Bazbaz, un caso para la Araña + De cómo el viejo régimen sigue

Entre los principios de derecho hay uno que define la credibilidad de los resultados y del valor de la ley: si el proceso es viciado, sus conclusiones por tanto también serán viciadas. Al reconocer que hubo errores en el proceso de investigación del caso de la niña Paulette, el procurador mexiquense Alberto Bazbaz violó los principios del derecho al presentar conclusiones válidas sobre errores procesales. Con errores, la justicia no es justicia.

Pero el asunto, en realidad, es menos jurídico y muchísimo más político. Si el gobernador Enrique Peña Nieto no fuera el principal precandidato presidencial priísta, el asunto Paulette lamentablemente no hubiera tenido el valor que le otorgaron los medios. El cariz mediático ha podido revelar los estilos políticos de hacer derecho del viejo régimen priísta que quiere regresar a la presidencia de la república.

Por tanto, lo importante del caso Paulette-Bazbaz no fue el derecho, la justicia, la muerte sospechosa de una niña con capacidades mermadas, el abuso de familia, la vigencia del sistema priísta, la politización de la impartición de justicia y la decisión gubernamental mexiquense de desdeñar el sentido común y la inteligencia de los ciudadanos. Lo realmente valioso era sostener a Bazbaz en el cargo como una forma de no ceder posiciones pre-presidenciales del gobernador Peña Nieto.
Lo demás… fue lo de menos, aunque al final los análisis y reacciones al informe final del carpetazo del caso Paulette dejaron los primeros indicios de acreditación de responsabilidad no a un procurador que cambió de tesis --del homicidio al… ¿auto suicidio?-- y siguió tan campante defendiendo víctimas, sino a un precandidato presidencial que puso por delante su espacio de poder pero por el camino de la violación del Estado de derecho. Así, el gobernador mexiquense le dio más valor al cargo de Bazbaz como procurador que al sentimiento nacional de escepticismo --para decir lo menos-- sobre la niña Paulette.
No sería un caso inédito. En 1994, el entonces fiscal especial del caso Colosio, Miguel Montes, dio su primer informe a partir del criterio oficial de que se había tratado de un homicidio premeditado --“acción concertada”, dijo con claridad-- y luego, presionado por el presidente Carlos Salinas, cambió su tesis a la de asesino solitario. Bazbaz hizo lo mismo: primero afirmó que se trataba de un homicidio y luego dijo que siempre no. Por tanto, los casos quedaron contaminados.
Lo grave del Estado de derecho que ahora representa Bazbaz radica en el hecho de que se pueden cometer errores de procedimiento y de investigación y aún así imponer el resultado final. Por tanto, lo que quedó hecho polvo en el Estado de México fue el Estado de derecho. El reconocimiento de errores en la indagatoria procesal debió de haber llevado a la autoridad estatal a cambiar a los responsables de la investigación. Pero resultó que el mismo funcionario que cometió los errores para determinar homicidio fue el encargado de llegar a la conclusión de accidente.
Lo más grave del asunto es que Bazbaz como procurador es al mismo tiempo el defensor de la víctima como ministerio público. Y para que no hubiera dudas, Bazbaz dijo textualmente: “asumo, por supuesto, plenamente la responsabilidad institucional y personal que me corresponde como cabeza de este ministerio público por las citadas deficiencias”. Pero no se trataron de errores menores, sino de equivocaciones en una investigación criminal.

Y para que no hubiera duda de la disociación entre el sentimiento social y los compromisos políticos, hace menos de veinte días Bazbaz asumió la presidencia del Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas del Delito del Estado de México. Si el Ministerio público es el defensor de las víctimas, ese organismo quedó ya marcado por la designación de un funcionario que cometió errores graves en la defensa de las víctimas. Pobres víctimas si Bazbaz las va a defender igual a como procesó a la víctima Paulette.

Lo paradójico del asunto podría ser el hecho de que existe la posibilidad de que el caso Paulette hubiera ocurrido como señala el informe final. Pero el descrédito del procurador Bazbaz dejará el caso como una mancha más al tigre de la impartición de justicia del sistema judicial del régimen priísta mexiquense. Y como para que no haya duda de la politización del asunto, la oposición prepara movimientos para mantener vivo el caso Paulette como un caso de poder y no de justicia y con ello acreditar el asunto a la precampaña presidencial del gobernador Peña Nieto.

Lo que queda es enfocar el caso Paulette como un asunto de derechos humanos, por cierto bastante relajados en el gobierno mexiquense. Una investigación llevada a cabo con errores reconocidos por el fiscal implicaría la violación de los derechos humanos de la víctima. A favor de Bazbaz corre el hecho de que los padres de Paulette, señalados como presuntos responsables de la muerte, son ahora sus principales aliados. Sin embargo, más fuerte que las complicidades es el valor del peso de la opinión pública y ahí ya lleva bastantes pérdidas el gobernador Peña Nieto.

Por Carlos Ramirez.

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