse en la reforma integral del IFE. Mientras no exista un organismo electoral con credibilidad y verdadera independencia, no habrá elecciones libres en México. La dependencia del organismo electoral pasó del ejecutivo al legislativo y de ahí bajó a los partidos como cuotas de poder. Esta conformación permite que cualquier candidato derrotado simplemente decida aceptar o no los resultados oficiales. O, en el peor de los casos, que los institutos electorales estatales estén dominados por los gobernadores en turno.

La iniciativa de reforma política del presidente Calderón operará sobre la funcionalidad del legislativo, pero deja pendiente la reforma de la estructura electoral y ampliar la participación ciudadana. La reelección de alcaldes, legisladores y jefes delegacionales no garantiza una verdadera democracia porque la democracia no es el funcionamiento de las instituciones sino el derecho del ciudadano de elegir a sus gobernantes. A la larga, el IFE se ha convertido en una carga política y financiera para el país.

Lo más importante de todo es que se revalidó el concepto de reforma política. Pero debe tratarse de una reforma que sea la transición a un nuevo sistema político integral y no quedarse en curitas. Faltan la reforma del poder y la reforma del modelo de desarrollo.

Por Carlos Ramirez.

Post RLB. Punto Politico.